La muerte evitable del joven disidente cubano Wilman Villar Mendoza, ocurrida el día 19 de enero pasado, y los acontecimientos que la rodearon, reafirman el desprecio y la intolerancia con que las autoridades de la isla discriminan a quiénes mantienen posiciones contestatarias frente a la dictadura.
Este doloroso suceso anuncia la continuación de la intransigencia del régimen ante las diferencias políticas y el derecho de los ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente.
La viciada práctica desde el poder de recurrir a la descalificación moral de las víctimas, apunta en la dirección de eximir a los posibles victimarios de cualquier responsabilidad legal ante esta clase de eventos.
Los cortos intervalos de tiempo transcurridos entre la detención de Wilmar Villar, su enjuiciamiento, huelga de hambre en prisión, enfermedad y muerte, obligan a enviar un llamado de alerta a todas las personas e instituciones —tanto dentro como fuera de Cuba— comprometidas con el respeto de los derechos humanos básicos de las personas, a incrementar la focalización sobre eventuales fenómenos de esta naturaleza.
Los familiares del difunto, su viuda y sus dos pequeñas hijas, además de la solidaridad y el justo apoyo merecido, son acreedores de una clarificación por parte de las autoridades, de toda la cadena de acontecimientos que produjeron la muerte de Wilmar Villar.
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