En todo sistema democrático, la regla de las mayorías y la posibilidad de la alternancia son condiciones sine qua non. Después de décadas de continuas reformas, a nivel federal se han alcanzado estándares de calidad democrática que permiten que ambas afirmaciones sean cumplidas con razonable suficiencia bajo el arbitraje del IFE y del Tribunal Electoral. En palabras de Adam Przeworski, se cumplen dos principios inherentes a toda democracia: la certidumbre en las reglas de la competencia y la incertidumbre en los resultados de la votación, lo que da pie a la alternancia como una posibilidad latente.

Lamentablemente, no ocurre así en varias entidades de la República. Ante la ausencia del poder presidencial omnímodo, algunos gobernadores se han erigido como depositarios de lo que Jorge Carpizo denominó facultades "metaconstitucionales", que antes eran exclusivas del Presidente y quedaron vacantes a raíz de la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000.

Ante tal fenómeno, en algunos estados se ha cancelado la posibilidad de la vigencia de los principios y de los valores democráticos. Observamos con preocupación que las libertades han sido severamente restringidas o, lo que es peor, suprimidas totalmente. La libertad de expresión, de prensa y de asociación son prácticamente inexistentes. La discrecionalidad en el ejercicio del gasto y la opacidad imperan. El voto clientelar y condicionado reemplaza al voto libre y secreto. Es en este marco en el que hemos analizado la posible formación de coaliciones electorales y de gobierno en Durango, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

La política de alianzas impulsada por Acción Nacional debe cumplir dos premisas fundamentales: la primera es que estas coaliciones representen un verdadero sentir ciudadano. La segunda es que existan las condiciones para construir una agenda de cambio que refleje un proyecto de gobierno congruente con los principios del PAN, mucho más allá de una mera aventura electoral.

En cuanto al primer requisito, se trata de trascender a los partidos mismos para identificar y acompañar un anhelo genuino de los ciudadanos que buscan un cambio de fondo. En dicho proyecto caben todos los mexicanos de buena fe que quieran participar en la transformación de su estado, con independencia de su filiación partidista.

Por lo que hace a la segunda premisa, estamos convencidos de que las alianzas fomentan acuerdos socialmente fuertes y permiten la elaboración de una agenda que facilita la acción del gobierno. No nos conformamos con la construcción de alianzas electorales, sino que perseguimos la formación de acuerdos para un programa de gobierno de seis años.

Esta visión superior implica el imperativo ético de hacer de lado las diferencias que hemos tenido y tenemos con los partidos que eventualmente integrarían las coaliciones, para concentrarnos en lo que nos une: la convicción de generar condiciones propicias para la alternancia, la transformación política, el desarrollo económico y la justicia social.

Perseguimos, en suma, un objetivo más alto que la victoria electoral. Buscamos acceder al poder por la vía democrática para tocar las realidades locales y transformarlas a través de gobiernos de transición en los que los ciudadanos tengan la primera y la última palabra.