El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, señaló que la crisis en Honduras no puede prolongarse más, por lo que instó a los delegados del gobierno de facto y del derrocado presidente, Manuel Zelaya, a buscar un consenso para restablecer a este último en el cargo.

Durante la instalación de la mesa de diálogo entre ambas partes, Inzulza insistió en que la negociación deberá tener como punto de partida el "Acuerdo de San José", establecido por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

Asimismo, anunció que se tocarán cinco puntos claves para restablecer la democracia en el país centroamericano, luego del golpe de Estado que encabezó Roberto Micheletti el pasado 28 de junio.

Según el secretario general de la OEA, los puntos del diálogo están vinculados con el restablecimiento en el cargo de Zelaya, la formación de un gobierno de unidad nacional, la no convocatoria de un gobierno constituyente, amnistía política para todos los involucrados en el golpe de Estado y la supervisión de la comunidad internacional del eventual pacto que logren.

"No estamos aquí para crear un debate, estamos para encontrar soluciones concretas a una situación que no puede prolongarse", dijo Insulza.

E instó a los negociadores a buscar un consenso para restablecer en el cargo al presidente constitucional, para que complete su periodo de cuatro años, el 27 de enero, y entregar el mando al vencedor de las elecciones generales del 29 de noviembre próximo.

Además, exhortó a Zelaya a garantizar que no propondrá nuevas iniciativas tendientes a reformar la Constitución hondureña de 1982, intenciones que llevaron a los militares hondureños al golpe de Estado.

Y pidió a ambos grupos formar un gobierno de unidad nacional, ''porque la emergencia requiere del concurso de todos, y nada mejor para sanar las heridas que devolver la confianza para trabajar en conjunto por el bien del país''.

Por su parte, Manuel Zelaya solicitó ''aclarar'' lo que a su juicio es una ''actitud suave y complaciente de los delegados de la OEA con el régimen de facto, sometiéndose a la agenda que ha establecido Micheletti, sin tomar en cuenta la opinión del presidente legítimo que reconoce la OEA y ONU: José Manuel Zelaya''.

En un comunicado, advirtió que ''de no restituir al Presidente antes del 15 de octubre, se debe correr el calendario electoral conforme al periodo de tiempo que marca la ley de tres meses de campaña, como garantía para la igualdad de competencia y la participación ciudadana''.

Entre los participantes en el diálogo para encontrar una solución a la crisis en Honduras, el gobierno de facto envió a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; Arturo Corrales, excandidato presidencial del opositor Partido Demócrata Cristiano, y el abogado Armando Aguilar.

De su lado, Zelaya – refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre– designó como sus representes al líder sindical Juan Barahona, así como a sus ministros Víctor Meza, de Gobernación, y Mayra Mejía, de Trabajo.

En tanto, la comitiva de la OEA incluye a cancilleres de diez países del continente, además del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon.

El encargado de conducir la ceremonia, el canciller del gobierno golpista, Carlos López Contreras, dijo que la OEA debía obtener un compromiso irrevocable de Zelaya para que éste llame a sus simpatizantes a que cesen toda actividad violenta contra personas, propiedades y el orden público, y conminarlos a la calma.

En respuesta Víctor Meza, delegado enviado por Zelaya, señaló que lo importante es no abandonar el "espíritu del Acuerdo de San José", que establece la restitución del mandatario derrocado.

Y, mientras, la Policía Nacional dispersó una manifestación de simpatizantes de Zelaya, que marchaba de la Embajada de Estados Unidos a la de Guatemala.