La noche del 22 de febrero de 2021, apareció en los periódicos de República Dominicana una nota de prensa supuestamente emitida por las Fuerzas Armadas[1], dando detalles de la puesta en marcha de una operación militar para rescatar a 2 cineastas dominicanos que habían sido secuestrados en la peligrosa ciudad de Jacmel, al sur de Haití. Entre los datos de inteligencia publicados se encontraba la cantidad de soldados de élite concernidos, de helicópteros, carros blindados especializados, aviones de combate, entre otros. El secuestro mantenía en vilo al gobierno dominicano y la opinión pública se crispaba cada vez más exigiendo una respuesta contundente. Al día siguiente la escandalosa nota de prensa fue desmentida por el Ministerio de Defensa y finalmente los 2 cineastas fueron liberados por unas negociaciones no muy claras por parte del gobierno del presidente haitiano Jovenel Moïse y entregados a sus familias en Santo Domingo.

Lo anterior parecía ser una típica reacción irreflexiva de un gobierno brutalmente presionado por la opinión pública[2]. Dicha reacción viola los principios fundamentales no sólo del Estado de Derecho, sino también de la razón y del sentido común. Al fin y al cabo ¿Quién en su sano juicio da a conocer información de inteligencia de una operación militar de tal magnitud? Otra teoría es que la información fue lanzada a propósito para confundir a la banda de secuestradores involucrada. Hoy no se ha sabido más de esa inusual y extraña nota de prensa, además de que el secuestro en sí mismo fue rápida y forzosamente declarado caso cerrado por ambos gobiernos. No cabe duda de que la columna vertebral de esta situación estuvo profundamente cimentada en el imperio de la opinión pública y alejada del Estado de Derecho.

Cabe destacar que, en un Estado de derecho democrático, los medios, y los comunicadores sociales, son los primeros responsables de una esfera de lo público en la que la opinión se califica en un espacio de múltiples voces, que conforma una sociedad pluralista con pretensiones de democracia participativa[3]. La aberración radica en cuando la favorabilidad al gobierno de esa opinión pública parecer ser el fin último y las herramientas del Estado de Derecho pasan a un segundo plano. Como si este fin justificara todos los medios al margen del imperio de la Ley.

Se está frente a la muerte transitoria o definitiva de la teoría del Estado racional y ante la instauración de un estado natural en el que la ley de la fuerza, en este caso la fuerza bruta de la opinión y el ruido mediático es la medida justa de todas las cosas. Esto recuerda el pasaje bíblico en el que el gobernador Poncio Pilatos, presa del pánico de lo que pudiera ocurrirle ante el César y a sabiendas de conocer la justicia del caso que se la había presentado, relativiza la verdad (“¿Y qué es la verdad?”) y obvia el derecho romano que no encontraba culpabilidad alguna. Sin embargo, por aclamación de una turba acéfala y canalla, el magistrado imperial condena injustamente al Redentor y libera a un delincuente convicto y confeso, dueño de una rica hoja de servicios en la que se incluye asesinato y robo. Acto seguido, este personaje realiza el signo de irresponsabilidad populista más famoso de la historia: el lavado de sus manos.

Jürgen Habermas dice que la opinión pública nació en las reuniones de personas que se encontraban en los cafetines europeos para conversar sobre política, filosofía y otros asuntos que hasta entonces estaban reservados a la élite. Eran burgueses que se sentían menospreciados en las ceremonias religiosas y en las recepciones de la nobleza, en las que los poderosos eran dueños de la palabra[4]. Esa opinión pública, que nació en las conversaciones de cafetín de unos pocos burgueses librepensadores, terminó transformándose – gracias a la tecnología – en una especie de ser vivo que licuó el poder de todas las autoridades en todos los niveles. Invadió todas las esferas de la sociedad, borró las fronteras entre lo público y lo privado, politizó la cotidianidad hasta el punto de que las preferencias sexuales se convirtieron en banderas de lucha y logró que la vida privada de los líderes determine los resultados de las elecciones más que las doctrinas[5]. Concluye Durán Barba que “esa opinión pública es la que crea y recrea la realidad en la que vivimos, ya que en definitiva el mundo de lo simbólico (identificado con la realidad virtual) ha terminado siendo lo único real. Lo que está fuera de ese circuito no existe” [6]. Para desgracia de la sociedad y del individuo.

En las últimas décadas del siglo XX, con el surgimiento de innumerables herramientas técnicas (como las computadoras personales, los teléfonos celulares e internet), el crecimiento de la opinión pública entró en una vorágine que cambió la vida y transformó a los seres humanos. La opinión pública incluyó a toda la población, pero además lo invadió todo y trastornó los valores y las normas del juego democrático [7]. Esto es así porque de repente se relativizó el foro, el ágora, el parlamento e incluso hasta el tribunal de justicia. Estos espacios formales de poder público se vaciaron de contenido y fueron suplantados por la opinión pública. No son pocos los profesores de Derecho que afirman a sus estudiantes que los casos no sólo hay que ganarlos en las cortes, sino en los medios de comunicación y que, muchas veces, hay que priorizar a los medios y dejar en un segundo plano a la justicia formal, a fin de proteger al cliente de un inminente “linchamiento mediático”.

Resulta que los partidos políticos no están diseñados para ejercer su actividad auxiliadora del Estado de Derecho en el plano informal, sino en el plano formal de las instituciones democráticas. Ese espacio informal “extraterrestre” que ha ido suplantando la formalidad jurídica democrática es el caldo de cultivo perfecto para la irrupción de toda clase de figuras populistas, demagógicas e irresponsables, a las que preferimos denominar fanfarrones de lengua revolucionaria. Estas figuras son tan antiguas como la humanidad misma y cuentan con una capacidad espantosa y sobrenatural de reciclaje continuo.

Muchas de estas atractivas “caras nuevas” que reemplazan a los partidos políticos y a los líderes de siempre suelen ser lo que el historiador suizo Jacob Burckhardt llamó “terribles simplificadores”, demagogos que buscan obtener el poder a base de explotar la ira y la frustración de la población y mediante promesas atractivas, pero terriblemente simples y, en definitiva, engañosas[8]. Prometen el lanzamiento del proceso revolucionario. A juicio del economista venezolano Moisés Naím, las revoluciones son demasiado costosas y su resultado, demasiado incierto. Nada garantiza un desenlace positivo. Por consiguiente, hay que evitar revoluciones costosas y de resultados impredecibles y, al mismo tiempo, despertar y encauzar la energía política latente en todas las sociedades para lograr los cambios necesarios.

IV) CONCLUSIÓN:

Estos “terribles simplificadores”, fanfarrones de lengua revolucionaria por naturaleza, abundan en el pasado y en el presente. Poncio Pilatos, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Juan Perón, Trujillo Molina, Fidel Castro, Francisco Franco, Pérez Jiménez, Hugo Chávez, Jean Bertrand Aristide, Donald Trump o Nayib Bukele. Todos tienen algo en común: resultan profundamente caros y destructivos a corto y largo plazo para la razón y la civilización de la sociedad. La sociedad política no se construye desde los extremos ni desde el discurso incendiario, sino desde el centro y desde el consenso racional a través de las instituciones formales de la democracia, especialmente los partidos políticos legítimamente constituidos.

La mejor de evitar la irrupción en el mundo de estas costosas lenguas es consolidando el Estado de Derecho. Esto implica, por supuesto, “partidos políticos capaces de atraer y retener a los militantes idealistas y comprometidos que ahora canalizan sus ganas de cambiar el mundo a través de ONG con objetivos loables pero muy específicos”[9]. La posibilidad de que los partidos políticos sean sustituidos por movimientos ad hoc, coaliciones electorales temporales o incluso organizaciones no gubernamentales centradas en un solo asunto (los verdes, piratas, antigobierno), resulta atractiva para los millones de votantes que están hartos de la corrupción, el estancamiento ideológico y el decepcionante ejercicio de gobierno de muchos partidos políticos[10].

Las grandes organizaciones de partidos y agrupaciones políticas globales, tales como la Internacional Demócrata de Centro (IDC), la Internacional Socialista (IS), la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), el Partido Popular Europeo (PPE), entre otras, están llamadas a erigirse en pilares de la defensa del Estado de Derecho frente a los populismos y autoritarismos. Pero esto implica también dejar los complejos y abordar de forma seria y responsables nuevas variantes o cepas de estos virus. Una de ellas es precisamente la irrupción del Estado de opinión en la que no es posible la vida política organizada y formalizada en partidos y agrupaciones legítimas.

Conviene no olvidar que la construcción del Estado de opinión ha sido un proceso de larga data y que ha venido consolidándose a través de la historia, incluso antes de la aparición de los Estados Nación modernos y su mejor refinación que es el Estado de Derecho. Ahora bien, no es sino en los últimos cien años, con el progreso de la ciencia, que el combustible fundamental de este fenómeno (la opinión pública) se expandió abrumadoramente y cada vez fue más la gente que conversaba sobre temas políticos. “La radio incorporó a millones de personas que se sumaron al debate sin necesidad de aprender a leer” [11]. Naturalmente, que el hito definitivo ha sido inequívocamente la aparición y popularización del servicio de internet en todos los países.

A todo lo antes señalado, habría que agregar el fenómeno político de las encuestas, utilizadas también como herramientas sobrevaloradas de la gestión gubernamental al margen de los dictados del imperio de la Ley. Font Fábregas afirma que la “proliferación de encuestas de opinión y el aumento en su relevancia no han ido acompañadas de una mejora en su valoración social. Más bien al contrario, nuestra desconfianza en sus resultados no ha dejado de crecer en las últimas décadas, alimentada a menudo por usos poco constructivos procedentes de algunos de los principales usuarios de esta técnica”[12]. Usuarios asiduos y adictos de estas herramientas son los partidos políticos, pero también los gobiernos, especialmente aquellos con vocación continuista, una de las características más naturales en el ser político.

Los tres dramas sociopolíticos que iniciaron este escrito (Estados Unidos, Francia y República Dominicana) son sólo una minúscula muestra de miles de casos en los que definitivamente el Estado de Derecho no supo responder de forma adecuada y certera ante la explosión popular. Al verse corto o sencillamente desprovisto de respuesta firme, irrumpió su antítesis moderna: el Estado de opinión. Ese Estado de opinión, por definición amorfo, acéfalo y desprovisto de toda moral, no conoce de formalidades democráticas ni procedimentales que le contengan, ni de partidos políticos canalizadores de las energías e intereses sociales ni de ninguna suerte de consenso y diálogo racionales. Por demás, es un Estado vaciado absolutamente de todo concepto de respeto a los derechos fundamentales, empezando por la vida misma.

Durán Barba sentencia de la siguiente forma: “Cuando una abrumadora mayoría de electores toma una posición agresiva, los pactos entre dirigentes vuelan en pedazos”[13].

Recuperar su espacio, innovarse continuamente, reinventarse y reconectarse con la sociedad forma decidida, es la única forma de que los partidos políticos eviten perder la carrera ante el avance brutal del Estado de opinión. La otra opción es dejar colapsar al Estado de Derecho y diluir la democracia en una especie de hormiguero caótico y profundamente fragmentado en un sinfín de personajes y movimientos ad hoc, que duran lo que duran sus dueños o lo que duran los arranques de ira del momento de algunos ciudadanos. La primera opción es la más difícil, pero a la larga la más ventajosa y menos onerosa. La segunda, la pagaremos todos en última instancia y a un precio incalculable.

Esto se constituye en una advertencia al sistema de partidos políticos.

En advertencia no hay engaños.

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[1] https://noticiassin.com/rd-envia-accion-militar-para-iniciar-rescate-de-dominicanos-secuestrados-en-haiti/

[2] Este tipo de situaciones ameritan la activación de los canales diplomáticos, instancias militares, policiales y judiciales, por naturaleza de orden secreto a fin de contener y mitigar daños, así como para no entorpecer las investigaciones de lugar.

[3] Hoyos Vásquez, Guillermo. Estado de opinión: ¿Información, comunicación y lenguaje públicos? Revista Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia.

[4] Durán Barba, Jaime. La política en el siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia. Barcelona. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 2018.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Naím, Moisés. El Fin del Poder. Ciudad de México. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 2013.

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Durán Barba, Jaime. La política en el siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia. Barcelona. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 2018.

[12] Font Fábregas, Joan. Las encuestas de opinión. Madrid. CSIC. Los libros de la Catarata. 2016.

[13] Durán Barba, Jaime. La política en el siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia. Barcelona. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 2018.