El diputado Walter Céspedes Salazar anunció hoy que la Fracción Legislativa del Partido Unidad Socialcristiana –PUSC-, presentó una denuncia contra jerarcas del Ministerio de Educación Pública ante la Contraloría General de la República, por las supuestas irregularidades en las Contrataciones de obras por Licitación, posibles favorecimientos a ciertas empresas en las adjudicaciones, presuntos sobreprecios en los contratos, falta de ejecución de recursos asignados en los Presupuestos Nacionales, y además por la aparente falta de controles en algunos programas.
La solicitud que hacen los socialcristianos se refiere a que se investiguen los siguientes jerarcas, quienes tendrían a nuestro criterio la responsabilidad ante los hechos denunciados: Leonardo Garnier, Ministro de Educación, Silvia Víquez Ramírez, Viceministra de Educación, Carlos Villalobos Arguello, Director de la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo), Irving Mathews, Jefe Depto. Contrataciones de la DIEE
A criterio del legislador Walter Céspedes, “es muy importante la intervención del ente contralor y que se establezcan las responsabilidades des del caso, y si procede, entonces se haga traslado de esta situación al Ministerio Público. No puede ser, por ejemplo que, el MEP adjudica la contratación a una empresa, sin que conste en el expediente alguna justificación para la escogencia del adjudicatario.”
Los legisladores del PUSC, en su denuncia trasladan a la Contraloría informaciones y documentación que evidencian las supuestas irregularidades, que por ejemplo la misma Auditoría de ese Ministerio determinó que la rotación de los proveedores no es idónea y se visualiza la preferencia hacia ciertas empresas. Tal parece que los procesos de selección de las empresas carecen de transparencia y confiabilidad. Además se denota la ausencia de parámetros técnicos y metodológicos para la elección de los oferentes.
El diputado Walter Céspedes, secretario de la Comisión de Gasto Público, anunció además que presentará una moción para que se inicie una investigación sobre este caso en dicho Órgano Legislativo.
“Y es que, hay situaciones que aparentan evidentes anomalías, tales como el hecho de contratar una obra por un monto de ¢ 425 millones, y que sobre el mismo contrato se hagan modificaciones por más de ¢ 170 millones. Otro ejemplo, hacen un contrato para obras por un monto de ¢1.600 millones y le incluyen modificaciones por la suma de ¢ 799.980.854,oo. Por otro lado por ejemplo, digo yo, que la construcción adicional de un gimnasio, no debe ser considerada Situación Imprevisible”, acotó el legislador limonense.
“Parece que las Juntas de Educación no ejecutan la plata y la guardan como que si no necesitaran construir absolutamente nada; y el Ministerio de Educación autoriza al Ministerio de Hacienda el giro a las cuentas de las Juntas sin contar con los debidos estudios que respalden su transferencia económica. Tanto es así que a enero del 2011 el monto total sin ejecutar asciende a 71.399 millones de colones (casi una tercera parte de lo que están pretendiendo recaudar con el plan fiscal )”, concluyó Céspedes Salazar.
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