El Informe de la ONU confirma lo que saben y han padecido todos los venezolanos desde los inicios del régimen usurpador, depredador y criminal de Nicolás Maduro Moros y sus cómplices, y al que una parte de la comunidad internacional aún intenta situar en un plano de paridad moral y política con el país que es su víctima, el que sufre y con su resistencia democrática.

Destaca, por lo mismo, que la misión fue designada “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

La misión de la ONU es clara al concluir que tiene motivos razonables para creer y sostener que han ocurrido asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – incluyendo “violencia sexual y de género” – como desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que tienen por víctimas a centenares de venezolanos, civiles y militares, todos documentados, sin contar a los 5 millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar por el contexto represor dominante en Venezuela. Hay la convicción, según los investigadores, de que se han configurado, en algunos supuestos, típicos crímenes de lesa humanidad.

Junto a los patrones de violación investigados y que responden a políticas de Estado, se da cuenta del desmantelamiento constitucional y democrático que ha tenido lugar, deliberadamente, bajo el régimen usurpador de Maduro; ello, para alcanzar la colusión suya con los demás poderes públicos bajo su control – teniendo además por víctima a la misma Asamblea Nacional democráticamente electa en 2015 – y realizar con impunidad sus operaciones criminales.

Las violaciones investigadas comprometen a militares y policías, a jueces y fiscales, al mismo presidente usurpador y a sus ministros encargados del control directo sobre los cuerpos de inteligencia y de policía ejecutores de una orgía criminal atentatoria contra la dignidad humana de venezolanos, por mera sevicia o sadismo o arguyéndose razones ideológicas.

Dada la gravedad del cuadro de violaciones agravadas de derechos humanos ejecutadas por el régimen de Maduro, que traen a la memoria las peores horas de oscuridad que viviese América Latina bajo las dictaduras del Cono Sur, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana hace un llamado al país, para que tome conciencia y evite la normalización entre los venezolanos de la maldad absoluta como habito o algo inevitable.

Pide el acompañamiento, en esta hora, de la comunidad internacional, persuadidos que el castigo de los responsables directos e indirectos de tales crímenes de transcendencia internacional jamás tendrá lugar bajo el imperio de los mismos represores y de que, al efecto, los venezolanos solos no podrán ponerles término a dichas atrocidades.

Hace un llamado a la Internacional Demócrata de Centro (IDC) y al Comité Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), para que ayuden a Venezuela a salir de su tragedia, hoy agravada, por lo demás, dada la letalidad de la pandemia que se expande por sobre su geografía humana dada la negligencia y el ocultamiento de información por el régimen criminal imperante.

Espera el Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela, en fin, que “los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna pertinente, y que la ONU y el Consejo de Derechos Humanos dispongan las gestiones necesarias y urgentes para que la Corte Penal Internacional y su Fiscalía salgan del estado de parálisis a que han sometido las denuncias que fueron llevadas a su instancia desde 2014; ello, a objeto de que ésta juzgue a los responsables de los crímenes bajo su competencia, comenzando con Nicolás Maduro Moros, sus ministros y las autoridades comprometidas. 

Instamos a la Unión Europea para que, en el marco de su política exterior, se cese en los intentos por regularizar electoralmente a la criminalidad de transcendencia internacional instalada de hecho en el poder de Venezuela, y que al efecto escuche el dolor de las víctimas y la voz de sus legítimos representantes. 16 de Septiembre 2020.