La miseria humana ocasionada por la crisis de salud del COVID-19 parece haber sido un detonante efectivo a la ambición voraz de los gobernantes, especialmente en las democracias menos desarrollas como la nuestra.

El pasado jueves se conoció el Informe 2020 de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El Salvador ocupa el deshonroso lugar 104, siendo 180 el país más corrupto y 1 el país menos corrupto. Con los duros meses vividos en encierro y crisis sanitaria parece que el salvadoreño ha aprendido a convivir diariamente con lo que significa la corrupción e incluso poner ese tema en un segundo plano de sus prioridades cotidianas siempre y cuando parezca que el gobernante “se preocupa” por la salud del país. Esa ha sido la fórmula ganadora para convertir al COVID-19 en una excusa perfecta para mostrar la concentración de poder y el autoritarismo como un camino necesario al uso arbitrario y desmedido de los fondos públicos.

El informe destaca a El Salvador como un caso de “alarmante concentración de poder en las oficinas ejecutivas”, en el Poder Ejecutivo, en el encargado de administrar los dineros públicos en momentos de circunstancias corrientes y en las de emergencia y quienes han generado una “explosión” de casos de corrupción durante la emergencia. La restricción a la capacidad de los ciudadanos para obtener información pública de las instituciones de gobierno es una de las acciones más graves. Para ello reformó la normativa del Instituto de Acceso a la Información Pública y además infiltró a funcionarios leales al Ejecutivo como sus comisionados. “Definimos la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio privado”.

El gobierno bloqueó el funcionamiento del Comité de Veeduría que supervisa los miles de millones de dólares aprobados como presupuesto extraordinario para atender la emergencia, el pago de más de $12 millones de dólares por compra de insumos médicos a una empresa de partes de vehículos, ataques frontales a la prensa, la instalación de medios de comunicación oficialistas con fondos públicos y un largo etcétera de casos de corrupción que han moldeado éste bien merecido escaño en la medición de la transparencia.

Decepciona cómo nuestro país, luego de los vaivenes de los últimos 30 años, parece tropezar con la piedra de la corrupción una y otra vez. Ahora más que nunca es fundamental mantener un equilibrio del poder del Estado.

Un presidente que, controlando el Ejecutivo, ha tenido la capacidad de montar en 18 meses de gobierno una estructura de corrupción tan bien organizada y reconocida internacionalmente no merece controlar la Asamblea Legislativa, con lo que indirectamente también controlaría el Poder Judicial ante la ya cercana elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que significaría convertir a un presidente, en diputado y además en juez, lo que sería catastrófico para las ya deterioradas finanzas públicas y el resto de factores que tendrían a un único tomador de decisiones políticas.

Otra enseñanza de este indicador mundial de corrupción es preguntarse; ¿cuán vil debe ser un gobernante para ver una oportunidad de robar y concentrar poder en una calamidad mundial? Aprovechándose así de la miseria económica y de salud de sus conciudadanos, de su pueblo, de sus hermanos. Independientemente de quién sea tu enemigo político, el pueblo merece conocer cuál es el destino de los dineros del Estado; aquel que trabaja jornadas extenuantes, que viaja horas para ir a trabajar, que aporta con sus descuentos mensuales, pago de IVA, Renta, merece saber en qué se gasta cada centavo de sus impuestos.

Es una gran extorsión oficialista pretender corrupción a cambio de la salud, entregar la transparencia a cambio de una caja de alimentos. No aceptemos que el COVID-19 sea una excusa para la corrupción. https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-americas