La diputación panista insiste en que la Ley General de Aguas no se va a discutir y mucho menos a votar, hasta que no se esclarezcan todas las dudas.
El legislador queretano Ricardo Anaya Cortés, estricto en sus comentarios, señaló que bajo ninguna circunstancia Acción Nacional se va a prestar a una legislación que tenga fines privatizadores.
"Debemos de garantizar que esta reforma verdaderamente sirva a los ciudadanos y mientras no haya un amplio consenso, mientras no se haya escuchado a los especialistas, a los académicos, a la sociedad civil organizada, por supuesto que no lo estaremos votando en este Pleno”, afirmó.
Anaya Cortés dejó en claro que no es responsabilidad de los coordinadores parlamentarios ni de la Junta de Coordinación Política solicitar que el dictamen de la Ley General de Aguas regrese a las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y a la de Recursos Hidráulicos, sino precisamente quienes están facultadas de hacer esta solicitud son las propias comisiones legislativas.
El coordinador parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro afirmó que resultaría conveniente que los presidentes de esas comisiones soliciten a la Mesa Directiva la devolución del dictamen para que, precisamente, en el seno de estas instancias parlamentarias se abra la discusión, se escuche a los expertos y se hagan las correcciones pertinentes, garantizando la no privatización del vital líquido.
Cuestionado el legislador panista sobre la posibilidad de un periodo extraordinario para sacar adelante el asunto, expresó que “sólo en caso de que no se alcanzara a resolver en este periodo ordinario, se debiera pensar en un extraordinario”.
Insistió en que el primer paso a seguir es que los presidentes de las respectivas comisiones soliciten que el dictamen les sea devuelto, pues si bien no se debe trabajar de prisa en este asunto, tampoco debe procederse con pausas.
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