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HONDURAS. Partidos debieron ser claves para solventar crisis

Editor Noticiero DC |

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas define a los partidos políticos como instituciones de derecho público y gozan de los derechos establecidos en la Constitución de la República, demás leyes, sus estatutos y reglamentos.

Un partido político se entiende como una agrupación de personas que sirve de mediadora entre el Estado y la sociedad. La constitución de los partidos es libre. Un número no menor de 50 ciudadanos hondureños, en el pleno ejercicio de sus derechos, podrá comparecer ante un notario público manifestando su propósito de constituir un partido político.

Según un estudio de Mario Aguilar Gonzales, ex presidente del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (hoy Tribunal Supremo Electoral -TSE-), en Honduras los partidos políticos no tienen más de 50 años. Antes de 1957, estas asociaciones no pasaron de ser facciones o camarillas políticas, generalmente con clientela de un líder, y se les reconoce como detentadores del poder.

Los partidos políticos entran a ser regulados por el Estado en 1957, a través de los artículos 41 y 42 de la Constitución Política de Honduras de ese año.

El escenario político hondureño estuvo dominado en la primera mitad del siglo XX por los partidos Liberal y Nacional y no fue sino hasta avanzada la segunda mitad que comienzan a surgir otras fuerzas para completar un número de cinco partidos políticos, actualmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De 1980 a 1990, en los procesos electorales participaron, además de las fuerzas tradicionales, liberal y nacional, los partidos jóvenes Innovación y Unidad (Pinu) y la Democracia Cristiana (DC), y es hasta 1997 que participa como nueva fuerza electoral el partido Unificación Democrática (UD).

Los partidos políticos, según nuestras leyes, tienen un rol muy importante y como pilares fundamentales del sistema democrático deben ser los que, junto al Estado, sustenten la vigencia del orden constitucional y arbitren todas las acciones necesarias para conminar a que depongan su accionar los que pretenden por la fuerza soslayar la voluntad popular del pueblo de Honduras.

Partidos, claves en la crisis

Es así que estas instituciones tienen ante sí el reto de ser protagonistas principales en la solución de la crisis política que enfrenta Honduras, producto de los sucesos del 28 de junio, cuando fue sucedido constitucionalmente en el poder José Manuel Zelaya Rosales, electo el último domingo de noviembre de 2005 y juramentado el 27 de enero de 2006.

En el marco de la sucesión constitucional, ocurrida hace tres meses y medio, Honduras se encuentra inmersa en un atípico proceso electoral que la comunidad internacional no está dispuesta a reconocer y que la resistencia interna ha jurado boicotear si no es reinstalado en su puesto el presidente depuesto, Manuel Zelaya.

La convocatoria a elecciones la hizo el 29 de mayo de este año el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un mes antes de que Zelaya cesara en su cargo en la presidencia de la República, fuera sacado del país por el Ejército y se instalara un gobierno de transición encabezado por el hasta entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti.

De acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos se encuentran en plena campaña proselitista con vistas a los comicios del 29 de noviembre, en un ambiente enrarecido por las cotidianas protestas del denominado Frente Nacional de Resistencia zelayista.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que suspendió a Honduras como miembro, ha anunciado que no reconocerá el resultado de un proceso electoral que se realice en el actual estado político. Sin embargo, el presidente transitorio, Roberto Micheletti, ha respondido a la OEA que en Honduras "vamos a tener elecciones el 29 de noviembre, las reconozca o no el resto del mundo", y aseguró que el gobierno se esforzará en que la participación de la ciudadanía sea masiva.

Mientras tanto, la resistencia zelayista, que agrupa a una amplia gama de organizaciones populares e izquierdistas, anunció que boicoteará el proceso eleccionario se restablezca o no en su puesto al presidente Zelaya, al tiempo que llamó a las fuerzas políticas no vinculadas a los sucesos del 28 de junio a retirarse de la contienda.

Con anterioridad, el candidato independiente Carlos H. Reyes, al que impulsan diversas organizaciones izquierdistas, había anunciado su decisión de no participar en el proceso si no se retorna a Zelaya, mientras que se espera una definición al respecto del candidato izquierdista, César Ham, del Partido Unificación Democrática (UD).

"No puede haber transparencia en unas elecciones que se realizan bajo un régimen de facto que controla todos los poderes del Estado, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral", ha dicho Reyes, tras justificar su decisión.

Por su parte, los partidos políticos tradicionales y los sectores afines al gobierno de Micheletti insisten en que la elección de candidatos y la convocatoria a los comicios fueron hechas antes de 28 de junio y que por ello tienen legitimidad, independientemente de los acontecimientos posteriores.

El Partido Liberal, que llevó al poder a Zelaya, postula a Elvin Santos, quien fuera vicepresidente del gobierno defenestrado, pero que renunció con anticipación para lanzar su candidatura.

El Partido Nacional, principal de oposición propone a Porfirio Lobo, un político conservador de larga trayectoria que, entre otras posiciones, ha ocupado la presidencia del Congreso Nacional.

La Democracia Cristiana lleva como candidato a un ex líder sindical muy conocido, Felícito Ávila, mientras que el Partido Innovación y Unidad (Pinu) postula a la presidencia al ciudadano afrodescendiente Bernard Martínez.

En las elecciones previstas para el 29 de noviembre se elegiría al sustituto de Manuel Zelaya, o en su defecto de Roberto Micheletti; tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional, 20 diputados y sus suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a las autoridades de 298 municipios.

Cuatro de los seis candidatos presidenciales han sido protagónicos para que tanto el presidente depuesto, Manuel Zelaya y el interino, Roberto Micheletti, se sienten a dialogar y busquen un consenso, el que sería aceptado por la comunidad internacional y daría lugar a la aceptación del resultado de las elecciones del 29 de noviembre.

Los candidatos estiman que las elecciones son una salida a la crisis política que enfrenta el país. Además, en todos los procesos irregulares políticos en el mundo, la escogencia libre y espontánea de nuevas autoridades ha dado punto final a las crisis.

* Respaldo: POSTURA. Tras los hechos ocurridos el pasado 28 de junio, no todos los partidos políticos han tenido una postura contundente en torno a la problemática que envuelve al país.

* La cifra: 4.6 Millones de hondureños están convocados para asistir a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Aumenta número de votantes indecisos

Un estudio realizado por la Unidad de Investigación del prestigiado diario The Economist revela que en Honduras, luego de los hechos políticos que se vienen suscitando desde el pasado 28 de junio, hay un incremento del número de indecisos.

El prestigiado medio asegura que en el país se ha reportado "una subida repentina en el número de votantes indecisos al 44% (del 26% en febrero)".

El análisis de The Economist establece que este fenómeno podría beneficiar al Partido Nacional.

En un sondeo hasta junio del presente año, el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, había alcanzado en la última encuesta a Porfirio Lobo Sosa, quien actualmente aparece como el más probable para hacerse el siguiente presidente, dice una traducción libre hecha a la nota del diario.

Prevé que el siguiente gobierno estará integrado por los partidos pequeños que podrían crecer como un castigo de los votantes a los partidos tradicionales debido a la crisis política que atraviesa el país.