Era una pelea anunciada. Hace tres meses, cuando el senador José Darío Salazar tomó posesión como presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador, anunció que presentaría un proyecto de reforma constitucional para prohibir en el país la práctica del aborto en todas sus formas, es decir, independientemente de si existe malformación del feto, riesgo en la vida de la madre o el embarazo fue producto de una violación. En ese entonces, le llovieron críticas, Salazar aplazó su intención y algunos dieron por sentado que se olvidaría de su propuesta.
Pero la semana pasada, en el marco de la Asamblea Nacional de la Conferencia Episcopal en Bogotá, el dirigente conservador realizó una ‘gira ecuménica’ para recoger el respaldo de la Iglesia Católica a su iniciativa. Según anunció, el acto legislativo será radicado está semana en el Congreso, planteando la modificación del artículo 11 de la Constitución , que dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” y que según la propuesta quedaría así: “Se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Salazar, acompañado por el representante Miguel Gómez, del Partido de la U , argumentó que solamente está interpretando el deseo de la ciudadanía que en muchas encuestas se ha mostrado en contra del aborto. Dijo que hoy en día la oposición a la interrupción del embarazo no es sólo por razones religiosas sino éticas, al tiempo que aclaró que el Congreso nunca ha legislado sobre este tema, que ni siquiera los constituyentes del 91 estuvieron de acuerdo con “irrespetar” el derecho a la vida y que no puede ser que ahora “unos magistrados nos cambien la Constitución para violar ese derecho”.
Y ante la nueva cruzada de Salazar, las reacciones no se han hecho esperar. La organización Women's Link Worldwide, liderada en Colombia por la abogada Mónica Roa –quien precisamente impulsó la despenalización del aborto en los tres casos mencionados–, advirtió que en caso de presentarse el proyecto en el Legislativo, estaría lleno de vicios jurídicos que está dispuesta a demandar en caso de ser aprobado. Según Roa, la Corte Constitucional ya se pronunció y dijo que los derechos de las mujeres, además de ser fundamentales, son derechos humanos y no pueden ser desconocidos. “Es claro, un proyecto en ese sentido no podría pasar el test de constitucionalidad”, enfatizó.
Roa argumenta que catalogar el aborto como un delito no ha demostrado persuadir a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo de no hacerlo. “Cuando una mujer se encuentra en una situación tan desesperada que prefiere convertirse en delincuente antes que en madre, la posibilidad de que sea castigada en el Código Penal no la convence de no abortar, sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida”, dijo.
El ex magistrado de la Corte Carlos Gaviria cree que “peligrosamente” la iniciativa de Salazar sí puede prosperar, aunque espera que esta sea la prueba para determinar qué tanto ha avanzado el país: “Hay mucha gente que se empeña en que Colombia no progrese. Uno espera que la gente reaccione de una manera diferente a como lo hacía unos años. Creo que los debates acerca del aborto y la eutanasia han surtido efecto en la opinión. Lo más peligroso es volver a mezclar a la Iglesia con asuntos de Estado”, sostuvo.
Por cierto, el presidente de la Conferencia Episcopal , monseñor Rubén Salazar, consideró la propuesta “laudable” y anunció que está de acuerdo con que quede claro el respeto a la vida en todas las etapas porque “hemos caído en un irrespeto constante creciente a la vida y hemos perdido la cultura de la vida”. Lo cierto es que el debate en torno al aborto volverá a la primera fila del orden nacional.
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