Terminaron de firmar la carta el miércoles y se la enviaron al ministro del Interior, Mario Fernández. Eran cuatro carillas en que la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, en pleno, le solicitaba formalmente al gobierno suspender la aplicación de la norma que implicará una rebaja en las pensiones de los jubilados. Esto, además de pedir el envío de un proyecto de ley que modifique el mecanismo con que se calculan las tablas de mortalidad para el pago de pensiones.
“El actual sistema, además de generar un miedo generalizado a envejecer -lo que nos parece inaceptable- profundiza las brechas de desigualdad, dejando a Chile como un país que desprotege a los pensionados”, dice la carta, que forma parte de una ofensiva articulada al interior del partido y que configura la próxima lucha que dará la DC para intentar imponer este tema durante lo que resta del gobierno.
Los parlamentarios discutieron el problema con Fernández en la reunión del lunes pasado, y según asistentes a la cita, el jefe de gabinete se comprometió a dar seguimiento a la propuesta y entregar una respuesta en el corto plazo.
El asunto es particularmente relevante para la DC, porque es algo que afecta directamente -explican en la colectividad- a parte de su electorado. En el partido consideran que la reforma ad hoc que hizo la Presidenta Michelle Bachelet en su anterior gobierno explica en buena parte el 80% de aprobación con que dejó La Moneda. Y creen que es un error no estar tomando medidas en la materia en este periodo.
Esta lectura coincide con el análisis de datos que presentó el ex timonel Gutenberg Martínez en el último consejo nacional del partido, que apunta a que la principal baja de apoyos al gobierno y a la Nueva Mayoría coincide significativamente con la desafección del electorado tradicionalmente democratacristiano.
Baja en pensiones
El problema de las pensiones cobró nueva importancia luego de que el pasado viernes 1 de julio las superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros emitieran, a través de una normativa conjunta, las nuevas Tablas de Mortalidad para el cálculo de las pensiones por retiro programado; de los aportes adicionales para pensiones de invalidez y sobrevivencia; y de las reservas técnicas que deben constituir las compañías de seguros que ofrecen rentas vitalicias y que participan del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Según las nuevas estimaciones, las pensiones se reducirían más de un 2% para hombres y mujeres. Y el conflicto que denuncia la DC -para el que pide la ley corta- es que la actual normativa utiliza datos de las superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros para medir la esperanza de vida con que se calculan las pensiones, y no los del Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que provee al Estado de cifras para la elaboración de políticas públicas.
Actualmente hay una importante brecha -de casi nueve años- entre las proyecciones de ambos organismos. “La pregunta de fondo, y que ha motivado nuestra ofensiva en esta materia, es ¿por qué las estadísticas utilizadas por el Estado de Chile en la materia son las que entregan las Administradoras de Pensiones y las Compañías de Seguros, y no las cifras oficiales del INE, que por lo demás son las que el Estado utiliza para el diseño de todas las políticas públicas?”, se lee en la carta.
¿AFP estatal?
Además de congelar la rebaja y enviar el proyecto, en la DC hay consenso respecto de la necesidad de establecer una nueva reforma previsional como una de las principales prioridades programáticas para las elecciones del próximo año, sobre todo, porque hay una convicción transversal en ese partido respecto del bajo impacto que tendría -en caso de concretarse- la creación de una AFP estatal en la vida de los jubilados.
La presentación del proyecto fue parte de las medidas que comprometió la PresidentaBachelet para los primeros cien días de su gobierno. Sin embargo, lleva más de dos años si avances en la Cámara de Diputados, recién en su primer trámite constitucional.
No obstante, su avance no les parece realmente prioritario a los parlamentarios de la DC, ya que el efecto que podría generar la entrada en competencia de una administradora de estas características es puesto en duda por un amplio segmento de la colectividad, donde admiten que su creación tendrá un carácter más bien simbólico.
“En el caso de la AFP estatal me parece que es un proyecto que no cumple el objetivo de resolver la situación de las pensiones en el país. Es una más dentro de un sistema que está ya muy regulado. Y si uno lo piensa desde el punto de vista de generar más competencia, ya se logró en la reforma anterior que hicimos con la Presidenta, que ha permitido la creación de nuevas AFP. Eso se ha notado en la rebaja de comisiones. Por lo tanto, no veo mayor ventaja en tener una administradora del Estado”, comentó a La Tercera la senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic.
A su juicio, “lo que vale la pena hacer es una discusión más estructural respecto del sistema de pensiones, que nos permita pensar en un sistema que pueda ser, quizás, tripartito, y que sea una discusión que permita a los chilenos alcanzar pensiones más justas”. Y agrega: “No me cabe duda de que es una reforma estructual que ya no podemos hacer en este gobierno, pero tenemos un informe de una comisión que deja elementos de análisis. Podemos generar la propuesta ahora perfectamente, porque tiene que ver con hacernos cargo de una de las principales demandas que tienen hoy los chilenos”.
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