“Aun cuando el gobierno nacional se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no podrá ocultar que en nuestro país se violan los derechos humanos, como ha quedado en evidencia en el más reciente informe que dio a conocer este órgano de la OEA”, señaló Wilfredo Feo Krischke, Secretario de Profesionales y Técnicos de COPEI, Carabobo.

“La descalificación y los ataques que ha hecho el primer mandatario nacional, la Defensora del Pueblo y algunos voceros del oficialismo, demuestra que para nada importa las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que sufren y han sufrido los venezolanos que han recurrido a esa instancia internacional al no conseguir en los órganos jurisdiccionales competentes del país que se haga justicia. Es bueno recordar que el gobierno ha hecho caso omiso de las medidas cautelares que ha dictado el órgano internacional en el caso de los jueces de lo Contencioso Administrativo, RCTV, Globovisión, entre otros. Ahora tiene dos caminos, seguir desestimando y descalificando a la CIDH o retirarse, pero en ambos casos queda muy mal parado ante la comunidad internacional”, sentenció el dirigente de COPEI, Carabobo.

Feo Krischke calificó de lamentable que ante un pronunciamiento de tal importancia los voceros se dediquen a atacar a la comisión, en vez de buscar los mecanismos para evitar que continúen ocurriendo los hechos que originaron ese informe. “Es más, no descartamos que el Presidente de la República recapacite, pues al evaluar el daño que le produciría su imagen en el contexto internacional, deje pasar el tiempo, espere que se olvide el tema y no materialice el retiro”.

Los venezolanos debemos continuar denunciando las violaciones que se producen, pues los delitos no prescriben. “Hay que insistir en la situación de los ciudadanos privados de libertad, el tema de la inseguridad, la corrupción de los organismos policiales, los ataques a la libertad de expresión, están señalados y documentados en el informe de la CIDH, y aún cuando pareciera que eso no sirve para nada, las instancias internacionales gozan del respeto de los países miembros de la OEA, y si el gobierno lo desconoce evidencia que el Estado venezolano no respeta los Derechos Humanos, lo cual es requisito indispensable de la democracia”.