La cúpula del PP no ha perdido un segundo a la hora de desactivar las acusaciones que vinculan la financiación del principal partido de la oposición con la rama valenciana del caso Gürtel. Para dejar sin argumentos a los socialistas, deseosos de reactivar un escándalo que la propia Justicia de la región levantina decidió archivar, los populares que aceptan la propuesta del PSOE para crear una comisión de investigación en las Corts.
Eso sí, siempre con la condición de que la formación de Rodríguez Zapatero se someta también a la pertinente auditoría sobre el origen de sus ingresos.
Por supuesto, el partido de Ferraz no aceptará la propuesta, ya que, como anticipó a las pocas horas su secretario general en Valencia, Jorge Alarte, no tienen interés en soluciones constructivas.
De hecho, para tratar de embarrar un poco más el panorama, hoy mismo pedirán en las Cortes autonómicas la disolución de la Cámara y la «inmediata» convocatoria de elecciones anticipadas. Además, exigirá al líder regional, Francisco Camps y al resto de implicados en el caso de tráfico de influencias que presenten su renuncia y no se presenten como candidatos en los próximos comicios autonómicos, lo que, a juicio de los socialistas, supondría un «ejercicio de regeneración democrática y limpieza de la vida pública».
De forma paralela a esa pugna con los socialistas, el PP también se afana para esclarecer qué tienen de cierto las informaciones que se hacen eco de un supuesto informe policial que recoge pagos ilegales de la trama dirigida por Francisco Correa al partido conservador.
Así, el propio Mariano Rajoy, que reiteró tener «mucha confianza» en Camps, le emplazó a hacer «un esfuerzo» para «explicar bien» a los ciudadanos lo que ha ocurrido. En tal sentido, el líder conservador lamentó que los responsables valencianos del partido están en una «situación diabólica» por tener que «demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando».
Conducta inadmisible. En la misma línea, la número dos popular, María Dolores Cospedal, proclamó que no es «admisible», en un Estado de Derecho, el informe policial que supuestamente implica a cargos conservadores valencianos se haya «elevado a la categoría de condena».
No obstante, la manchega se mostró convencida de que sus compañeros de la región mediterránea «actuarán convenientemente en este asunto, como hacen siempre», es decir, según precisó acto seguido, «de manera libre y contundente».
Como su jefe, la secretaria general expresó su confianza «sin plazos» ni «condiciones» en la actuación de Camps.
Interrogada con respecto a si el PP nacional tiene intención de abrir una investigación interna para tratar de verificar el mencionado informe, De Cospedal recalcó que son los tribunales «los que tienen que comprobar la autenticidad», y recordó que «en dos ocasiones» el Tribunal Superior de Valencia no ha estimado ese documento.
Precisamente para solucionar ese detalle, la Fiscalía, últimamente en tela de juicio por su sumisión al Gobierno, informó de que ultima el recurso contra la decisión de la instancia regional de archivar la parte del sumario del caso Gürtel que afecta a Camps y que cuestionaba la legitimidad de los regalos -sobre todo prendas de vestir- que el líder regional recibió de la trama de Correa.
Tales pormenores, y otros muchos más, aunque solo los relacionados con la rama madrileña del caso, podrán por fin conocerse mañana mismo, al menos si la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, está en lo cierto y, tal como pronosticó ayer durante una entrevista, se levanta finalmente el secreto que pesa sobre el conjunto del sumario.
«Parece ser, confío, porque me lo ha dicho a mí el Fiscal General del Estado, en que se levante el secreto del sumario. El día 30 vamos a saber exactamente de qué se acusa y a quién, que es lo que todos queremos saber».
Eso sí, siempre con la condición de que la formación de Rodríguez Zapatero se someta también a la pertinente auditoría sobre el origen de sus ingresos.
Por supuesto, el partido de Ferraz no aceptará la propuesta, ya que, como anticipó a las pocas horas su secretario general en Valencia, Jorge Alarte, no tienen interés en soluciones constructivas.
De hecho, para tratar de embarrar un poco más el panorama, hoy mismo pedirán en las Cortes autonómicas la disolución de la Cámara y la «inmediata» convocatoria de elecciones anticipadas. Además, exigirá al líder regional, Francisco Camps y al resto de implicados en el caso de tráfico de influencias que presenten su renuncia y no se presenten como candidatos en los próximos comicios autonómicos, lo que, a juicio de los socialistas, supondría un «ejercicio de regeneración democrática y limpieza de la vida pública».
De forma paralela a esa pugna con los socialistas, el PP también se afana para esclarecer qué tienen de cierto las informaciones que se hacen eco de un supuesto informe policial que recoge pagos ilegales de la trama dirigida por Francisco Correa al partido conservador.
Así, el propio Mariano Rajoy, que reiteró tener «mucha confianza» en Camps, le emplazó a hacer «un esfuerzo» para «explicar bien» a los ciudadanos lo que ha ocurrido. En tal sentido, el líder conservador lamentó que los responsables valencianos del partido están en una «situación diabólica» por tener que «demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando».
Conducta inadmisible. En la misma línea, la número dos popular, María Dolores Cospedal, proclamó que no es «admisible», en un Estado de Derecho, el informe policial que supuestamente implica a cargos conservadores valencianos se haya «elevado a la categoría de condena».
No obstante, la manchega se mostró convencida de que sus compañeros de la región mediterránea «actuarán convenientemente en este asunto, como hacen siempre», es decir, según precisó acto seguido, «de manera libre y contundente».
Como su jefe, la secretaria general expresó su confianza «sin plazos» ni «condiciones» en la actuación de Camps.
Interrogada con respecto a si el PP nacional tiene intención de abrir una investigación interna para tratar de verificar el mencionado informe, De Cospedal recalcó que son los tribunales «los que tienen que comprobar la autenticidad», y recordó que «en dos ocasiones» el Tribunal Superior de Valencia no ha estimado ese documento.
Precisamente para solucionar ese detalle, la Fiscalía, últimamente en tela de juicio por su sumisión al Gobierno, informó de que ultima el recurso contra la decisión de la instancia regional de archivar la parte del sumario del caso Gürtel que afecta a Camps y que cuestionaba la legitimidad de los regalos -sobre todo prendas de vestir- que el líder regional recibió de la trama de Correa.
Tales pormenores, y otros muchos más, aunque solo los relacionados con la rama madrileña del caso, podrán por fin conocerse mañana mismo, al menos si la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, está en lo cierto y, tal como pronosticó ayer durante una entrevista, se levanta finalmente el secreto que pesa sobre el conjunto del sumario.
«Parece ser, confío, porque me lo ha dicho a mí el Fiscal General del Estado, en que se levante el secreto del sumario. El día 30 vamos a saber exactamente de qué se acusa y a quién, que es lo que todos queremos saber».
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