La bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presionará por la aprobación de una reforma constitucional cuyo propósito es limitar y el gasto y el endeudamiento público.
Los legisladores rojiazules buscarán que el plenario legislativo avance con la discusión de la iniciativa después de que el candidato presidencial del partido, Rodolfo Piza, hizo una petición en esa línea a los jefes de fracción.
El proyecto consiste en una reforma al artículo 176 de la Constitución Política para incluir reglas claras para limitar el gasto y el endeudamiento.
Algunas de ellas son el establecimiento de un límite al déficit financiero del gobierno del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y dotar a la Administración Pública de cierta flexibilidad en casos de crisis económicas o emergencias.
En este último caso, se plantea que si esas circunstancias superan el límite del 3% en el déficit o el 60% del endeudamiento respecto al PIB, se necesitará mayoría absoluta en el Congreso para la aprobación del presupuesto.
La reforma también permitiría la aprobación de presupuestos plurianuales para gastos de capital (infraestructura y equipos) y resolver la incertidumbre para los casos de no aprobación del presupuesto en el plazo constitucional previsto.
Además, exigir que la Contraloría General de la República informe sobre los efectos presupuestarios de los proyectos de ley y permitir la aprobación de reglas generales de contención del gasto en instituciones autónomas.
El artículo 176 de la Constitución ordena el equilibrio presupuestario mientras que la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos prohíbe financiar gastos corrientes con ingresos de capital.
Pero en la práctica no se cumplen ambas disposiciones.
La reforma también permitiría la aprobación de presupuestos plurianuales para gastos de capital (infraestructura y equipos) y resolver la incertidumbre para los casos de no aprobación del presupuesto en el plazo constitucional previsto.
Además, exigir que la Contraloría General de la República informe sobre los efectos presupuestarios de los proyectos de ley y permitir la aprobación de reglas generales de contención del gasto en instituciones autónomas.
El artículo 176 de la Constitución ordena el equilibrio presupuestario mientras que la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos prohíbe financiar gastos corrientes con ingresos de capital.
Pero en la práctica no se cumplen ambas disposiciones.
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