En todo Estado moderno el principal instrumento de definición y conducción de las políticas gubernamentales es el Presupuesto General del Estado (PGE). Allí se establecen en blanco y negro los programas y proyectos que se piensan ejecutar en el siguiente ciclo presupuestario. Estas propuestas deben pasar un exhaustivo proceso deliberativo en donde se realizan amplias consultas y se incorporan distintos puntos de vista hasta que se logra un consenso suficiente y oportuno.
La política presupuestaria ha evolucionado de ser una propuesta de gastos a ser un proyecto coherente de logro de objetivos dentro de las posibilidades reales de financiamiento con las que puede contar un Estado. Lo importante ya no es si se gastó el dinero, sino si se lograron los objetivos dentro de un monto adecuado. En otros tiempos, se podía gastar toda una partida presupuestaria para un programa de vacunación, sin que fuera importante evaluar su eficacia, esto es, si se había reducido la incidencia de la enfermedad o si se había logrado la cobertura total de la población objetivo. En síntesis, lo importante era cómo se había gastado el dinero y no si había servido de algo. Hoy, además de la corrupción, también hay que combatir el desperdicio y la ineficacia.
Suponiendo que no se contrata a precio inflado, la inversión presupuestaria en proyectos de infraestructura no solo debe cumplir propósitos de mejorar la calidad de vida o la capacidad productiva de una región o de todo el país, sino que debe ser costeable. Esto significa que entre las opciones para resolver un problema o potenciar una capacidad, hay que escoger aquella que se pueda pagar con los ahorros nacionales o con estos y un nivel de endeudamiento responsable cuyo servicio se logre sin descuidar las obligaciones fundamentales del Estado. Cuando vemos que con el Presupuesto del 2012 el Gobierno reconoce un déficit de más de B/.400 millones y que por ello anuncia un plan de contención del gasto e intenta rematar el Patrimonio Nacional, nos tenemos que preguntar ¿en qué cabeza cabe presentar para el 2013 un PGE con más de B/.1,500 millones por encima? ¿De dónde saldrá el dinero para tapar ese hueco de más de B/2,000 millones? ¿Nuevos impuestos? ¿Nuevo intento de remate del Patrimonio Nacional?
¿Es que nadie en el gobierno conoce lo que ha pasado en Grecia, Italia y España por la fantasiosa irresponsabilidad fiscal de sus anteriores gobiernos? Señores, sus fantasías presupuestarias de hoy son nuestras pesadillas de mañana. ¿Cuándo lo entenderán… o les importará?
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