Si bien debe ser regulada, esta práctica no debe de ser prohibida especialmente cuando las contrataciones bajo este esquema se apegan a la ley, muchas empresas utilizan el outsourcing para facilitar la contratación y reducir tiempo y costos para su negocio. 

Aunque sí deben tomarse en cuenta las prácticas de evasión fiscal que, aprovechando la subcontratación, se han llevado a cabo y que se traducen en la precarización laboral. Datos del Censo Económico 2019 muestran que hay 4.6 millones de personas que trabajan en empresas, pero que no dependen de ellas, un 87% han sido contratadas por otra persona moral; es decir, que se encuentran bajo la modalidad de outsourcing. 

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que este régimen laboral ha incrementado de forma importante su participación en la formalidad, pues ha pasado de representar el 17.5% de los empleos en 2003 al 34.4% en 2018, lo que significa duplicarlo en tan solo quince años. En los últimos cinco años la subcontratación aumentó un 37% lo que significa 4.1 millones de empleos. 

Otra prueba más de que la subcontratación impulsa la formalidad es que, según el Colegio de México, los sectores que hacen mayor uso de este esquema han logrado que la informalidad pase del 33% al 22% de la población ocupada, mientras que quienes no lo usan han visto un crecimiento del 46% al 49%. 

Lo anterior sin contar que ofrece empleos a madres solteras que les permite equilibrar su vida profesional y personal gracias a, entre otras muchas ventajas, la flexibilidad de horarios. Según datos oficiales, cuatro de cada 10 personas subcontratadas son mujeres y, de ellas, el 33% son madres solteras. Cabe destacar que este esquema apoya también a los jóvenes impulsando sus habilidades, otorgándoles experiencia y apoyando sus ingresos; los trabajadores subcontratados entre 15 y 29 años de edad, representan casi el 25% del personal empleado. 

En ese sentido, la semana pasada el sector empresarial, representantes de trabajadores y el gobierno federal decidieron llegar a un acuerdo y aplazar la iniciativa de reforma hasta febrero de 2021. El presidente tiene que entender que no es a través de ocurrencias como se resuelven las cosas, la eliminación del outsorcing constituiría el aumento del 10% de costos adicionales además de un 40% a pagos de impuestos sobre nómina, lo cual desalentaría, aún más, la inversión en México, pues imposibilitaría que empresas extranjeras establecieran sus cadenas productivas en nuestro país. 

Cabe señalar que, según una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en lo que va del presente sexenio, han sido asignados contratos por al menos cinco mil millones de pesos a compañías dedicadas al outsourcing; la más visible es el Banco del Bienestar que pagó en 2019, 408 millones de pesos a cuatro empresas de este giro, y en lo que va de este año, el monto se elevó a 463 millones. Pero ni el gobierno ni las empresas tienen la capacidad financiera para basificar a esta cantidad de trabajadores, por lo que procederá a despedirlos. Por la crisis económica que vivimos, agudizada por la pandemia de COVID-19, 12 millones de personas han perdido su trabajo, por lo que la prohibición de la subcontratación implicaría más dificultades para la recuperación del empleo y resultaría en una pérdida de al menos dos millones de empleos que utilizan esta figura. Es tiempo de impulsar el empleo, no destruirlo. Al tiempo.