COSTA RICA | PUSC DEPLORA DECISION DEL PRESIDENTE DE LEVANTAR VETO AL CODIGO PROCESAL

Editor Noticiero DC |

Lo actuado por la Presidencia de la República quebranta los principios democráticos que rigen el proceso de formación de las leyes en Costa Rica y pone un obstáculo insalvable a la necesaria negociación política, al echar por tierra todos los esfuerzos realizados para tratar de construir una opción viable, conforme a los  principios y valores del pueblo costarricense.
El Presidente de la República prefirió una vez más la ruta del “todo o nada”, del “tómelo o déjelo”, antes de insistir en la necesidad de resolver las diferencias políticas a través de la negociación.  Una vez más lo hace sobre dudosas bases jurídicas, lo que mina el Estado de Derecho y la confianza en la seguridad jurídica.

El PARTIDO UNIDAD realizará todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, en sede legislativa y judicial, para prevenir y revertir los efectos perversos que sin duda alguna tendrá la equivocada decisión del Presidente Solís.
Al actuar así, el señor Presidente incumplió con su palabra, dada al PARTIDO UNIDAD, de no proceder en la forma en que lo ha hecho en tanto se discutía una propuesta de enmienda a la ley vetada.  Esa propuesta debía ser ampliamente discutida y mejorada con el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales de este país, pero en Presidente Solís no ha permitido que eso ocurra y ha hecho inviable aquella iniciativa.
El Código Procesal Laboral tiene sanos propósitos e intenciones, incluyendo modernizar la justicia laboral de nuestro país, incluyendo el derecho de huelga.  La falta de consenso sobre algunos puntos no es suficiente razón para que el Presidente imponga unilateralmente su criterio.
La Fracción del PARTIDO UNIDAD ha hecho un gran esfuerzo por rescatar lo positivo de la iniciativa original de origen socialcristiano, proveniente de la Administración Pacheco e, incluso, de otras contribuciones hechas posteriormente con buenas intenciones, pero nos oponemos, a la imposición presidencial de normas inconvenientes y vetadas, que no han recibido ningún tipo de aprobación por parte de los representantes del pueblo soberano;  normas contrarias a los intereses del país, que, autorizadas de manera cuestionable e imprudente, terminarán por afectar a la ciudadanía en general, a los usuarios de servicios públicos, a los trabajadores asalariados de este país y a la empresa privada costarricense.