Aunque el informe de la Alta Comisionada de la Organización Naciones Unidas, Michelle Bachelet, especifica que para junio del 2019 el Tribunal Supremo de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos a su presidente Juan Guiadó, no se han detenido las acciones contra los parlamentarios. Un indicativo de ello es que Diosdado Cabello ha señalado a dos diputados que podrían ser los próximos allanados: Delsa Solórzano y Franklyn Duarte.

Bachelet dijo de los 22 diputados que "muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando una tentativa de asesinato reportada en contra del Presidente de la República falló, y el 30 de abril de 2019, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional llamó a las fuerzas armadas a desertar y a desafiar al Gobierno. Dos diputados se encuentran en detención preventiva y 16 han buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido".

Ahora bien, cada semana, el presidente de la Asamblea Constituyente (ANC) se ha dedicado a hacer señalamientos contra algún parlamentario, pero en el caso del diputado Franklyn Leonardo Duarte, la ANC consignó ante el Ministerio Público una denuncia en su contra "por incitar y promover el odio por las redes sociales", según dijo el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la ANV, Esteban Arvelo.

Ya lo había dicho la semana pasada Freddy Bernal, un policía a quien Nicolás Maduro nombró Protector del Táchira, una figura que no existe en la Ley, pero que ha pretendido sustituir el poder de la Gobernación del Táchira, que fue ganada por la dirigente de la opositora Acción Democrática, Laidy Gómez.

Bernal tiene un suprapoder que le permite dirigir las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), ejerce influencia en tribunales y fiscalía, se exhibe escoltado con hombres portando armas de guerra, ha ordenado la detención de cientos de personas, impone leyes a discreción e incluso ordena sobre los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región tachirense.

No es casual que Cabello, Arvelo y Bernal se dediquen a declarar que el diputado habría incurrido en delitos tipificados en la Ley contra el Odio, por escribir unos tuits en su cuenta.

Duarte es uno de los diputados más activos que tiene la Asamblea Nacional, especialmente por ser oriundo de Rubio, pueblo fronterizo del estado Táchira.

Es secretario general del partido Copei en Táchira y presidente de la comisión Permanente de la Familia en la Asamblea Nacional, así como presidente de la Sub Comisión de Frontera.

Es el parlamentario de mayor referencia en la frontera tachirense. Siempre se le ve acompañando a quienes protestan por el derecho al agua, a la luz, a la gasolina, al gas doméstico. Su verbo duro ha confrontado con dureza a Nicolás Maduro y a cualquier otro funcionario del Gobierno. Es reconocido por estar al frente de las manifestaciones que desde la capital de la República se planifican para todo el país, principalmente desde que Juan Guaidó llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional.

Hay decenas de evidencias de los enfrentamientos que ha tenido el diputado Duarte con funcionarios militares, especialmente en la frontera donde el problema del suministro de gasolina ha llegado a mantener casi paralizado el estado.

No hay duda alguna que para el Gobierno y principalmente para la Constituyente, Duarte se haya convertido en un objetivo, por haberse diferenciado radicalmente de muchos diputados. Es de los que hace trabajo presencial, en las calles, llega a las colas de las bombas de gasolina, va a los hospitales, se presenta a los mercados, reclama en los centros de distribución de gas y denuncia con firmeza a los funcionarios sin importar si son de alto o bajo nivel, exigiendo el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

Aunque lleva años en su trabajo de calle, Duarte ha sido un parlamentario poco vistoso para la prensa nacional, pero ni así para la regional. Gracias a su trabajo, que difunde constantemente por su cuenta de Twitter @FranklynDuarte_, se conocen muchos de los excesos que han cometido las fuerzas militares y policiales en la región, el avance de la guerrilla y los paramilitares, así como los llamados "colectivos" al servicio de intereses políticos del partido de Gobierno.

Ha sido víctima de amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que marcó su vivienda como enemigo de la revolución, sin que el Ministerio Público, tratándose de un hecho público, notorio y comunicacional, haya realizado ninguna investigación al respecto, aún tratándose de las amenazas contra un diputado nacional. Tampoco los cuerpos de seguridad le prestaron protección.

Han pretendido atemorizarlo con inventos judiciales y con informaciones falsas. Pero algo ha quedado muy evidente. Nuevamente se vuelve a usar la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida simplemente como Ley contra el Odio, para juzgar y encarcelar a una persona incómoda o que molesta al Gobierno de Nicolás Maduro.

Esa Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.274, del 8 de noviembre de 2017. Hay que recordar que la ANC es un ente con la grave falla de legitimidad en su origen, ya que no se consultó para su convocatoria, sino que Maduro se arrogó esa potestad.

Ha resultado la Ley contra el Odio un instrumento para atacar selectivamente a enemigos del Gobierno, porque no le ha sido aplicada a ningún afecto a la revolución Bolivariana.

Por ejemplo, hay que destacar que la diputada María León (PSUV) dijo en la Asamblea Constituyente que allanarle la inmunidad a Juan Guaidó no es suficiente y se preguntó: "¿Cómo se trata a los traidores a la patria?". La respuesta de los constituyentes fue gritar: "Paredón, paredón".

Ahora la Asamblea Constituyente va por el diputado número 23 para inhabilitarlo, porFranklyn Duarte, uno de los diputados más aguerridos de la Asamblea Nacional. ¿El objetivo? Sin duda, silenciar la voz parlamentaria que más se oye en la frontera. La excusa es la Ley contra el Odio.