Como diputada me encuentro incómoda por la forma como se ha tramitado este proyecto de impuestos, como socialcristiana me opongo a los términos en que se ha planteado pues considero que este plan está muy alejado de la reforma fiscal que necesita Costa Rica, y en la cual estaría dispuesta a contribuir con mi voto. Como simple ciudadana me preocupa el aumento en el costo de vida, que perjudicará especialmente a los más pobres y entre ellos a las mujeres y personas de la tercera edad que son de por si los más pobres de los pobres.
Efectivamente un alto déficit fiscal afecta la estabilidad macroeconómica y el crecimiento que requiere la economía costarricense. Estamos claros que se hace urgente una mayor recaudación, pero paralelamente el país demanda que el sistema tributario sea más equitativo, que se fortalezcan los mecanismos para reducir la evasión fiscal, y voluntad para contener el gasto publico.
Antes de fijar impuestos debemos analizar cuál ha sido el comportamiento fiscal de nuestro país a lo largo de los últimos años.
Es evidente que este gobierno hereda un déficit fiscal, producto de un crecimiento irresponsable de los gastos corrientes, sin contar con los ingresos necesarios para mantener la estabilidad en forma sostenida.
Lo interesante es que esta situación es recurrente cada vez que el PLN deja una administración. En 1990 el déficit del Sector Público Consolidado que heredamos era superior al que recibió la actual Administración. En su momento los socialcristianos denunciamos esta situación desde el primer día, lo que nos permitió tomar acciones de inmediato.
Entiendo que para el gobierno actual era complicado reconocer que las arcas nuevamente estaban vacías. Lo que no puedo entender ni aceptar, es que el Ministro de Hacienda no comenzara desde el mismo 8 de mayo a tomar medidas correctivas, de contener el gasto y plantear una solución a largo plazo, se supone que viniendo de la misma agrupación política contaba con la información sobre el estado las finanzas del país.
En el 90 heredamos de la Administración Arias, un déficit consolidado del Sector Publico equivalente al 8% de PIB. Y por si esto no fuera suficiente, prácticamente nos quedamos sin divisas en los primeros días de gobierno, cuando hubo que desembolsar, el 21 de mayo, más de 200 millones de dólares para el pago de la factura comercial del país.
Y si bien el arreglo fue positivo, dejó sin divisas al país. En ese momento se tomaron medidas de emergencia, se subió temporalmente el impuesto de ventas en 3 puntos y se contuvo el gasto. Al final del segundo año el déficit consolidado del SP era el equivalente al 2% del PIB.
Al finalizar la administración socialcristiana, ese mismo déficit se había reducido a un 1% del PIB y en el Banco Central contaba con el nivel de reserva de divisas más alto de la historia hasta 1994. Mostramos, así mismo, los niveles de crecimiento económico más altos de del Continente en los años 92 y 93. Pero no simplemente mejoraron las finanza publicas sino que de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ostentamos el Primer Lugar en Desarrollo Humano de América Latina y a nivel nacional se logró la reducción porcentual más grande de la historia de los niveles de pobreza.
A los socialcristianos no nos pueden hablar de manejo de crisis, ni decirnos que los problemas económicos se van a resolver simplemente con subir impuestos. Si bien en el 90 nos vimos obligados a subir el impuesto de ventas a un 15%, cuando dejamos el gobierno había bajado al 12%.
Quienes hemos tenido la oportunidad de gobernar y enfrentar crisis como la que hoy nos presenta el gobierno, no podemos entender la forma de actuar del Ministro, las medidas que se han tomado y menos aún, patrocinar con nuestro apoyo un paquete tributario injusto y regresivo. Por eso lo hemos combatido.
Nos preocupa que dada la vocación de gasto del PLN, en poco tiempo estaremos enfrentando nuevamente problemas fiscales, les hemos dejado las arcas llenas e invariablemente al final de las administraciones liberacionistas siempre hay crisis fiscal, solo repasemos la historia. No hemos visto nunca que se tomen medidas para ordenar el gasto público, la planilla estatal invariablemente crece en forma desmedida, 50 mil nuevas plazas en la administración anterior son ejemplo de su accionar, y no hay garantía de que las cosas vayan a cambiar y que los recursos frescos vayan a ser utilizados en inversiones que beneficien a nuestro pueblo.
El país sigue en espera de un Sistema Tributario donde los que más tienen más paguen y los que menos tienen paguen menos; el sistema actual carece de progresividad en alto grado, y ese es un problema que no se corrige con el Plan Fiscal actual.
A pesar de nuestra oposición al proyecto, hemos hecho todo lo posible por incorporar cambios para dotar al Sistema de Impuesto de Renta de más progresividad y al Sistema del Impuesto de Valor Agregado de menor regresividad. Sin embargo y, a pesar de la participación responsable y dedicada de nuestro compañero, el Diputado Rodolfo Sotomayor, la mayoría de las mociones no fueron atendidas en la Comisión, porque como todos sabemos el trámite de las mismas fue atropellado.
Son muchos los fundamentos para que mi voto sea negativo, entre ellos, que me opongo a la pretensión de gravar con un 15% los intereses que generan los ahorros a la vista de los costarricenses, porque estamos hablando del esfuerzo de la clase trabajadora, porque son los recursos que ellos guardan para atender contingencias, porque significa gravar el salario de obreros, oficinistas, cajeras, en fin de quienes depositan su escueto salario en cuentas de ahorro.
En vez de estimular el ahorro, se está poniendo un impuesto al sacrificio que significa guardar un poco de plata cuando ya de por si no alcanza. Se debería mas bien, exonerar los intereses que generan los diferentes ahorros que suelen hacer los asalariados, como el ahorro navideño y el ahorro escolar.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) nos parece que si fuera el único incremento la situación no sería tan grave, pero este es uno más de una larga lista de impositivos con que se está gravando al pueblo. El incremento de un punto porcentual no es gran cosa, pero estamos hablando de que este incremento equivale a un 8% de la tarifa del impuesto.
Más grave aún, es el hecho que este impuesto se impondrá de ahora en adelante en todos los servicios, lo que significa que no se les está haciendo un aumento de un punto sino de 14 puntos de golpe.
Los cambios en el IVA tendrán como consecuencia un incremento generalizado de los precios de muchos bienes y servicios, y el encarecimiento del costo de vida se sentirá de inmediato en el presupuesto de las familias.
La Fracción Socialcristiana mocionó en múltiples ocasiones para hacer menos regresivo el IVA, exonerando o reduciendo la tarifa del impuesto para los bienes y servicios que son consumidos sobre todo por los sectores de menor ingreso o vulnerables, sin embargo, muchos de estos intentos fueron infructuosos.
El tema de la canasta básica merece especial atención por parte de los costarricenses. Como es posible que se anuncie como un gran logro, el hecho que se exoneran de impuestos poco mas de 250 productos de la canasta básica, cuando la canasta actual contiene más de 500. No se necesita ser matemático ni economista para entender que se está reduciendo casi a la mitad los productos de consumo básico ¿cómo puede esto ser un logro?
Los esfuerzos para incluir diferentes productos y servicios de consumo general fueron infructuosos en la mayoría de los casos, a pesar de que se logró incluir algunos productos como los alimentos libres de gluten y azucares para atender las necesidades de las personas celiacas y diabéticas. Recordemos que estos alimentos no representan un lujo, como se quiso plantear, sino una necesidad para quienes padecen estas enfemedades.
Los mariscos, los crustáceos, el pescado y los insumos para obtener los productos pesqueros, también fueron incluidos gracias a las gestiones socialcristianas, que entienden que para los habitantes de las zonas costeras, las más pobres del país, son parte fundamental de su dieta.
Se logró también incorporar en esa canasta básica, el servicio de fotocopiado, para favorecer a los estudiantes que a diario utilizan estos servicios y la exoneración del IVA para los textos de la educación para-universitaria.
Tuvieron que venir grupos de ancianos, cruz rojistas y bomberos a las barras, para recordarle a los aliados en este Plan fiscal, la importancia de la labor que realizan instituciones como la Junta de Protección Social, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense y tras intensos procesos de negociación se logró exonerar del IVA sus actividades.
No logro comprender -y esta es una razón fundamental para no dar mi voto a este proyecto de ley- que los servicios de salud y educación privados, sean gravados con el IVA. Esto es una cuestión de principios, no importa si el monto es mucho o poco, es inaceptable que en un país en el que nos preciamos de que nuestro ejército lo conforman los estudiantes y los maestros, gravemos la educación.
Ni que decir de la salud, cuando se trata de un derecho fundamental.
Siento que al proponer esta imposición se va en contra de la visión que como país hemos tenido en los últimos doscientos años, además que atenta contra nuestros sistemas de salud y educación pública, que se verán inevitablemente más congestionados. El servicio que brinda el Estado ya de por si se encuentra colapsado y comprometido. En materia de educación la oferta de las universidades estatales ya es limitada, la población universitaria ronda los 190.000 estudiantes, y casi el 50% de ellos se encuentran realizando sus estudios en universidades privadas. Con un agravante mayor, como se ha demostrado, no son los jóvenes de familias pudientes los que asisten a estas universidades, sino aquellos que trabajan y estudian, lo que podría provocar además el abandono de las aulas.
Lo mismo ocurre con la educación en los niveles de primaria y secundaria. En las familias de ingreso medio el gasto en educación sobrepasa a veces el 30% de los ingresos. Por esta razón el encarecimiento de estos servicios podría provocar un traslado hacia las escuelas públicas.
Son pocos 10 minutos para referirse a esta ley que pretende elevar en un 100% el impuesto al traspaso de propiedades, encareciendo el costo en vez de estimular la adquisición de vivienda para clase media, como una forma de ahorro.
Para referirnos a un proyecto poco solidario, pues no existe ningún tratamiento preferencial para la mujer que se dedicada a los quehaceres del hogar, como sería el reconocimiento de gasto deducible de renta, para las sumas destinadas a la atención de sus necesidades personales.
No vemos en este proyecto de ley el establecimiento de tarifas del Impuesto de Renta diferenciadas, para favorecer los proyectos localizados en zonas de menor desarrollo relativo, como un mecanismo efectivo para incrementar el empleo y de solidaridad territorial, lo que conduciría al mejoramiento del nivel de vida en esas zonas.
Este proyecto no establece incentivos a la adquisición de vehículos con tecnologías limpias, todo lo contrario, los encarece, y de esta forma contradice la posición que asumió Costa Rica ante el mundo de cumplir con la meta de ser Carbono Neutral en el 2021. Con un criterio fiscalista se eliminó en el proyecto de la nueva Ley de Tránsito, un incentivo al uso de este tipo de vehículos y aquí pretenden encarecerlos más. En la actualidad, para importar un vehículo se paga en impuestos por lo menos un 60% del valor de factura y se pretende subir el Impuesto Selectivo de Consumo en 5 puntos porcentuales, el IVA en 1 punto porcentual y el pago del marchamo en un 50% si el vehículo tiene un valor superior a ¢22 millones.
Adicionalmente, se pretende subir el impuesto por el traspaso de los vehículos, subirá el precio de los repuestos, y subirán los servicios de mecánica y los servicios de enderezado y pintura.
Con estos aumentos, Costa Rica se convierte en uno de los países más caros del mundo para la compra de automóviles, porque no solo subirá el precio de los vehículos, sino también el costo de su mantenimiento. Recordemos tan solo que los autos también son herramientas de trabajo.
Para concluir señor Presidente, debo decir que por un asunto de responsabilidad política, social y económica, y por nuestro compromiso con los que menos tienen, no podemos avalar un plan de impuestos que carece de los elementos de progresividad y justicia tributaria que todos anhelamos, y que más bien es un cheque en blanco para que el Gobierno de la República siga gastando a manos llenas a costa de los bolsillos de los costarricenses.
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