El Departamento de la Libertad, donde fueron afectadas más de 21,000 personas, es el que tuvo mayor cantidad de eventos que fueron atendidos o reportados, con un número de 679. Le sigue San Salvador con 367 eventos, Sonsonate con 279 eventos y Santa Ana con 225 eventos. En su mayoría, estos eventos fueron derrumbes en quebradas y carreteras, incluyendo la interrupción del paso en ambos carriles de la carretera de Quezaltepeque hacia San Juan Opico, formación de cárcavas, escuelas dañadas, inundaciones de hogares, desbordamiento de ríos en las zonas costeras, así como daños en cultivos, principalmente maíz, plátano, arroz, güisquil y frijol. Solo los daños en Sonsonate se estiman en más de 3,300 manzanas de cultivos. En cuanto al impacto económico, las estimaciones preliminares indican que se dieron más de US$10 millones de pérdidas en infraestructura como carreteras y puentes, así como US$22.1 millones de pérdidas en cultivos de granos, hortalizas y frutas. Mi estimación personal es que los daños generales a la infraestructura y otros activos públicos y privados se ubican fácilmente arriba de los $100 millones. 

Adicionalmente, se dieron notificaciones de alta amenaza de deslizamientos con potencial de escombros en zonas del volcán de Santa Ana, El Picacho y sur del Boquerón, volcán de San Vicente, complejo volcánico Berlín-Tecapa y, el volcán de San Miguel. También zonas como la carretera del Litoral, carretera Panamericana y zonas como El Imposible-Tacuba, Juayúa-Apaneca, y Cordillera de El Bálsamo, con especial atención en Santa Isabel Ishuatán, Comasagua, Huizúcar, Zaragoza así como zona sur del lago de Ilopango. Un poco más de lluvia y eventos como el deslizamiento de tierra que afecto Montebello en San Salvador en el año de 1982, donde hubo más de 500 muertos, hubiesen ocurrido casi con seguridad. Gracias a Dios no ocurrió ningún evento similar.

Con estas tormentas nuestra vulnerabilidad de País ha quedado evidenciada como nunca. Si bien es cierto que el MARN cuenta con un Observatorio Ambiental, tenemos primeramente que invertir en una estrategia de prevención que incluya un verdadero “Sistema de Alerta Temprana” (SAT) y que involucre a las Gobernaciones, a las Alcaldías, ONGs con presencia comunitaria y hasta a las ADESCOS. A corto plazo, es difícil reducir la exposición de las poblaciones y los activos públicos y privados ante los riesgos climáticos. Pero se puede hacer mucho más para mejorar la conciencia pública, los mecanismos de alerta temprana (incluida la planificación de la preparación y las comunicaciones de última milla o minuto), y los sistemas de respuesta ante los desastres. Los SAT salvan vidas y salvan activos de mucho valor incluyendo los privados. Datos del Banco Mundial indican que un aviso de alerta con 24 horas de anticipación puede disminuir los daños hasta en un 30%.

Las campañas de sensibilización pública deben enfocarse en todos aquellos que puedan verse afectados, con el objeto de mejorar conocimiento ante los riesgos reales y para explicarles qué es lo que deben hacer cuando ocurren desastres. También es vital invertir en capacidad local para actuar sobre advertencias y proporcionar mandatos legales claros (Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, 2005), para determinar en quién recae la responsabilidad de hacer advertencias oportunas y mantener los sistemas de alerta local así como los equipos. De particular importancia es el aumento en el financiamiento para Protección Civil y socorristas. En ese sentido, es prudente revisar la Ley actual y mejorarla de cara a la prevención, protección y recuperación.

El Gobierno Central vía el Ministerio de Gobernación, y de acuerdo a la Ley, debe proporcionar la advertencia principal y buscar asociarse con la sociedad civil para garantizar respuestas efectivas ante los riesgos nuevos y emergentes del cambio climático. La Ley en mención les instruye a los gobiernos de turno actualizar el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y claramente ha llegado el momento de hacerlo. Amanda y Cristóbal han demostrado que no se cuenta con un plan adecuado o actualizado. Y es que este Gobierno debe pasar de “reaccionar ante los desastres” hacia “desarrollar de manera proactiva planes de preparación” ante eventos climáticos extremos, involucrando a los ministerios gubernamentales relevantes y otros actores, incluidas las ONGs.

Al final se tratar de reducir la exposición y la vulnerabilidad de largo plazo. Pero la reducción de vulnerabilidad en el largo plazo también se logra invirtiendo en mejorar nuestro capital natural, como cuencas, acuíferos y aréas protegidas, lo cual es un imperativo para El Salvador. De eso hablaremos en la próxima entrega de esta serie.