COSTA RICA | CESPEDES DENUNCIA A PRESIDENTA EJECUTIVA DEL PANI ANTE PROCURADURIA DE LA ETICA Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Editor Noticiero DC |

Diputado solicita investigar a funcionaria del PANI, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y civiles
Solicita  a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética  sancionar  y si procede destituir a la Presidenta Ejecutiva del PANI e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos y de elección popular
Presidenta Ejecutiva del PANI aprobó la contratación de una empresa de seguridad privada que no se encuentra inscrita ante el Ministerio de Seguridad Pública, y sin efectuar el procedimiento de concurso para contratación directa.

Después de dos meses de investigación el diputado Walter Céspedes Salazar denunció ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la  República a la Presidenta Ejecutiva del PANI, María de los Ángeles Hernández Corella,  por aparente tráfico de influencias y supuesta violación al deber de probidad, al solicitar expresamente un trato preferente, expedito y personalizado para la tramitación de los expedientes administrativos, así como la coadyuvancia en diferentes instancias judiciales, pertenecientes a cuatro familias de muy poderosas en al ámbito económico y social del país.
Según los hechos denunciados el diputado Céspedes señala que al parecer la orden de traslado de los expedientes administrativos  que solicito la señora Hernández Corella,  se realizó  inobservando la competencia jurisdiccional que le define el PANI a sus oficinas locales en razón del domicilio de las personas menores de edad y de su tutor o tutora, pidiendo “ que se trasladen a la Oficina Local de Santa Ana, y que sean analizados de manera prioritaria, preferencial e inmediata”
“Lo anterior evidencia que la supuesta actuación de la jerarca se realizó en menoscabo de la normativa aplicable, generándole a la institución una pérdida considerable de tiempo, recursos y credibilidad,  en razón de  lo poco o nada que tenía por hacer y proteger la institución, pues todas son familias económicamente poderosas, que contaban con representación legal privada que los asistía a los cónyuges y a los niños; y no podemos aceptar la excusa de que se ordenó porque el PANI por imperativo legal debe apersonarse a todos los expedientes judiciales donde se involucren o existan personas menores de edad, pues en la mayoría de los casos su participación se limita a ese primer apersonamiento únicamente”, aseveró el legislador.
Es por eso que para el legislador socialcristiano con la tramitación solicitada al parecer por la Presidenta del PANI a favor de familias que no son de escasos recursos considera que  “esto es sumamente grave, una jerarca en el ejercicio de su cargo no debe ni puede parcializarse dentro de los procesos que eventualmente tendrá que resolver como Juez Administrativa, debido a que en caso de presentarse alguna apelación, es la máxima autoridad quien debe resolver, y como va a garantizarse el debido proceso y el derecho de defensa, si como en el asunto de marras, la Presidenta Ejecutiva aparentemente ya se comprometió y se parcializó con una de las partes”.
“Lo más reprochable e inadmisible para una profesional que se encuentre gerenciando y administrando una institución como el PANI, donde la ética, la moral, los valores y en general las buenas costumbres, son los baluartes con que debe actuar todo el personal, a fin de cumplir la magna tarea de proteger a las niñas y niños y a los y las adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, a fin de que éstos, lleguen a ser personas de bien, a pesar, de las circunstancias adversas que han vivido en su infancia y juventud, para ellos un buen ejemplo es primordial para decidir cambiar su destino.
“ Lo anterior lo considero gravísimo para cualquier profesional que se precie de su ética y moral, pero lo es aún más reprochable e inadmisible para una profesional que se encuentre gerenciando y administrando una institución como el PANI, donde la ética, la moral, los valores y en general las buenas costumbres, son los baluartes con que debe actuar todo el personal, a fin de cumplir la magna tarea de proteger a las niñas y niños y a los y las adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, a fin de que éstos, lleguen a ser personas de bien, a pesar, de las circunstancias adversas que han vivido en su infancia y juventud, para ellos un buen ejemplo es primordial para decidir cambiar su destino.”
Para el diputado Céspedes Salazar un funcionario público debe observar siempre las reglas de la ética y la moral; y con compromiso, debe creer y regirse por las normas institucionales y legales, y nunca realizar o permitir actuaciones que pongan en entredicho su firmeza y responsabilidad ante sus subalternos y mucho menos, ante la opinión pública.
El Diputado Céspedes solicita a los Órganos Fiscalizadores de la ética,  la probidad y las finanzas públicas realizar una amplia y profunda investigación que determine las eventuales responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal, que se le podría imputar eventualmente a la señora María de los Ángeles Hernández Corella.
“Solicito como medida cautelar la suspensión de la Presidenta Ejecutiva Hernández Corella, del ejercicio de su cargo, suspensión que solicito se haga extensiva a cualquier otro funcionario, que en la investigación y mediando el debido proceso se demuestre y determine que incurrió en algún hecho irregular o contrario a la normativa legal vigente y aplicable”, pidió el diputado Céspedes Salazar a la Procuraduría y la Contraloría.
Menciona además que la Presidenta del PANI la señora Hernández Corella autorizó la contratación de la empresa de seguridad Pryce Segurity System Corp. S.A., que  según indica el informe de auditoría de la institución no se encuentra inscrita ante La Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública y que recientemente un agente de esa empresa  tuvo una discusión  con un menor institucionalizado que salió del albergue a comprar caramelos y  aparentemente lo lesiono con un arma cortante en el rostro.
“Es una barbaridad que se contrate a una empresa sin observar los procedimientos de contratación vigentes en la Ley de Contratación Administrativa y en la Ley General de la Administración Pública.  Resulta increíble que en una institución  como es el PANI , llamada a respetar y proteger los derechos de las personas menores de edad, contrate “seguridad” sin ninguna preparación ni capacitación técnica, que además agreda de una manera tan irracional a un menor bajo el cuido y la tutela del estado; por lo que solicito vehementemente investigar si esta situación realmente sucedió, así como establecer las responsabilidades y consecuencias administrativas y legales a los funcionarios involucrados”
Al presentar los documentos que fundamentan la investigación y a el código de rito, Céspedes solicita se determine si la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia  incurrió en dolo o culpa grave,  y determinar si procede una sanción o la destitución de su cargo e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos y de elección popular, conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico