Resalta particularmente cómo gran parte de los fondos empleados para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se han mantenido tras las sombras.

Pese a los repetidos llamados de la Asamblea Legislativa y otras instituciones de control como la Corte de Cuentas para que el gobierno muestre cómo ha usado los cientos de millones de dólares a su disposición, el Ejecutivo se mantiene firme en no revelar información.

Peor aún, el expresidente del Banco Central de Reserva admitió que fue destituido por rendir cuentas al Legislativo y contradecir la narrativa de victimización de la Presidencia y que es el presidente quien avala o prohíbe que sus funcionarios acudan al Congreso a respondedor preguntas.

2020 fue el año en que el gobierno de Nayib Bukele continuar su desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Esta institución nacida en 2012 y que contó desde el inicio con una gran validación de una ciudadanía cansada de la información siempre oculta, ha experimentado serios retrocesos y obstáculos con la presente administración.

Desde inicio de año, el gobierno ha hecho una serie de nombramientos de comisionados a fin de garantizar un pleno amigable.

Juan Carlos Turcios, Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, Javier Suárez y Roxana Soriano han sido las cartas de Bukele para garantizar un genuflexo IAIP. El primero tuvo que renunciar, pero los otros cuatro siguen: tres propietarios y uno suplente. Desde ya, están debilitando a esta importante entidad.

Asimismo, el gobierno ha buscado reservar información importante sobre atención a la pandemia, a fin de alejar la información del ojo de la ciudadanía.