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La pandemia del coronavirus ha representado un reto para toda la humanidad, especialmente en materia de salud pública y economía. La incertidumbre frente a las características y la naturaleza del novedoso virus SARS-CoV-2, y respecto al número de contagiados, recuperados y fallecidos ha ocupado, con razón, gran parte de la atención de los gobiernos del mundo. Para frenar la propagación del virus muchos gobiernos han declarado el estado de emergencia constitucional y han expedido medidas de protección como cuarentenas, cierre de comercios y de lugares públicos como escuelas, iglesias y universidades, y medidas de distanciamiento social. Sin embargo, en muchos casos las medidas de protección de la vida y de la salud pública han implicado restricciones o suspensiones de algunas libertades fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad personal, la libertad de circulación y de tránsito, la libertad de reunión y de culto, y la libertad de ejercicio de la profesión u oficio. Estas restricciones han tenido como consecuencia un alarmante incremento del desempleo y, por ende, han disminuido los ingresos de muchas familias, como se ha comprobado en varios países de la región latinoamericana. La pandemia ha provocado que el continente más desigual del mundo sea aún más desigual.
Asimismo, para proteger la salud de los ciudadanos, en muchos países de América Latina se aplazaron o se suspendieron procesos electorales que estaban previstos para el año 2020. Esto a costa de uno de los derechos más importantes consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): los derechos políticos, es decir, el derecho a elegir y a ser elegido (art. 23).
Justamente por esto, y por ser las elecciones libres, periódicas y transparentes un presupuesto sine qua non de la democracia, el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer no podía ser ajeno –aun en una crisis con tantos otros problemas apremiantes (o tal vez precisamente por eso)– a la preparación, el desarrollo y los resultados de la variedad de procesos electorales por realizarse este año en la región, y a las eventuales restricciones, presentes en algunos países desde comienzos del año, de los derechos políticos mencionados y otros derechos fundamentales correlativos. Se trata de un asunto jurídico-político de la mayor relevancia para el papel que ha desempeñado nuestro Programa desde hace 30 años en el continente.
En una situación crítica y excepcional sin precedentes como la provocada por la propagación del covid-19, las diversas elecciones realizadas y por realizar en esta coyuntura marcarán sin duda, de modo variable y en el corto y mediano plazo, la estabilidad de la democracia y del Estado de derecho en América Latina. Hay países en los que desde antes de la pandemia los sistemas electorales y políticos se han caracterizado por deficiencias en materia de participación, paridad, democracia interna de los partidos, su financiación y la de sus campañas; independencia, transparencia y solidez de los órganos electorales y de las elecciones mismas. Por eso es fundamental profundizar en estas deficiencias desde una perspectiva transversal, regional y comparada, y entender, así, si la pandemia las agudizó, las disminuyó o no las alteró; comprender, en suma, la incidencia de la pandemia en los procesos de participación democrática en marcha a través de las votaciones.
¿Cuáles gobiernos de la región se han aprovechado de la pandemia para restringir los derechos políticos de sus ciudadanos? ¿Los órganos legislativos y judiciales lograron mantener el equilibrio de poderes, en una coyuntura que ha tendido a resaltar el protagonismo del ejecutivo? ¿Con qué fines y resultados se postergaron o suspendieron las elecciones en más de diez países de la región? ¿Las medidas excepcionales adoptadas frente al ejercicio de los derechos políticos fueron necesarias, proporcionales, temporales e idóneas, conforme a las legislaciones nacionales que regulan la materia, pero también frente a los límites y controles internacionales (la CADH, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y las resoluciones emitidas al respecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)? ¿Se implementaron herramientas tecnológicas para garantizar y fomentar la participación masiva del electorado, previendo los inminentes riesgos de contagio de SARS-CoV-2 en elecciones presenciales 9 multitudinarias, y se adoptaron, en consecuencia, las medidas de bioseguridad necesarias? ¿Constituyó y constituye la pandemia una ventana de oportunidad para introducir modificaciones a los sistemas electorales y consolidar la participación y los derechos de las minorías discriminadas históricamente o en situación de vulnerabilidad? ¿La pandemia incrementó o revirtió el abstencionismo sistémico y la amenaza que representan los delitos electorales, característicos de nuestros países?
Estas y otras preguntas similares fueron abordadas por los autores y las autoras que contribuyeron en esta publicación, tanto haciendo énfasis en las condiciones y necesidades específicas de los países analizados (19 en total), como centrándose en temas transversales como los derechos políticos, la administración de elecciones, la implementación de tecnologías, las lecciones aprendidas de las votaciones en tiempos de pandemia, la participación política de las mujeres, la participación política de minorías y las conclusiones generales de la obra.
Queremos agradecer a Transparencia Electoral, en cabeza de Jesús Delgado y Leandro Querido, por el trabajo comprometido y eficiente en la realización de esta obra, y, por supuesto, a los expertos y las expertas que participaron en ella (conocedores de los asuntos jurídico-políticos de sus países y la región) por haber aceptado nuestra invitación y brindarnos una mirada clara y completa de los temas que quisimos profundizar en este proyecto editorial.
Como con todas las publicaciones en las que colaboramos, esperamos que esta sea ampliamente difundida, analizada, comentada y criticada de manera constructiva, en aras de una discusión informada y bien argumentada de las temáticas que aborda. Esta obra es una muestra más de nuestro humilde pero decidido aporte al fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en la región.
Dra. Marie-Christine Fuchs y Andrés Villegas; Directora y coordinador de proyectos; Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer