Para crear un marco de apariencia legal acorde al mecanismo de represión, el Parlamento, leal al sandinismo, ha aprobado tres leyes:

1. La Ley de Agentes Extranjeros, por la cual se bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONGs, periodistas y, en especial, a los partidos de la oposición. Esta ley socava la democracia al impedir la legítima participación de la oposición en los procesos electorales futuros.

2. La Ley Especial de Ciberdelitos, que erradica la libertad de expresión y de prensa, imponiendo penas de cárcel y multas a aquellos periodistas y publicaciones que, a juicio del régimen, puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional.

3. La Ley contra el Odio, precedente para una amplia reforma constitucional que prevé la cadena perpetua como castigo a la disidencia política para ayudar a perpetuar el régimen de Daniel Ortega.

Por todo ello, la IDC

1. Condena clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y la aprobación de estas tres leyes que suponen un evidente atropello de los derechos políticos y civiles recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, el Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y demás textos internacionales aplicables en defensa de las libertades y derechos individuales.

2. Pide a las Naciones Unidas, a la OEA, a las Instituciones de la Unión Europea, a cuantos organismos internacionales puedan ser relevantes a dichos efectos y a los gobiernos de los países democráticos, que desconozcan la convocatoria y eventualmente el resultado de las elecciones de 2021, en tanto no se cumplan las mínimas garantías democráticas exigibles a cualquier proceso electoral.

3. Insta a los distintos gobiernos nacionales a aplicar de forma efectiva las sanciones unipersonales para castigar a los máximos responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos, como es el caso del Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.