¡VENEZUELA ES LO PRIMERO Y UN DEBER DE PATRIA LA DEFENSA DE NUESTRO ESEQUIBO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA!

Pasadas una centuria y veintiún años desde 1899, cuando Rusia e Inglaterra despojan a Venezuela de la Guayana Esequiba, mediante un laudo arbitral, político y transaccional, ajeno al Derecho internacional, mientras aquellas se hacían otras concesiones imperiales en el Asia Central, nos encontramos los venezolanos ante la circunstancia de debatir en un tribunal de Derecho, en la Corte Internacional de Justicia, los títulos históricos que dan legitimidad y legalidad a nuestra soberanía territorial sobre el Esequibo.

La mala fe de Guyana hizo imposible que, durante algo más de medio siglo, pudiese alcanzarse la solución práctica, amigable, recíprocamente satisfactoria y completa al diferendo planteado, según los términos a los que se obliga aquella y la Gran Bretaña conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966; logro diplomático alcanzado y sostenido por todos los gobiernos de la democracia hasta 1999.

Guyana violentó su deber de negociar, y como consecuencia, tal y como lo dice el Acuerdo, Venezuela, bajo protesta guyanesa, puso en manos del Secretario General de las Naciones Unidas decidir sobre el medio de solución pertinente, en 1982. Este, quien aceptara el encargo desde antes, a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra, proveyó la figura de los buenos oficiantes, designando personalidades del Caribe angloparlante que fueron aceptadas por las partes. Pero transcurridos 34 años sin resultados, ante la negativa reiterada de Guyana de encontrar una solución amistosa y recíprocamente satisfactoria, en 2016, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió a las partes que, si en el curso de un año no lograban avenirse, entregaría la cuestión para su solución a la Corte Internacional de Justicia. Y así lo ha hecho.

La Corte Internacional de Justicia ha fundado su competencia en el Acuerdo de Ginebra, con lo que, bajo la perspectiva de su mayoría judicial, procederá a conocer sobre la nulidad o no del laudo arbitral de 1899 que nos despojase de la Guayana Esequiba. Venezuela y todos sus gobiernos y cancillerías, desde esa última fecha, invariablemente han sostenido la nulidad de dicho laudo, con argumentos tan convincentes que la misma Gran Bretaña no pudo negarse a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Ningún Estado, por derechos que tenga, puede alegarlos ante sí mismo o afirmar que bastan para defenderlos usar de la fuerza o consagrarlos en su propia Constitución. De ser así, la misma Gran Bretaña y Guyana podrán afirmar como lo han hecho que en sus mapas y textos legales consta que la Guayana Esequiba les pertenece. En las controversias de tal naturaleza, al término y cuando el entendimiento entre los Estados ha fallado, le corresponde hablar y decidir al Derecho internacional y a su aplicación por la Justicia internacional.

El gobierno de Cuba, desde dicha fecha hasta el presente, ha acompañado a Guyana en su postura violatoria del Acuerdo de Ginebra y contribuido con su política exterior a que en el Caribe angloparlante se hubiese visto a Venezuela como nación agresora y no como víctima que fue de la expoliación imperial británica. No es de extrañar, así, que la misma Cuba esté influyendo en el régimen de Nicolás Maduro y en quienes lo sostienen dentro de la Fuerza Armada, para que no acuda a presentar sus sólidos argumentos de hecho y de derecho ante la Corte Internacional de Justicia. Prefieren dejarle el espacio libre a la República Cooperativa de Guyana, con vistas a que ahora obtenga una decisión que, a diferencia del laudo arbitral de 1899, adquirirá carácter definitivo e inapelable. Así lo confirman sus Estatutos, respaldados por todos los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas, entre estos la misma Venezuela.

A la nación venezolana y a sus diversas instancias sociales y políticas les corresponde elevar su voz para la protección de la casa que a todos nos pertenece, y para que de manera responsable, firme y serena, sin estridencias populistas o retoricas, menos electorales y que se quedan en casa, sus autoridades acudan ante la Corte Internacional de Justicia como país civilizado; y para que consignen los memoriales y argumentos irrebatibles que tenemos a manos para nuestra efectiva defensa. No hacerlo es una omisión de lesa patria, que no perdonarán las generaciones futuras.

Por el Consejo Superior Demócrata Cristiano:

Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno León, José Rodríguez Iturbe, Maritza Izaguirre, Román Duque Corredor, Haroldo Romero, Gloria Capriles, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem, Guillermo Yepes Boscán, Enrique Naime.

Secretario Ejecutivo: Lorenzo Tovar Colmenares.

Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar.

Por COPEI: Roberto Enríquez, presidente y Robert García, secretario general.

Por PROYECTO VENEZUELA: Henrique Salas Feo, coordinador general.

Por CONVERGENCIA: Biagio Pilieri, coordinador general.