COSTA RICA | GOBIERNO DEBE ABRIR NEGOCIACIÓN CON EL PARLAMENTO

Editor Noticiero DC |

“El país no está para que se  mantengan  posiciones irreductibles, y menos sobre temas tan sensibles como el Código Procesal Laboral. El Ejecutivo está obligado a buscar una salida negociada con las fracciones legislativas, que resuelva sus inquietudes con respecto al tema de las huelgas en el sector público, sin que eso signifique  el entierro de dicho Código”.
En esos términos se manifestó el diputado Luis Fishman, al comentar declaraciones  del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, a propósito del veto interpuesto por el Gobierno a varios artículos de esa legislación aprobada el pasado 11 de setiembre.
“Si el veto se tramita tal y como está establecido en el Reglamento Legislativo, eso puede significar el entierro de esa legislación laboral,  ocasionando   graves  daños  al sector laboral y a la paz del país”, dijo el diputado.

Frente a esta alternativa, Fishman estima que resulta impostergable promover una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay que salvar ese nuevo Código Procesal, que tiene adelantos muy significativos en  la legislación laboral del país.
El diputado socialcristiano hizo alusión a las consideraciones expuestas por el Gobierno en el veto donde se afirma que  “…el Poder Ejecutivo concuerda totalmente con el Poder Legislativo en la necesidad de ajustar la legislación procesal laboral, como un medio para alcanzar una efectiva tutela jurisdiccional de los derechos sociales y de las y los trabajadores”.
“Si se es consecuente con esa afirmación, que yo comparto plenamente, lo que corresponde es negociar, buscar un consenso donde se aborden los temas relacionados con las huelgas en el sector público y la contratación de trabajadores temporales ante esa eventualidad, preocupación del Gobierno, sin enterrar la totalidad de la propuesta”.
Fishman declaró estar dispuesto a dar su aporte en aras de alcanzar un acuerdo   justo entre las partes interesadas. “En mi criterio, el texto que aprobamos  y que fue  una iniciativa del Poder Judicial,  garantiza plenamente el acceso de la ciudadanía a servicios públicos esenciales, en caso de un estado de huelga, pero si hay que blindar más ese derecho, busquemos en conjunto la mejor alternativa”,  concluyó Fishman.