La directiva del Congreso Nacional decidió ayer darle largas a la solución de la crisis política al pedir opiniones a cuatro instituciones sobre la restitución o no del presidente derrocado Manuel Zelaya con el agravante de que nadie tiene plazos para dar su informe.

Aunque el Acuerdo Tegucigalpa-San José señala que a más tardar mañana debe estar integrado el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, lo que implícitamente ponía el mismo plazo al Congreso Nacional, la junta directiva del Poder Legislativo tomó un procedimiento que hace materialmente imposible el cumplimiento del arreglo.

Las instituciones consultadas serán la Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, entes que deberán remitir los informes dentro de los plazos que contemplan sus reglamentos internos, según se informó en un comunicado del Congreso Nacional.

Este punto es el que más prolonga el asunto porque trascendió que ninguno de estos organismos contempla plazos para estos casos puesto que no se trata de expedientes judiciales, por lo tanto el tiempo estará a discreción de las autoridades.

TACTICA DILATORIA

El diputado Erick Rodríguez dijo que esta es una táctica dilatoria puesto que el acuerdo no obliga al Congreso a pedir estas opiniones ya que “dice que se pedirán dictámenes si lo estima conveniente y sólo señala tácitamente a la Corte Suprema de Justicia”.

“Nosotros propusimos que decidiéramos directamente en el Congreso puesto que este es un acuerdo político y además para destituir al presidente Manuel Zelaya no pedimos opinión de la Corte”, manifestó Rodríguez.

Agregó que con esto lo que buscan es burlarse del pueblo y de la comunidad internacional porque estas instituciones pueden darse varias semanas para responder cuando hay un plazo para el 5 de noviembre.

“Cuando no nos atendieron pedimos que le diéramos un plazo de 24 ó 48 horas, pero tampoco aceptaron, sólo fuimos apoyados por la compañera Elvia Argentina Valle”, expresó Rodríguez.

Ni la directiva del Congreso ni los jefes de bancada de los cuatro partidos que fueron invitados dieron declaraciones e incluso no se permitió el ingreso de los periodistas que al reclamar fueron amenazados con desalojarlos con policías antimotines por el jefe de seguridad, coronel Erick O´Connor.

EL PANORAMA

El punto 5 del Acuerdo San José/Tegucigalpa deja en manos del Congreso Nacional la facultad de "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio", fecha del golpe de Estado que depuso a Zelaya.

Mientras que Zelaya considera que la votación del Congreso debería ser un mero trámite para restituirlo, el gobierno de facto asegura que los 128 diputados pueden igualmente rechazarla y ello no invalidaría el acuerdo.

El futuro del mismo estará pues, en las manos de los 61 diputados del Partido Liberal (PL, derecha), los 55 del opositor Partido Nacional (PN, derecha), 5 de Unificación Democrática (UD, izquierda), 4 de Partido Innovación y Unidad (PINU, social demócrata) y 3 la Democracia Cristiana (DC, social cristiano) que tendrán que votar.

De estos, los analistas calculan que 26 diputados votarían a favor de la restitución de Manuel Zelaya, de los cuales 20 pertenecen a su partido, el PL, mientras que el resto son de la UD (cinco) y uno de la Democracia Cristiana.

Todas las miradas están puestas en el candidato presidencial del PN, Porfirio Lobo, cuya bancada podría tener la llave del resultado de la votación del Congreso. Elvin Santos, el candidato presidencial del PL, abiertamente se ha declarado en contra de la restitución y ayer instó al Congreso a que tome "ya" una decisión, "sin darle largas al asunto".

En plena campaña electoral, buscando en muchos casos la reelección, muchos de esos diputados temen pagar un alto costo político ante su electorado poco favorable al regreso del presidente depuesto. Otros piensan que apoyar la restitución les favorecería.