La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional hizo bien al rechazar el proyecto de Reformas Electorales hace unas semanas. Hizo bien, porque ya en ese momento era tarde para cambiar la legislación electoral –a menos de dos años de las elecciones y con el PLAGEL (Plan General de Elecciones) ya en marcha- y porque al proyecto original se le habían hecho cambios que los desfiguraban a un nivel irreconocible de lo que fue objeto de consenso en el año 2010. Sin embargo, en el mismo acto el H.D. Abraham Martínez anunció que en los próximos días, su partido –Cambio Democrático- presentaría un nuevo proyecto ‘con unas pocas reformas’.
Ya en ese momento tuve la oportunidad de manifestar que la idea no era buena porque sería inoportuno presentar reformas electorales. Incluso puse en duda la constitucionalidad de que un proyecto de esa naturaleza tuviera como origen a la Asamblea Nacional –esta fue una apreciación incorrecta de parte mía porque interpreté un artículo de la Constitución Política que daba pie a esta opinión, pero no consideré otro que decía explícitamente que la iniciativa legislativa en materia electoral no era exclusiva del Tribunal Electoral como yo sugerí– pero me mantengo en que sería inoportuno hacerlo.
La posición del Partido Popular, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y del Frente por la Defensa de la Democracia es que no deben hacerse cambios al régimen electoral vigente –que es el mismo bajo el cual se eligió al Sr. Ricardo Martinelli como presidente de la República- porque estamos a menos de dos años de las próximas elecciones y el Tribunal Electoral ha advertido que podría afectarse la capacidad del mismo de llevar a cabo las elecciones con la transparencia y la confiabilidad de los últimos cuatro torneos electorales.
Tanto el PP como los demás integrantes del CNRE y del FDD nos hemos comprometido a aprobar las reformas consensuadas en el 2010 tan pronto pasen las elecciones y a continuar en enero del 2015 con el proceso de evaluación y reforma quinquenal que ha sido uno de los elementos ejemplares del moderno régimen político panameño. Entrar ahora a evaluar las nuevas propuestas de reforma sería caer en una trampa política porque va contra las posiciones unificadas de todo el campo político y social panameño –exceptuando al CD- y porque abriríamos el debate a las reformas que no han propuesto todavía y que de seguro serán las funestas.
Rechazamos el proyecto, no porque sus propuestas sean malas –ni mucho menos porque sean buenas- si no porque es inoportuno.
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