En nuestro reciente Congreso Extraordinario, celebrado el viernes 6 de noviembre, emitimos un pronunciamiento en contra de la vacancia presidencial, por considerar que generaría inestabilidad política y distraería a nuestros gobernantes, quienes debían estar centrados en combatir la pandemia y devolver a los peruanos el trabajo, estabilidad económica y educación perdidos. Lamentablemente, la decisión tomada por los Congresistas está produciendo las consecuencias advertidas. 

Señalamos también, en ese pronunciamiento, que correspondía al Ministerio Público profundizar investigaciones, sobre las graves imputaciones realizadas al entonces Presidente de la República, tarea que debe continuar, dentro del marco de la ley, garantizando el debido proceso y la mayor transparencia. 

Ocurridos los hechos, demandamos que el nuevo Gobierno que se constituya, sea transparente y actúe en beneficio del pueblo peruano, construyendo el espacio de tranquilidad que la nación necesita en estos momentos. 

Recordamos que el mandato de un gobierno de transición, es entregar el poder a un nuevo Gobierno, elegido por el pueblo. En ese sentido, le toca asegurar la realización de las elecciones en las fechas señaladas, garantizar su total transparencia y legalidad y mantener desde el poder una conducta imparcial. 

Dentro de las obligaciones inmediatas, mejorar la gestión de la Pandemia y realizar una lucha eficiente contra el COVID 19, resulta de suma urgencia. Lo primero debe ser la salud y la vida de los peruanos.

Otra urgencia es recuperar el empleo. Solo asegurando la actividad laboral y respetando el trabajo de todos, podremos iniciar con éxito el proceso de recuperación económica. 

Es también urgente, tras un año prácticamente perdido, dictar las medidas necesarias para iniciar la recuperación de nuestros educandos en el 2021. 

Otra responsabilidad del Gobierno, en sus diferentes niveles, será evitar el surgimiento de situaciones que generen más división entre los ciudadanos y agraven la crispación política. Hay discusiones que deben ser postergadas y reasumidas por las nuevas autoridades que serán elegidas en abril. 

En ese sentido y hasta entonces: invocamos al Ejecutivo a no realizar indultos con tinte político y al Legislativo a no detener ni modificar el proceso de reforma universitaria, ni continuar con la elección de nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional. 

Finalmente, exigimos el fin de las peleas entre los Poderes del Estado que hemos sufrido durante este quinquenio y exhortamos a todas las autoridades a trabajar buscando la unidad nacional.. 

COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO POPULAR CRISTIANO