Lo preocupante y lamentable, es que por intereses exclusivamente individuales se impone un relato oficial haciendo creer a la sociedad y estableciendo un debate legislativo el día internacional de los derechos del Hombre sobre “supuestos” derechos humanos de la mujer y de las personas gestantes. 

Los derechos humanos son de cada persona y de todas las personas más allá de sus diferencias. No hay distinción de credos, etnias, sexos, ideología o cualquier diferencia. Son anteriores a la creación de los Estados. Son innatos a la persona humana por su dignidad y condición de tal. Es decir que ningún Estado tiene facultad de conceder graciosamente derechos a la persona humana. En este caso particular del aborto, se pretende colocar frente al primer derecho humano esencial que es la vida sin el cual el resto de los derechos carece de sentido, un “supuesto” derecho de la mujer y de la persona gestante. No hay un derecho humano a decidir sobre su cuerpo de la mujer, hay un derecho humano en todo caso de decidir sobre su propio cuerpo de la persona humana sea del sexo que sea.

Como podemos ver el relato oficial ha sido tan fuerte que instaló a la sociedad en la calle debatiendo el primer derecho humano que es la vida, derecho no debatible, como si estuviéramos tratando por tema de salud pública el derecho a la vida de todos, olvidando que la persona por nacer tiene vida, es persona, es mujer y varón y es argentino en este caso. Hemos construido una concepción de argentinos de primera y argentinos de segunda que carecen de voz, voto y derechos.

El Congreso de la Nación podrá sancionar la ley de aborto más los excesos que en ella contempla como poder matar al no nacido en el vientre de la mujer hasta el último minuto de gestación, es decir hasta antes del alumbramiento, por cuestiones de “salud” como lo entiende la Organización Mundial de la Salud que comprende los aspectos no solo físicos, sino psíquicos, emocionales, económicos, culturales y sociales. 

Una simple expresión de la voluntad de la mujer es suficiente para terminar con la vida de un bebé de 9 meses de gestación. Pero más aún, obliga a los docentes a enseñar a nuestros hijos que eso es un derecho de la mujer. Matar a su descendencia es un derecho. Enseña a nuestros ciudadanos y gobernantes del futuro la banalización de la vida.

Legisladores tienen toda la legalidad para sancionar una ley de estas características, incluso violentando la voluntad del pueblo que mayoritariamente, más del 60% está en contra de este proyecto que tiene media sanción en Diputados. Como lo han tratado hace dos años y fuera rechazado, si se aprueba dentro de dos años podría ser derogado por una nueva ley y una conformación distinta de las Cámaras, incluso no me cabe dudas que será cuestionada la norma por inconstitucionalidad ante la Justicia.

Será un tema de nunca acabar. Hay que darle un corte definitivo. La vida no se debate, el pueblo debiera pronunciarse si está de acuerdo o no en tratar este tema en el Congreso y de estar de acuerdo hasta que límite aceptaría que se trate. 

Puede aprobarse una ley pero no es legítima ya que quienes son los representantes del pueblo y de las provincias carecen de mandato en este tema para aprobar semejante afrenta a la vida. Jamás tuvieron convicción en sancionar políticas activas de estado para evitar la muerte de las mujeres y de las personas por nacer. La gente se muere por falta de atención médica e infraestructura por enfermedades curables, ahora los ministros de salud dicen estar preparados y que no generaría costo mayor. Es decir que hoy se mueren las personas por negligencia ¿No nos preguntamos porque pasa todo esto? Los argentinos hemos decidido vivir bajo el manto de una Constitución y de una bandera que nos abriga a todos, no queramos cambiarlo por la fuerza sin la participación y voluntad popular.

* Abogado. Diplomado en Relaciones Internacionales. Secretario General del Partido Demócrata Cristiano (CABA).