La mal llamada “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” pretende concentrar la totalidad del poder en una dictadura cuyo único soporte económico posible sería un gigantesco blanqueo de capitales ilícitos.

La legitimidad del régimen es desconocida por las democracias del mundo y su cúpula ha sido condenada en la ONU debido a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad.

La confiscación del aparato productivo durante quince años de bonanza petrolera, la quiebra de las empresas del Estado, incluida Petróleos de Venezuela, y el uso de los dineros públicos para beneficio de Cuba y para financiar la subversión continental sembraron de miseria al país.

El resultado de esa desastrosa gestión es la crisis humanitaria severa y la gigantesca e indetenible hiperinflación que nos coloca entre los países más pobres del planeta.

Recordemos que un 96 por ciento de la población vive en situación de pobreza, que un 79 por ciento se encuentra en la condición de pobreza extrema, y que una quinta parte de nuestros compatriotas ha emigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Todas estas breves referencias y muchas otras que pudieran citarse sirven para comprender el grave momento que vive la sociedad venezolana. Y también sirven para medir los objetivos de una tiranía que consciente del repudio universal intenta mantenerse a toda costa en el poder.

Las espontáneas protestas se multiplican con creciente intensidad, traspasando barreras políticas y sociales porque las convoca el malestar que invade a todos los sectores de la vida nacional. Y el desmoronamiento del liderazgo oficialista está directamente relacionado con ese malestar colectivo en un país que se ha tornado ingobernable.

Por ello, con el cinismo que caracteriza a los jerarcas del régimen, se disuelve la ilegítima Asamblea Constituyente y se proclama una originalísima “Ley Constitucional” destinada precisamente a hacer desaparecer las mil veces violada Constitución Bolivariana.

De esa manera el poder se concentra bajo el control de Nicolás Maduro y de la cúpula que maneja los cuerpos represivos en directa conexión y obediencia con la Cuba castrista.

Para lograr unificar ese poder, sin permitir la más mínima disidencia la dictadura da un brusco golpe de timón, es decir un golpe de estado, despojándose de los ya inservibles ropajes ideológicos que mortifican tanto a los creyentes del socialismo del siglo XXI como a quienes en el PSUV y en los partidos periféricos del régimen ven naufragar sus cuotas de poder y sus turbios negociados.

Por lo tanto, al desnudar Maduro sus verdaderas intenciones, la fraudulenta convocatoria del 6 de diciembre pasa a ser un mecanismo de distracción en la que han embaucado a los distintos tipos de colaboracionismo oportunista y a los partidos oficialistas que disputan posiciones en una Asamblea de opereta carente de función alguna.

Lo cierto es que numerosos e ilustrativos análisis políticos, jurídicos y económicos en torno a esta “ley”, coinciden en señalar que con ella se trata de instaurar un modelo totalitario en el que convergen los factores e intereses más perversos.

Esta ley es nula al haber sido aprobada en una inexistente Asamblea Nacional Constituyente que carece de legitimidad. Su propósito es trasladar a un supuesto bloqueo imperialista la responsabilidad del régimen por la crisis humanitaria que sufrimos.

Se trata de captar el mayor flujo de divisas, no importa su procedencia, con el fin de financiar la usurpación y acrecentar aún más los millonarios recursos privados de los jerarcas del régimen.

Y constituye un paso definitivo del plan totalitario que modifica de manera discrecional y arbitraria la normativa legal de la economía mediante la “desaplicación de normas” con el fin de realizar en el más hermético secretismo la privatización previamente concertada de todas las empresas del sector público mediante su venta a terceros.

Estas empresas podrán ser vendidas al capital extranjero legítimo o a los capitales ilegítimos que provengan de fuentes oscuras como el narcotráfico, el narco-terrorismo, el capital especulativo, los fondos que invierten en operaciones de muy alto riesgo y a aquellos capitales producto de diversas formas de corrupción que vendrían a refugiarse tranquilamente en nuestro país.

Las medidas afectarán a todas las empresas públicas, al sistema financiero, al arco minero, al Banco Central, el Presupuesto, el crédito público, la emisión de dinero, la deuda pública y la enajenación de activos públicos.

Todo será un tramo más en el posicionamiento económico de Venezuela por parte de tiranías que medran impunemente en nuestras riquezas y que ahora exigen mayores cuotas, a cambio del respaldo internacional otorgado a un régimen que se encuentra aislado por el mundo libre y es repudiado por su pueblo.

Por supuesto no habrá control alguno sobre los fondos que lleguen a manos del Poder Ejecutivo como resultado de la aplicación de estas medidas.

Tan sólo existirá un ficticio control posterior a cargo de la complaciente Contraloría General de la República, y los fondos obtenidos no irán a la Caja Única, ni al Presupuesto General de ingresos y Gastos, sino que se conservarán en cuentas separadas a la orden de la burocracia correspondiente.

Se crea de esa forma un espeso manto de secreto y de misterio que será imposible desmontar. Todo lo que ocurra en la aplicación de la ley, -cifras, estadísticas, contratos, informes, transacciones de compra venta, adquisición de bienes y servicios, aperturas de cuentas bancaria etc será completamente secreto y confidencial.

Quienes denuncien esas negociaciones serán sancionados severamente. No se podrán obtener copias de ninguna naturaleza de los documentos originales. Se encierra toda la información, proveniente de los sórdidos negocios que se harán al amparo de esta “ley” en un manto de absoluta impunidad.

De manera que en vez de un proyecto privatizador, se trata de una gigantesca conspiración contra los bienes de la república y contra su soberanía. Por esa razón alertamos al empresariado sobre la mañosa devolución de empresas incautadas por la dictadura, a cambio de acuerdos pactados bajo normas mafiosas contrarias al legítimo ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Tratan los usurpadores instaurar un sistema que legaliza la delincuencia internacional, y que enclavado en nuestro territorio será permanente factor de conflictos, corrupción y desestabilización del Continente y del mundo.

Por esa razón, la Asamblea Nacional como representante de la voluntad popular, el presidente encargado Juan Guaidó, y el legítimo Tribunal Supremo de Justicia deben activar, con urgencia, los mecanismos constitucionales destinados a defender la soberanía popular y a proteger a la ciudadanía atrapada en medio del terrible caos que azota a la nación.

El gobierno interino y sus legítimas instituciones deben iniciar una activa campaña diplomática y política para denunciar ante el mundo los efectos nocivos de este perverso modelo contrario a las leyes, convenios e instituciones que garantizan la convivencia internacional.

Finalmente, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana venezolana, y los partidos Convergencia, Proyecto Venezuela y Copei, reiteran su llamado a la unidad del país para enfrentar al totalitarismo que pretende avanzar hacia su consolidación definitiva, despreciando todas las normas de civilización y de convivencia democrática.