Aunque la situación de los derechos humanos en Nicaragua experimentó notable mejoría a partir del abrumador triunfo electoral de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el problema humanitario está lejos de haberse resuelto. En efecto, bajo diversos pretextos, en Nicaragua no se ha logrado establecer una “Comisión de la Verdad” como ha sido el caso en Chile, Argentina y, más recientemente, en Guatemala y El Salvador. Las Comisiones de la Verdad han contado con la aprobación y respaldo no solo de las instancias humanitarias de la OEA y de la ONU sino también de las grandes instituciones religiosas incluyendo las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de las Iglesias así como de organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y otras de indiscutible prestigio y credibilidad. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, además de no haber seguido el beneficioso ejemplo de los países antes mencionados, la miopía, tolerancia o negligencia de los gobiernos democráticos posteriores a 1990, han propiciado el progresivo deterioro de los derechos humanos hasta colocarnos en la situación actual que presagia mayores problemas futuros.
De particular gravedad es el hecho que, como consecuencia de reiteradas violaciones a la Constitución, con la complicidad de demócratas renegados que públicamente se asociaron con el Frente Sandinista en la llamada Convergencia y que —no obstante engañosas apariencias— siguen secretamente asociados con dicho partido, Nicaragua está actualmente gobernada por una persona que ostenta el título de presidente pero que constitucionalmente no lo es. En efecto, el actual “titular del ejecutivo”, no solo ha sido electo de manera fraudulenta en dos elecciones consecutivas sino que, en su segunda reelección, su candidatura misma fue declarada inválida desde el inicio — es decir, no existente de iure — por haber sido impuesta mediante una flagrante violación a la Constitución. Por consiguiente, podemos y debemos afirmar que, aunque sea teóricamente un Estado y siga llamándose República, Nicaragua ha dejado de serlo. Por eso, al mismo tiempo que es nuestro deber cívico y moral seguir luchando para superar las carencias en educación, salud, protección social, etc., así como el desempleo endémico y la extrema pobreza, nuestra prioridad absoluta debe ser seguir luchando por todos los medios legítimos y no violentos para reinstaurar nuestra República y sus instituciones fundamentales.
Es importante recordar que, durante los últimos decenios, la historia de Venezuela y la de Nicaragua han estado profundamente ligadas, primero, por el apoyo brindado en la lucha contra Somoza por el Presidente socialdemócrata de Venezuela Carlos Andrés Pérez, y luego, por la extraordinaria solidaridad del pueblo y gobierno de Venezuela bajo la presidencia del socialcristiano Luis Herrera Campins cuyo Secretario Privado era, precisamente, Ramón Guillermo Aveledo, promotor y — hasta recientemente — coordinador de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y, actualmente, su encargado de Relaciones Internacionales.
Por lo tanto, los demócratas de Venezuela y de Nicaragua, respondiendo al llamado de la historia, debemos acercarnos nuevamente para luchar juntos contra los abusos de nuestros respectivos gobernantes en perjuicio de nuestros pueblos, a fin de que, además de luchar unidos para vencer la ignorancia, el desempleo y el empobrecimiento, estemos también unidos en la liberación de nuestra Patria y en la restauración de nuestros derechos.
Uniéndonos, nuestros pueblos demuestran su fidelidad a líderes continentales como Bolívar, Morazán, Martí y Sandino y los nicaragüenses honramos a nuestros héroes y próceres de la talla de Andrés Castro, José Dolores Estrada, Pedro Joaquín Chamorro, Ramiro Sacasa Guerrero, Eduardo Rivas Gasteazoro y Orlando Robleto Gallo, así como a nuestros grandes pensadores y dirigentes democráticos.
¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Unidos hasta la victoria siempre!
*El autor es fundador de la CPDH y actual presidente Nacional del PSC.
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