Como miembro de la Comisión que dictaminó este proyecto de ley, quiero comenzar refiriéndome al trámite atropellado que se la ha dado a este proyecto en una dinámica antidemocrática que caracterizó el trabajo de la Comisión.
Lamento la negativa de esta Comisión de permitir la participación de muchos sectores que manifestaron su interés por ser recibidos en audiencia para expresar sus criterios sobre este paquete de impuestos.
En general la dinámica de la Comisión nunca permitió la discusión porque fue conformada con una mayoría de diputados que no mostró un verdadero interés por hacerlo, la práctica adoptada fue la de rechazar mociones sin ninguna discusión.
Lamento también la intransigencia, la mezquindad política, la soberbia y la poca seriedad de las autoridades del Ministerio de Hacienda, que nunca entendieron los criterios con los que se trabaja en la Asamblea Legislativa, que no pasaron de hacer fríos y calculados análisis desde un escritorio, alejados de la realidad nacional.
Por eso jamás el Partido Unidad Socialcristiana será partícipe de este ataque contra la clase media que ha sido la base de construcción de lo que es este país y que ha sido la base de la paz social que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia.
Desde nuestros inicios como partido político, hemos dicho a las y los costarricenses que el desarrollo al que aspiramos sólo puede ser alcanzado en un régimen democrático, caracterizado por una distribución justa de la riqueza entre toda la población, con niveles de gestión, organización, participación y calidad de vida que logren el Bien Común.
El desarrollo es y debe ser un proceso integral que incorpore, además del incremento de la productividad, la distribución de sus beneficios en la sociedad entera. El bienestar de una sociedad depende del grado de riqueza que pueda generar y del criterio de equidad con que ésta pueda distribuirse. Esta distribución equitativa es la que impulsará el desarrollo humano de nuestra sociedad.
Los socialcristianos defendemos que el objetivo final de la economía es la satisfacción de las necesidades de las personas y su calidad de vida. La producción de bienes no es un fin en sí mismo; constituye un medio para la satisfacción óptima de sus necesidades y niveles crecientes de calidad de vida.
Sostenemos que el consumo y la calidad de vida podrán incrementarse, si aumentamos exportaciones y generamos las divisas que nos permitan comprar en el extranjero otros bienes, pero debemos mantener la estabilidad macroeconómica.
Hemos luchado cuando hemos sido gobierno por disminuir el aumento en el costo de la vida, que empobrece a la población y disminuye su calidad de vida. Somos partidarios de promover el crecimiento y la eficiencia de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas porque con ello, es posible generar empleo y aumentar los salarios reales.
En nuestro ideario político, hemos planteado con firmeza y transparencia que los impuestos, las tasas y las contribuciones deben regirse por la justicia tributaria y los principios de neutralidad, simplicidad y progresividad. De ninguna manera su imposición, debe paralizar la iniciativa privada, ni la capacidad de rendimiento de los ciudadanos y las empresas.
A lo largo de nuestro quehacer político hemos defendido la tesis de que solo justificaremos aumentos en los impuestos, después de haber agotado todas las posibilidades de racionalizar el gasto público, de reestructurar el sistema tributario, o de recaudar los impuestos en forma eficiente.
Eso es precisamente lo que no se ha hecho en este país. Ante los problemas fiscales que nuevamente se heredan de una administración de los hermanos Arias Sánchez, este Gobierno corrió a plantear un aumento en los impuestos sin antes agotar otras posibilidades como racionalizar el gasto público, como reestructurar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y menos regresivo, y tampoco le dio la importancia que debe tener la nueva legislación para recaudar mejor los impuestos existentes.
La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, presentó ante la corriente parlamentaria una propuesta denominada “Ley de Saneamiento Fiscal” en enero de 2011. El proyecto de ley, fue explicado a las más altas autoridades gubernamentales, y tiene como objetivo, redireccionar hacia el Gobierno Central, los superávit de las demás instituciones del sector público, pero este proyecto de ley nunca fue valorado con seriedad, no existe un verdadero interés de controlar el gasto público.
Sin embargo la brecha social y educativa sigue aumentando, la pobreza esta afectando a más de un millón de costarricenses, y paralelamente los problemas sociales y de seguridad ciudadana se han agravado. La distribución de la riqueza no es equitativa y con esto se sigue afectando la calidad de vida de los costarricenses.
Nuestro sistema económico y el orden social deben estar indisolublemente unidos porque se limitan y se complementan mutuamente. Una política económica y fiscal sin justicia social no logrará la paz social y conducirá, al mismo tiempo, a pérdidas económicas. Hemos propiciado en la discusión de este proyecto de ley que la política económica y fiscal se complemente con los principios de rentabilidad, con los de justicia de rendimiento y distribución.
En la discusión de este proyecto de ley nuestra mayor preocupación es que este proyecto tal y como se va votar atenta contra el bienestar de todos y especialmente de los que menos tienen.
Fieles a nuestros principios social cristianos no podemos apoyar más cargas tributarias que atenten contra la solidaridad social, cuyo objetivo es procurar una vida humanamente digna para todos. Los principios de solidaridad comprometen a los más fuertes a apoyar a los más débiles y también nos compromete con las generaciones futuras.
Por estas razones nos oponemos a este proyecto que va a encarecer con el IVA las compras que debe realizar la CCSS. En el mismo sentido nos oponemos a cargar con el IVA los servicios de salud. La razón detrás de esta imposición es por ahora la de mejorar el control para la recaudación del impuesto sobre la renta, según nos dicen las autoridades de Gobierno, pero una vez establecido el impuesto, vendrán nuevos ministros de Hacienda como el que tenemos actualmente, que nos les temblará la mano para incrementar el impuesto a estos servicios tan importantes para la población en general.
Nos oponemos a este paquete tributario porque encarece con el IVA los servicios privados de educación. Pero también en este caso la razón que nos dan es la misma, mejorar el control para la recaudación del impuesto sobre la renta.
Para otros servicios nos parece válida esta razón, sin embargo cuando se trata de servicios tan sensibles como la educación y la salud, no podemos anteponer razones fiscalistas para justificar el encarecimiento con la carga impositiva que se pretende.
Por ello nos oponemos a la imposición de tributos a cualquier bien o servicio que afecte o disminuya la seguridad social y el acceso a la salud de los costarricenses. Los ciudadanos deben obtener respuesta para sus problemas de salud, en forma humanizada. Los servicios integrales de salud deben ofrecerse manteniendo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y oportunidad.
En la discusión de este proyecto impulsamos con gran interés una propuesta para exonerar de impuestos el servicio de acceso a internet. El propio Instituto Costarricense de Electricidad mostró su preocupación porque se está gravando con el 14% del IVA este servicio. En su respuesta a la consulta consideró algunos planteamientos como abusivos y contrarios al principio de igualdad, porque no se toma en cuenta la situación económica de los sectores sociales, y al gravar todos los servicios, se está afectando en mayor grado los sectores sociales de menor ingreso.
En forma reiterada este diputado abogó también por exonerar del IVA los servicios bancarios más utilizados como el retiro de dinero de cajeros automáticos tomando en consideración el derecho de acceso a servicios que son fundamentales para los usuarios. Gravar estos servicios desestimula el acceso al avance tecnológico, en una sociedad que cada día nos empuja a un mundo más globalizado y en la que los medios electrónicos representan beneficios de gran valor.
Parece que este gobierno no entiende que nuestra posibilidad de éxito como país, está en abrirnos paso hacia el futuro, mediante un creciente sector de base tecnológica, con el propósito de obtener los máximos beneficios económicos y sociales posibles de la globalización. El Estado, lejos de gravar estos servicios debe por el contrario, impulsar en forma gradual una política que promueva el uso de este tipo de herramientas.
En cuanto al régimen de zonas francas, la discusión, al igual que en muchos otros temas fue un diálogo sin ningún sentido. El ordenamiento jurídico del régimen de zonas francas fue modificado hace dos años, y en este proyecto de ley pretenden nuevamente variarlo en perjuicio de estas empresas.
Para la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana esto es inaceptable porque consideramos que la promoción de la inversión extranjera directa, la seguridad jurídica y la generación de empleo y encadenamientos son vitales para la movilización social y económica de un país como el nuestro, cuya interdependencia con el exterior es cada vez mayor.
El Régimen de Zonas francas no debe alterarse en este momento. El capital de las zonas francas, es móvil y puede trasladarse o paralizarse, cuando las circunstancias dejen de ser beneficiosas, o encuentren condiciones más favorables en otro país.
Las oportunidades de empleo que se pierden, las que peligren y sobre todo la imagen de inseguridad y falta de certeza jurídicas en cuanto a las condiciones que ofrece un país y que cambian de la noche a la mañana, dos años después de haberse aprobado una reforma consensuada, son verdaderamente penosas para un país que pretende atraer más inversión extranjera.
No son aceptables los argumentos de que las cosas están claras. De ser así la Comisión no habría tenido la presencia permanente de representantes de CINDE, de AZOFRAS y a muchos empleados que con angustia llenaron de cartelones las barras de público, para pedir que no los perjudicáramos.
Si el tema del régimen de zonas francas estuviera tan claro, no tendríamos empresas que están valorando su instalación en otras regiones del país como San Carlos y el cantón central de Puntarenas y la Comisión no habría recibido a la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal, después de muchas mociones rechazadas en este sentido.
Compañeras y compañeros diputados, razones sobran para oponerse a este proyecto de ley, pero quizás la razón más importante es que las nuevas cargas tributarias disminuirán la calidad vida de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
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