A pesar de cumplir con 71 años de haber alcanzado el derecho y el ejercicio al sufragio para las mujeres en Costa Rica, la igualdad efectiva se asoma tímida mientras se nos enfatiza a las mujeres que somos seres humanos iguales en deberes y derechos políticos. Entonces, como mujeres políticas, requerimos del intercambio de saberes, herramientas y condiciones más favorables para el pleno ejercicio de nuestros deberes ciudadanos y el disfrute de nuestros derechos humanos y políticos en el país acorde con un mandato internacional dictado desde el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing: buscar una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida nacional.

En ese contexto nacional por imposición legal, la participación política de las mujeres se sigue promoviendo desde los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos porque requieren dotar sus estructuras en un 50% de mujeres. Pero las voces de alerta de grupos organizados de mujeres, del PNUD, de foros políticos y comunicados de prensa del mismo INAMU surtieron efecto en la preocupación por la perspectiva de género en la labor formativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED del TSE) y de otros entes como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, genuinamente interesados en tener mayor incidencia desde la capacitación para empoderar mujeres y lograr una mayor democracia paritaria.

La participación de las mujeres debe ser entonces efectiva y real. Atrás deben quedar las imposiciones de nombres de mujeres para cumplir con una cuota o el llenado de papeletas con sus nombres en función de objetivos políticos patriarcales. La falta de autonomía se justifica en una construcción social-cultural que no permite ubicar a las mujeres fuera del ámbito doméstico-privado. Muchas mujeres con potencial político no se auto perciben como sujetos con derechos y aspiraciones políticas válidas a pesar de su gran trabajo y experiencia a lo largo de los procesos electorales. Ese liderazgo de mujeres a veces se sustituye en la inscripción de papeletas con el nombre de “la esposa, la hija o sobrina” de los liderazgos de hombres usurpando el derecho que por mérito les corresponde a las mujeres que sí han trabajado. El peligro es que esta práctica sea aceptada por las mujeres en aras de sólo llenar en la esfera de lo político-público aquellas que sean impulsadas por hombres y mujeres sin tener una visión o perspectiva de género.

Por eso, una de las premisas de igualdad descansa en la idea de que una mayor participación de las mujeres en la política va en paralelo con la construcción social-cultural de la entrada de los hombres en la vida doméstica-privada. El tema de la corresponsabilidad en el cuido y compartir las tareas del hogar entre ambos géneros cobra aún más interés como resultado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde el recargo sobre el trabajo y el tiempo de las mujeres, produjo un retroceso de las mujeres hacia los roles domésticos y de cuido. (OEA CIM, 2020) Es consecuente, entonces que el confinamiento pueda haber reducido también la participación política de las mujeres, lo cual amerita ser analizado en algún otro momento.

La historia nos recuerda que una mayor inclusión de las mujeres a la vida partidaria se gestó a partir de las luchas feministas por obtener el sufragio y luego establecer las cuotas de participación. Ninguna de estas luchas previas por reivindicar derechos políticos de las mujeres ha sido fácil. El debate sobre las cuotas, por ejemplo, versó sobre la imposición de mujeres en forma alterna “sólo por su género y no por su capacidad”, repitiendo la violencia estructural que nos ha excluido del derecho a elegir y ser electas. No obstante, la necesidad de ésta y otras acciones afirmativas darían como resultado un incremento de mujeres en las filas de los partidos políticos colaborando en distintas áreas del quehacer político más allá de labores sexistas como la preparación y distribución de los alimentos en campaña, la confección de banderas, la jefatura de los centros de votación, las labores secretariales, etc.

A pesar de que solamente el 25% de la población se declara militante de un partido político en Costa Rica, debemos reiterar que en tanto el único medio de acceso real al poder político estatal ocurre a través de los partidos políticos, es ahí en donde deben darse los cambios estructurales de la normativa interna y de la cultura política para promover la democracia paritaria. Por consiguiente, las acciones afirmativas no solamente deben ser indicativas sino también sancionatorias para la inscripción y participación electoral partidaria. Al reproducir las estructuras esa división sexual del trabajo político en subordinación para las mujeres, se excluye de una manera u otra, la presencia de más mujeres en encabezamientos y en puestos de toma de decisiones en los órganos de representación partidaria a pesar de que en toda la estructura de campaña, las mujeres normalmente asumen serias responsabilidades organizativas y logísticas (humanización de cantones, censos electorales, coordinación y gestión de papeletas, búsqueda de miembros de mesa y fiscales, gestión de permisos y preparación del centro electoral, entre otras funciones). Por eso debe fomentarse en los partidos políticos una visión más integradora de la mujer como sujeto político con aspiraciones, habilidades y capacidades desarrolladas para ser electas en puestos de poder y para la toma de decisiones en todas las distintas áreas del quehacer político.

En los partidos políticos, para asegurar entre otras cosas que las mujeres participen, se capaciten y se formen, se debe contar con una instancia oficial con autonomía funcional como los frentes, sectores o movimientos de la mujer que también velan de manera consecuente por el avance de los derechos políticos de sus militantes. Debe de diferenciarse los órganos electos democráticamente entre las mujeres de los que son órganos delegativos por los órganos superiores del partido: los primeros cuentan con una autonomía intrínseca por ser el resultado de elecciones directas, no siendo sujetos de remoción por sus diferencias de criterios u opiniones, y los segundos están supeditados a su delegación, por consiguiente, son puestos removibles por las cúpulas de resultar incómodos.

Los mecanismos que velan porque esa aspiración política sea cada vez más real y efectiva para las mujeres de los partidos pueden llamarse secretarías, comisiones, fiscalías, movimientos y/o frentes de mujeres de los partidos políticos. Estas estructuras u órganos funcionales electos o creados en los partidos además de promover y capacitar a las nuevas lideresas en los principios ideológicos de sus organizaciones, garantizan y fiscalizan de manera dinámica la participación efectiva de las mujeres en los distintos procesos internos, promueven la aplicación de la normativa electoral sobre la democracia paritaria e impulsan los cambios necesarios desde la perspectiva de género como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres en política. Estas instancias que también son consultivas, deben coordinar acciones programáticas y formativas de manera directa con sus comités ejecutivos superiores o nacionales en aras de asegurar la paridad de los hombres y las mujeres participantes en todos los órganos superiores, órganos de representación, delegaciones, nóminas de elección popular y diputaciones. (Código Electoral, 2009)

Las mujeres políticas del país de cara al Bicentenario de la nación, debemos buscar los espacios apropiados para forjar alianzas estratégicas y avanzar en los temas que nos unen. El espacio compartido como el Frente de Mujeres de partidos políticos denominado FREMUPP CR[1] deben consolidarse ya que es una instancia consultiva y de colaboración constructiva que legitima la lucha por los derechos políticos de las mujeres dentro del marco de los ODS concertando un espacio de diálogo permanente de las mujeres político-partidarias en el panorama nacional con la colaboración del ente rector INAMU. Refuerza la búsqueda del derecho a la participación política de la mujer sin violencia y la concientización sobre la democracia paritaria que son la base de nuestros derechos políticos.

Buscar el apoyo de actores estratégicos dentro de la arquitectura de género de la institucionalidad pública es vital para el logro de nuestros objetivos como el Frente de mujeres de partidos políticos. Resalta la iniciativa y colaboración de la Sra. Haydeé Hernández desde la Jefatura de la UTIEG en la Asamblea Legislativa quien ha realizado estudios comparativos de los estatutos de nuestros partidos políticos en cuanto a la normativa electoral vigente. Gracias a estos ejercicios, hemos podido detectar las falencias estatutarias y enfocar nuestros esfuerzos en luchar para reparar y subsanarlas. Estos puntos de encuentro se nutren del trabajo individual partidario de las lideresas que ostentan esa representación oficial tanto como del planeamiento estratégico como colectivo de mujeres políticas en la búsqueda del bien común.

El caso de FREMUPP CR muestra sólo el comienzo de que trabajando en sororidad como mecanismos oficiales y representativos de los derechos de las mujeres político-partidarias, con las mujeres que están tomando decisiones dentro de los órganos representativos de los partidos, podemos caminar con más firmeza y acompañamiento en la búsqueda de un mayor acceso al poder dentro de los partidos políticos que al fin y al cabo son organizaciones humanas perfectibles, reflejo de las dinámicas del poder político en la democracia actual de cara al bicentenario de Costa Rica.

FRENTE DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CR Waizaan Hin Herrera, (PUSC), Carolina Delgado Ramírez (PLN), Marcela Sánchez Cortés y Rocío Alfaro (FA), Cindy Quesada (Unidos por Costa Rica) Esther Camac, (PAC), Luz Mary Alpízar Loaiza (PSP), Giselle Mora Peña (PRSC). Carmen Muñoz fue sustituida por Vivian Solís Espinoza (PAC).