Rodolfo Sotomayor Aguilar
Hace algunos días fui designado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana como representante ante la Comisión Especial donde se conocerá el Plan Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo.
Quiero señalar mi disposición al diálogo y a la construcción de soluciones y consensos dentro de la comisión, siempre y cuando estos vengan a beneficiar a los sectores más amplios de nuestra población. Me genera preocupación que el proyecto que se va a discutir presenta un paquete de impuestos en su mayoría regresivos, que afectan directamente el bolsillo de las clases media y baja.
En el proyecto presentado por el gobierno y en el cual se incluyen varias propuestas del Partido Acción Ciudadana, se pretenden gravar sectores como la salud y la educación privada, impuestos con los que, como ciudadano y como diputado, nunca estaré de acuerdo. Tanto la salud como la educación privada se han convertido en una solución, no solo para los ricos de nuestro país sino también para gente de menos recursos, dada la incapacidad por parte del Estado de satisfacer completamente las necesidades en salud y educación de nuestros habitantes.
Antes de la aprobación de nuevos impuestos, nuestro país requiere una reforma integral urgente que contemple no solamente la Reforma Fiscal, sino mejorar los instrumentos de cobro y recaudación de los tributos, así como la necesaria contención del gasto injustificado y el despilfarro de recursos en las instituciones del Estado. Lo anterior sumado al análisis y estudio detallado de los superávits ociosos de las instituciones descentralizadas, tal y como se plantea en la propuesta de la fracción del PUSC, mediante el proyecto de saneamiento fiscal.
Hubiese preferido que para un proyecto de tanta importancia para los costarricenses, el espacio para el análisis, el debate y la sana discusión, sea lo más amplio posible en procura de encontrar en consenso las soluciones al problema fiscal que atravesamos; sin embargo, por decisión de la mayoría del plenario legislativo, a la cual me opuse, se resolvió darle vía rápida por medio de la implementación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo.
Con la aprobación de la vía rápida se nos limitan y restringen las posibilidades a los legisladores para hacer mejoras profundas al texto presentado y escuchar las distintas posiciones de los actores involucrados, estableciéndose un mes de plazo para el dictamen, que a mi parecer es muy poco tiempo para analizar un tema que debiese ir más allá que únicamente aprobar nuevos tributos.
He manifestado también mi completa oposición a los tributos negociados por el gobierno con el Partido Acción Ciudadana, cuya intención es gravar a las empresas que se encuentran bajo el Régimen de Zonas Francas.
Considero que gravar a las empresas establecidas bajo el Régimen de Zona Franca representa una muy mala señal para los inversionistas a los cuales no se les están brindando ni los incentivos fiscales ni la seguridad jurídica para desarrollar sus actividades y seguir operando eficientemente en nuestro país.
En el año 1990, durante la administración Calderón Fournier, fue aprobada la Ley Nº 7210 denominada “Ley de Régimen de Zonas Francas” con la cual se fomenta la atracción de la inversión extranjera, la diversificación y el aumento de las exportaciones, así como la generación de nuevos y mejores empleos para los costarricenses provenientes de las empresas que invierten en Costa Rica. En el año 2010 se fortalece la legislación en dicha materia mediante la Ley Nº 8794 con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica como país miembro de la OMC.
Además de cumplir con la normativa internacional, esta ley vino a generar nuevos espacios para la atracción de inversión extranjera, el impulso a los encadenamientos productivos con las empresas locales, y la ampliación del área de incidencia del Régimen de Zona Franca a regiones de menor crecimiento relativo, ubicadas principalmente fuera del GAM.
Como puntarenense me preocupa la difícil situación que atraviesa la Zona Franca ubicada en Barranca, ya que a pesar de contar con una muy buena infraestructura, estar cubierta por los beneficios actuales del régimen, y además contar con un muelle al Pacífico, ni el gobierno ni la Municipalidad local han logrado la implementación de estrategias para la atracción de inversión extranjera ni al parque industrial ni a la provincia en general.
En la actualidad la Zona Franca de Barranca trabaja con un porcentaje mínimo de su capacidad, debido a las razones señaladas anteriormente, por lo que de llegar a aprobarse un tributo a las empresas ya establecidas o las que podrían llegar a desarrollar sus actividades, el panorama sería menos halagador para los porteños.
Pretender gravar a las Zonas Francas es olvidarse que durante el primer semestre de 2011, las exportaciones de mercancías producidas en el Régimen de Zona Franca representaron el 48% de las exportaciones totales y para el año 2010, un 32% de las exportaciones de servicios fueron originadas en dicho régimen. También es olvidarse que un total de 282 empresas operan bajo este régimen y que son más de 32 mil los hogares costarricenses que dependen de manera directa de estas empresas para llevar el sustento diario y otros miles de manera indirecta.
Es poco afortunado el interés por parte del gobierno y del Partido Acción Ciudadana de gravar las Zonas Francas, y poner en riesgo el trabajo de miles de costarricenses, ya que ni el gobierno ni el PAC pueden garantizar que las empresas que actualmente se encuentran desarrollando sus actividades en el país y aquellas que podrían venir, al ver disminuidos sus beneficios en el país, continúen considerando a Costa Rica como un lugar atractivo y seguro para desarrollar sus actividades y realizar sus inversiones, restándole competitividad al país en comparación con el resto de países del área.
No todos los temas pueden verse como una manera de disminuir el déficit fiscal y aumentar la recaudación de impuestos; antes de imponer un tributo, debe analizarse de manera integral los beneficios que la atención en servicios de salud y la educación privada han brindado a los costarricenses, así como el indiscutible aporte de las empresas que se ubican dentro de las Zonas Francas a miles de familias y su repercusión en la balanza comercial, impulsando consecuentemente la economía de nuestro país.
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