La Fuerza Pública debe ser una institución dedicada a proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Cuando dicha fuerza no se enmarca dentro de estrictos parámetros y protocolos de acción, se abre paso al matonismo, a la penetración del crimen organizado y a las tentaciones antidemocráticas.
Oportunamente hemos advertido al señor presidente que las políticas de protección al abuso policial, en lugar de mejorar la moral de los oficiales de Policía, degradan la institución. El indulto de los policías asesinos de pescadores, la aprobación de la Ley 74 y la sensación de impunidad para los represores y violadores de derechos humanos en Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y Colón, sumado a la percepción de tolerancia del Ministerio de Seguridad ante las células de tumbadores que funcionan dentro de la Fuerza Pública, producen un sistema que induce a esas conductas en lugar de arrestarlas.
Uno de los pasos más equivocados que ha tomado el gobierno del presidente Martinelli fue la adopción de la Ley 74 del 26 de octubre de 2010, la cual, entre otras cosas, establece que cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea querellado, imputado o procesado, por presunta comisión de delito ejecutado en cumplimiento de su deber (sic) por motivo de del uso de fuerza excesiva e injustificada (sic), no se ordenará detención preventiva ni destitución de su cargo, disponiendo su transferencia a trabajo administrativo en oficinas. Esto significa, y así oportunamente se lo advertimos al señor presidente, que este privilegio se aplica incluso si ya un fiscal ha iniciado un proceso penal por estar convencido de la culpabilidad del sujeto.
Es una norma social muy antigua que, a quien tiene más responsabilidad y poder, se le aplican sanciones más severas, casualmente porque es capaz de hacer un daño mayor y porque debe tener mayor conciencia de sus actos. La legislación creada por este Gobierno hace todo lo contrario y desmoraliza a los oficiales decentes, honestos y dignos que se ven obligados a compartir el uniforme y el área de trabajo con asesinos y tumbadores.
Hoy recordamos a las víctimas fatales del modelo que estamos denunciando: Dagoberto y Rigoberto Pérez, Erick Batista, Benjamín Mojica, José Frías y Omar Ibarra, Joel Liu Wung, Samuel Zeng Cheng, Yessenia Lou Kan, Young Wu Ken, Georgina Lee Chen, Jerónimo Rodríguez Tugri Francisco Miranda, Yamileth Navarro, Josué Patricio Vega, Jimmy Dixon y, finalmente, a los dos menores asesinados en San Carlos, Isama y Rinkal Ahir. ¿Cuántos muertos más aguanta su conciencia, Sr. presidente?
La Policía Nacional debe ser respetada y querida, no rechazada y temida.
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