El alcalde municipal de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez sufrió un atentado el domingo en horas de la tarde y está grave en el hospital del Seguro Social.

El ataque ocurrió en el cantón La Hachadura, cerca del río Paz. En el lugar murieron dos personas, pero por el momento se desconoce si eran acompañantes del alcalde y si eran parte de los atacantes.

Según fuentes de la PNC, el alcalde había llegado al lugar para participar en carreras de cinta cuando fue emboscado por varios hombres. Las personas que le acompañaban trataron de defenderlo. En el lugar quedaron dos cadáveres y el alcalde herido que fue trasladado de emergencia al Seguro Social de Sonsonate.

Ramírez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) cumple su tercer período en el cargo. Antes de ser alcalde se dedicaba a trasladar personas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

Hasta ahora la PNC no tiene un móvil del ataque, aunque detuvo a un sospechoso.

Las primeras versiones que se tienen es que los atcantes habían llegado al lugar procedentes de Guatemala y que el objetivo era matar al alcalde.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) jugó su última carta a segundos de finalizar la plenaria. El legislador Rodolfo Parker modificó la agenda para incorporar una petición de reforma al literal b del artículo 80 del Código Electoral, que permita esclarecer qué decisiones pueden tomar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por mayoría simple.

“Es una reforma que tiene que ver con las atribuciones jurisdiccionales, sino lo que respecta a sus atribuciones administrativas y particularmente para todas las peticiones (en materia administrativa) que hagamos los partidos políticos”, explicó escuetamente Parker.

El literal al que refiere el diputado pedecista enumera cinco decisiones concretas:

Uno, autorizar a un magistrado del tribunal para que ejerza las atribuciones a que refiere la letra d de este artículo; dos, autorizar la licencia de sus magistrados; tres, resolver las consultas que le formulen los organismos electorales, los representantes de los partidos políticos o coaliciones o cualquier autoridad competente; cuatro, imponer multas en forma gubernativa a los infractores que no cumplieren con este Código sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos o faltas que cometieren y cinco, requerir del Órgano Ejecutivo la adopción de las medidas y los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Parker no aclaró qué atribución administrativa se estaría incorporando, pero dejó entrever que la modificación podría afectar las peticiones que hagan los movimientos, organismos o grupos para convertirse en partidos políticos. La reforma podría afectar, positiva o negativamente, al movimiento Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) quien actualmente mantiene un proceso en el TSE para convertirse en partido.

“No se trata de beneficiar a ningún partido, de lo que se trata es de precisar atribuciones para que no hayan lugar a dudas en lo que respecta a las peticiones que los distintos partidos políticos, en las distintas áreas administrativas, podamos realizar”, repitió Parker.

Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentaron dos piezas de correspondencia para promover reformas al Código Penal, con el objetivo de castigar la utilización de menores en hechos delictivos.

El PDC, en su documento, plantea la transformación del artículo 345 de esa normativa, para que se fije una pena de entre 10 a 15 años a los adultos que recluten a menores de edad para integrar pandillas.

Arena, con su propuesta, busca cambiar la redacción del numeral 20, artículo 30, de ese mismo cuerpo legal. La intención es establecer como "agravante" el hecho de involucrar jóvenes en los crímenes.

Ambas bancadas legislativas manifestaron que se debe hacer modificaciones para detener las acciones que cometen los pandilleros. De ser necesario, han considerado efectuar un análisis conjunto de las iniciativas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) consideró como un “show mediático” el compromiso que adquiriera el ministerio de Obras Públicas (MOP) con la Alcaldía de Santa Ana para recuperar la red vial de ese municipio, pues a la fecha los trabajos no han avanzado.

El ministro Gerson Martínez se comprometió con el edil, Francisco Polanco, a reparar las calles de las colonias El Trébol, El Molino, IVU, Lamatepec, Santa Marina, Solórzano, Jardines del Tecana, San Ernesto, entre otras.

Sin embargo, el parlamentario del PDC, Mauricio Rodríguez, indicó que de ese acuerdo denominado “Plan Maestro de Rehabilitación de Vías Urbanas” no hay mucho en el campo. Es decir, que no se ha cubierto la propuesta original.

“Empezaron en la colonia El Trébol, pero de eso no hay más avances. Creemos que fue un show mediático el que hicieron, porque no han seguido. Por eso estamos solicitando que el pleno emita un recomendable al ministerio para que finalice el trabajo”, detalló Rodríguez.

El MOP aseguró en esa oportunidad que los trabajos estarían listos en 90 días hábiles y que se invertirían un poco más de 74 mil dólares.