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EL SALVADOR | PARKER: "NINGUNO DE LOS INSUMOS EN LA ASAMBLEA HABLAN DE CARCEL"
Editor Noticiero DC
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En una entrevista sostenida el
viernes, el presidente de la “Comisión ad hoc que estudia las implicaciones de
la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la
Ley de Amnistía”, Rodolfo Parker, Diputado de la Democracia Cristiana, dijo que la propuesta de Ley de
Reconciliación que ha redactado no es un borrador oficial, sino un insumo al
cual le llama “paper”. En este, propone “una amnistía no irrestricta” que
excluye delitos de lesa humanidad y delitos mencionados en el informe de la
Comisión de la Verdad y establece una pena que puede llegar hasta el trabajo de
utilidad pública.
¿Cuáles serían las atribuciones
de la Comisión de Reconciliación?
Esa es una, recomendárselos al
fiscal general (casos a ser judicializados). Segundo, supervisar las
atribuciones a distintas entidades porque se crea la comisión de búsqueda, el
comité de víctimas, que se cumpla que haya presupuestos y también en lo que
respecta a los archivos.
¿Se establece un criterio para
decidir qué casos recomendar?
Sí, se establece un criterio
partiendo de la definición que nos hemos permitido dar, de delitos de lesa
humanidad y casos graves.
¿Qué definición?
Casi que la tomé del derecho
internacional y una mezcla del informe de la Comisión de la Verdad, graves
hechos que hayan generado conmoción independientemente del número de víctimas.
¿El caso jesuitas?
Pues, naturalmente. Yo considero
que naturalmente debería ser incluido.
¿Incluido entre los casos
judicializados?
Sí. O que continúe siendo
judicializado porque ese es un caso que ya está abierto.
¿Cómo considera su mención en el
informe de la Comisión de la Verdad en el caso jesuitas?
Dimensioname la pregunta.
¿No considera un conflicto de
interés conformar la Comisión de Reconciliación?
Primero, no hay una definición a
priori de quiénes la integrarían. No necesariamente yo voy a participar en
ella. En su momento, hice comunicados de página entera, si la tengo que resumir
en dos palabras, ya cargué con mucha dignidad a un señalamiento que no tenía
ningún fundamento real y tampoco me llegó a afectar en ninguna forma. Yo no
podría encubrir algo que no existía. Después del informe de la Comisión de la
Verdad, hubo una resolución llevada al Consejo de Seguridad de la ONU y dijo
que no se consideraría un incumplimiento al acuerdo de paz el que no se
observaran los efectos de la Comisión de la Verdad en los señalamientos
individuales.
¿Cómo sería el proceso de judicialización
de los casos según la propuesta de Ley de Reconciliación?
La Comisión
Nacional hace las recomendaciones, fiscal general decide cuáles son los casos
que va a abrir.
¿Y va a haber cárcel?
No, no habría cárcel. No
necesariamente.
¿Por qué?
A ver, ninguno de los insumos
presentados en la Asamblea Legislativa hablan de cárcel, incluyendo la Uca
(Universidad Centroamericana José Simeón Cañas), ningún insumo te sugiere
cárcel, busca meter presos o quitarle las casitas a los involucrados, perseguir
civilmente a los involucrados. Tuvimos que cotejar el derecho internacional,
para hacer consultas, también en foros, penas alternativas a la prisión, eso es
lo que existe, se establece ahí.
¿Cuáles serían esas?
Bueno, eso sería discrecional de
los jueces pero ya está previsto en el derecho común. Trabajo de utilidad
pública, para resumirlo.
¿Dentro de las propuestas se
prohíbe la cárcel?
No es que se prohíbe, se
establecen medidas privativas a la prisión.
¿Se inhibe a procesarlos
civilmente también?
No se busca consecuencias civiles
de los delitos que se llegaran a establecer, ni cárcel, ni consecuencias
civiles de los delitos.
¿Cómo se establece eso en la
normativa?
Primero, que no es parte de lo
que se busca, se busca judicialización de los casos en busca de la verdad de lo
que hubiese ocurrido y, una vez resultaren responsables condenadas, hay
mecanismos de perdón, que evitaría cualquier pena pero, si no se implementan,
se establecen las medidas alternas que se podrían resumir en trabajos de
utilidad pública y hasta ahí es la sanción prevista.