Alejandro Vivas, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas advirtió que en el marco de la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda aprobada en primera discusión la semana pasada, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional crearon un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se llamará Moneda de la Construcción.
El Concejal Metropolitano destacó que si bien existen algunos puntos positivos en el instrumento, debe evitarse que las decisiones sobre la emergencia y la planificación de las políticas para su atención, recaigan en la discrecionalidad del presidente de la República , por lo que considera que el texto debe ser bien estricto en cuanto a la normativa, para impedir interpretaciones libres del texto.
Advirtió que “el gobierno nacional quiere jugar posición adelantada y no podemos permitirlo, con la excusa de la emergencia nacional se inventó una Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, pero en el texto no legisla sobre la emergencia, pero si sobre otros temas como propiedad privada, ordenamiento urbano y el sistema nacional de viviendas. En criollo nos quieren vender chicha por limonada”.
Alejandro Vivas criticó además que luego de acusar y calificar como “ladrones y estafadores” a los constructores, inversionistas y agentes inmobiliarios por utilizar el índice de precios al consumidor como una referencia para modificar el precio de las viviendas. “Ahora el gobierno viene le cambia el nombre al IPC por Moneda de La Construcción y ya no es estafa”, advirtió.
Recordó que el IPC es un indicador generado por el Banco Central de Venezuela que era utilizado por las inmobiliarias para actualizar el precio de las viviendas según el crecimiento inflacionario año a año.
El Edil Metropolitano indicó que “fue por el cobro del IPC que el presidente Hugo Chávez tildó de estafadores a los constructores y lo llevó a adelantar una medida de expropiación y ocupación temporal de varios desarrollos urbanísticos en el territorio nacional, sin escuchar a los constructores cuando intentaron explicar las razones para el cobro de esta tasa”.
Acotó que la Moneda de La Construcción como lo establece el texto aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional , es un índice de valor oficial que será revisado los 30 primeros días del año o en cualquier momento por el recién creado Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda.
Ley de emergencia o permanente
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas señala que es necesaria la aprobación de un instrumento legal que establezca los lineamientos para trabajar coordinadamente en la atención de situaciones de emergencia, pero advirtió que la presente ley carece de esas características, pues en vez de mostrar medidas de carácter transitorio establece acciones permanentes.
Alejandro Vivas criticó además que “la declaratoria de Zona de Emergencia sea una facultad a discrecionalidad del presidente de la República. Además en esos territorios, el Ejecutivo Nacional tendrá el control absoluto, dejando a un lado a las autoridades regionales electas por el pueblo, atentando contra lo establecido en la Constitución Nacional ”.
Para el Concejal Metropolitano, “que la ley le permita al Ejecutivo Nacional, decidir con excesiva discrecionalidad violenta el derecho a la propiedad privada que tenemos todos los ciudadanos de la República , indicando que además se ordena la ocupación previa de los terrenos afectados para su ejecución”.
Considera además un exceso que el ordenamiento de estos territorios sea una competencia del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda (INTUV) y una Oficina Temporal de Ordenamiento, “esto es una clara violación a la autonomía municipal, cuyas competencias en materia de Ordenamiento Urbano y Urbanístico están previstas en la Constitución y en la LOPPM ”.
El Edil Metropolitano destacó que el presidente Chávez pidió el martes a los empresarios no temer a su gobierno “socialista”, pero las acciones que lleva adelante con esta ley no propician el acercamiento.
Vivas asegura que con la ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda el gobierno nacional “descarga la responsabilidad en la generación de soluciones habitacionales en el sector privado y su financiamiento de la banca privada. El Estado no quiere asumir su responsabilidad, porque no se incluye para garantizar el financiamiento de las obras, ni para apoyar su construcción”.
.jpg)
