Militantes de la Democracia Cristiana (DC) se manifiestan pacíficamente a las afueras de la Embajada de Venezuela en Santiago, acusando y exigiendo el fin a la represión del gobierno de Nicolás Maduro. 

Este domingo en el país caribeño se llevará a cabo la elección de los representantes de la Asamblea Constituyente, lo que ha generado una ola de rechazo a nivel nacional e internacional, por lo que algunos países y organizaciones han hecho un llamado a suspender esta convocatoria e incluso amenazan con sanciones.

“Hay dictadura en Venezuela y eso es lo que estamos denunciando. Por eso le pedimos al presidente Maduro que abra un espacio serio de una negociación con la oposición para que permita el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos“, exigió Nelson Hadad, encargado internacional de la DC.

Hadad hizo un llamado a los chilenos para apoyar y solidarizar con los venezolanos y también a “la OEA, a la Unión Europea, al Papa (Francisco), al presidente de los Estados Unidos y también al propio gobierno chileno para que de un modo enérgico e inequívoco condene esta convocatoria ilegal y le soliciten al presidente Maduro que la deje sin efecto por el bien de Venezuela”. 

Pedro García, ex ministro de Salud, también hizo “un llamado a que toda la comunidad democrática de Chile se oponga y sea extraordinariamente elocuente en decirle al señor Maduro que deponga esa actitud ofensiva, agresiva y hostil que esta teniendo hacia su pueblo”.

Mariana Aylwin, ex ministra de Estado, criticó al gobierno chileno y destacó que “tenemos que ser categóricos de condenar un hecho antidemocrático, como es convocar a una elección para la Asamblea Constituyente, saltándose la propia Constitución chavista. Ese es un acto condenable”.

Hadad, por si parte, insistió que “el nivel de las sanciones va a ser el único modo para disuadir a Madura para que deje sin efecto la convocatoria” y propuso que “Chile tiene que liderar un movimiento para establecer un cronograma electoral en Venezuela” que incluya elecciones bajo supervisión internacional, liberación de los presos políticos y una apertura de un canal humanitario para permitir el acceso de alimentos y medicamentos.