En épocas antiguas los gobernantes de la Humanidad eran ungidos en fastuosas ceremonias donde se mezclaba lo sacro y lo humano. El gobernar era una especie de derecho que tenía origen tanto divino como humano, esté último producto de la existencia de dinastías y casas reales, algunas de las cuales han llegado hasta nuestro día. La forma de gobierno era el absolutismo; es decir, los pueblos y naciones estaban sujetos al poder omnímodo del gobernante, quien en algunos casos tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos.
Eran épocas despóticas y crueles que quedan en los anales de la historia humana. En épocas contemporáneas surgen las democracias y los sistemas republicanos liberales de gobierno, en los cuales se reconoce que el gobernar es más que todo una responsabilidad y que el poder reside en el Pueblo y se gobierna por el Pueblo y para el Pueblo. Qué sencillo verdad, es historia de la Humanidad.
Esto no es tan sencillo para nuestros gobernantes y al inicio del actual periodo uno de los principales ministros de este gobierno, expresó ‘no vamos a cogobernar’. Desde el primer momento el señor Martinelli pensó que tenía un poder omnímodo y ha tratado de regresar nuestra democracia a las épocas pretéritas de absolutismo que ya hemos descrito. Es más, la expresión ‘mandatario’ surge como parte de la figura jurídica que en el Derecho Romano es conocida como ‘mandato’, en la cual el ‘mandatario’ no es más que aquel a quien el ‘mandante’, que en este caso es el pueblo panameño, designa para la realización de una labor, en este caso llevar las riendas de gobierno, pero no para su beneficio personal ni para sus proyectos inconsultos y costosos, sino para gobernar como un buen padre del familia; o sea, responsablemente y en beneficio de todos.
En otras palabras no es él que más ‘manda’, como alguno de sus esbirros le habrá hecho creer al señor presidente, sino un servidor público de la nación, ya que esta no está para servirle a él. En días recientes nos regaló dos caprichos legislativas, el primero, la venta de las acciones de la telefónica, cuya concesión finaliza en aproximadamente cinco (5) años, lo que ha sido repudiado por las fuerzas vivas del país, organizada en los partidos políticos de la oposición y la sociedad civil. En esta ocasión incluso grupos profesionales y empresariales en forma valiente y decidida enfrentaron los desmanes del actual gobierno y se atrevieron a oponerse públicamente en conjunto con los partidos de oposición y la sociedad civil a los manejos irresponsables de la hacienda pública y el patrimonio nacional.
¿Por qué vender?, si, reitero, en cinco años la concesión terminará y todos estos bienes y activos regresarán a la nación, la cual en su momento se verá abocada a la toma de una decisión con respecto a este servicio público, pero con la participación consciente y responsable de los todos los sectores.
De forma similar la Sala Quinta ha sido repudiada en diferentes administraciones, no queremos más magistrados al servicio del Ejecutivo, sino una administración de justicia expedita y correcta, que nos dé tranquilidad ciudadana y seguridad jurídica, tanto a los nacionales como a los extranjeros, que por un razón u otra vienen a vivir a este suelo bendito de Dios.
Nos unimos sin banderías y se derrotó una vez más a quien quería pisotear a la nación, única soberana.
Continuemos alertas y unidos, defendamos la integridad e independencia del Tribunal Electoral, con el objeto de garantizar elecciones puras y democráticas en el 2014, cuando este pueblo ahogará en votos al candidato del actual gobierno.
ABOGADO Y SUBSECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POPULAR.
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