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CHILE | DENUNCIA EN CONTRA DEL SR. SEBASTIÁN PIÑERA

Editor Noticiero DC |


Considerando que el Presidente de la República debe dar cabal cumplimiento del principio de probidad al cual también se encuentra sujeto, el diputado DC Gabriel Ascencio  ingresó hoy a la Contraloría una solicitud formal en la que detalla los recientes acontecimientos vinculados a la elección de la nueva presidencia en la ANFP y señala los puntos en los que el primer Mandatario habría transgredido los principales principios de probidad administrativa, pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre estos hechos.



DENUNCIA EN CONTRA DEL SR. SEBASTIÁN PIÑERA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA.

SEÑOR
RAMIRO MENDOZA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.-

GABRIEL ASCENCIO MANSILLA, diputado, con domicilio en el Edificio del Congreso Nacional calle Pedro Montt S/N, Valparaíso, al Sr Contralor General de la República expone y solicita:

Mediante dictamen 39.500 de fecha 15 de Julio del 2010, sobre denuncia acerca de eventual conflicto de intereses que afectaría al Sr. Presidente de la República y al Sr. Subdirector de Deportes en razón de su calidad de accionistas de una sociedad anónima, el Sr Contralor dictaminó:
1.-Que el Primer Mandatario debe dar cabal cumplimiento del principio de probidad al cual también se encuentra sujeto (como cualquier funcionario público).
2.-Que contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa definido en el art 62 N°6 de la ley N° 18.575, entre otras conductas, intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, así como participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
3.-Y pronunciándose solamente en relación a la situación del Sr Subsecretario del Deporte, don Gabriel Ruiz Tagle (evitando hacerlo directamente en relación al Sr Presidente del República en contra de quién también se había recurrido), el Sr Contralor en su dictamen señaló que al tenor del precepto legal antes indicado y considerando el ámbito de actuación de dicho funcionario público, y en la medida que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones incida en el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista –ya sea directamente respecto de ella, de las demás entidades con las que se relaciona o pueda relacionarse la sociedad Blando y Negro S.A., o en la misma actividad deportiva en que ellas participan, corresponde concluir, que tal Director deberá abstenerse de intervenir en cualquiera de esos asuntos.
Después de la notificación de lo resuelto por el Sr. Contralor, el Sr. Subsecretario del Deporte, ante la imposibilidad de actuar en plenitud de las facultades y competencias que por el cargo público disponía, en una materia propia de su quehacer como Subsecretario o Director del Instituto del Deporte, y previo intento por encontrar algún funcionario de rango superior que lo pudiera subrogar en aquellas materias para las cuales había sido inhabilitado, debió vender las acciones que poseía en la Sociedad Anónima Blanco y Negro.
La compra de dichas acciones las hizo don Hernán Levy, consuegro del Sr Presidente de la República, en un hecho que causó la suspicacia o sospecha de muchos de nosotros y de buena parte de la opinión pública.
Sin perjuicio de lo anterior, el Sr. Subsecretario del Deporte don Gabriel Ruiz Tagle, en cumplimiento de lo resuelto por el Sr Contralor, ponía de esa manera fin al conflicto de intereses que se había denunciado y pudo comenzar a ejercer sus funciones públicas sin limitaciones.
En relación  al Sr. Presidente, en el mismo dictamen el Sr Contralor señaló que, a pesar de su condición de accionista de la misma Sociedad Anónima del Subsecretario del Deporte, no transgredió, a priori, el ordenamiento jurídico al efectuar los nombramientos de las autoridades relacionadas con el deporte, pero dejó muy en claro que eso era sin perjuicio del cabal cumplimiento del principio de probidad al que también se encuentra sujeto el Primer Mandatario, según reza el texto del dictamen.
Lo anterior está redactado de esa forma como una manera clara y categórica de dejar expresa constancia que el Sr Presidente de la República también está sujeto a la fiscalización del Contralor General de la República en estas materias. Este es el organismo que vela por el cumplimiento, entre tantas cosas, del principio de probidad administrativa al que los funcionarios públicos están obligados.
Los hechos que paso a señalar a continuación y que además son de expreso conocimiento público, demuestran que el Presidente de la República ha intervenido en razón de sus funciones como Primer Mandatario, de manera clara, precisa y pública, en asuntos en que tiene interés personal, contraviniendo el principio de probidad administrativa al que lo obliga como cualquier funcionario público el artículo 8 de la Constitución Política de la República y el artículo 62 N°6 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.
Tal como se señaló en la primera denuncia, un hecho real es que el Sr. Presidente don Sebastián Piñera, es dueño de un porcentaje importante de las acciones de la Sociedad Blanco y Negro (sobre un 13% según los medios de comunicación), sociedad que controla el Club Social y Deportivo Colo Colo, que forma parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Agreguemos que el Sr. Hernán Levy, consuegro del Sr Presidente según señalan los mismos medios, y en cuyo poder se dejaron las acciones del Sr. Subsecretario del Deporte, controla alrededor de un 27%. En consecuencia, esta familia, controlando cerca del 40% de las acciones de la Sociedad Blanco y Negro, controla el equipo de fútbol Colo Colo.
A este equipo de futbol, Colo Colo, le interesa junto a otros grandes equipos como Universidad de Chile y Universidad Católica, controlar la ANFP, fundamentalmente por los buenos resultados económicos que la actividad presenta, cuestión absolutamente legítima desde el momento que estas sociedades anónimas deportivas, dentro de un marco legal que al efecto se diseñó mediante una ley, tienen claros fines de lucro y sus accionistas entienden que participan de un negocio lícito que les debe dar rentabilidad.
Entonces, desde hace algún tiempo el fútbol dejó de ser solo un juego, para transformarse en un gran negocio.- ¿Cuál es el verdadero negocio hoy en el fútbol?
Primero la formación y venta de jugadores. La rentabilidad por la inversión de formar a un jugador que luego pueda ser vendido en varios millones de dólares es exorbitante. Y si en vez de formarlo es “descubierto” en algún club de menor tamaño, cuando ya está maduro, mejor aún.
Consecuentemente con esta primera línea de negocio, está la necesidad de “poner el producto” en la mejor vitrina posible: esta es, la selección nacional, la cual, entonces, debe ser controlada.
El segundo gran negocio del fútbol es la transmisión de los partidos por la televisión pagada. Y por lo tanto, hay que controlar el canal que transmite los partidos, obviamente.
La tercera fuente de negocios es el avisaje, en la indumentaria de los jugadores, los letreros en los estadios y los spots en las transmisiones.
Muy marginalmente, el pago por entradas al “espectáculo”.
Por tanto, resulta obvio que aquellos interesados en esta  área de negocios requieran poner al mando de la organización a sus representantes. La necesidad de manejar de acuerdo con sus intereses a la Asociación que los reúne implica en este caso, cuando se han llevado a cabo elecciones para elegir a quienes estarán a cargo de la ANFP, sacar entonces a la dupla Mayne-Nichols Bielsa, quienes tienen una visión distinta a la de los clubes que controlan a los principales protagonistas del negocio.
No están dispuestos a entregar la vitrina de la selección a los jugadores que quieren colocar los empresarios, a través, por supuesto, de agentes vinculados a ellos, incluso familiarmente. Esto fue usual durante muchos años, con dirigentes y entrenadores venales, que participaban residualmente del mismo negocio.
No están dispuestos, tampoco, a entregar las utilidades del canal del fútbol solo a los equipos de mayor convocatoria, por cierto, controlados por grandes empresarios. Al contrario, creen en una participación más igualitaria por parte de los equipos pequeños en estos repartos.
Ni están disponibles para disponer de los espectáculos deportivos para favorecer determinadas marcas; por cierto, las que controlan los mismos empresarios que hoy articulan su salida.
¿Y por qué en esto acompañan a los grandes (los dueños del negocio), algunos pocos clubes denominados “chicos”? Fundamentalmente por ofrecimientos económicos de última hora, que convencen siempre a quienes también siempre tienen necesidades para mantener a sus clubes.
Puestos todos en este escenario, es absolutamente entendible la gran lucha eleccionaria que se dio para obtener el control de la Asociación. Lo que estaba en juego son muchos millones de dólares, por lo que todos los accionistas de estas sociedades anónimas estaban enteramente involucrados e interesados en el resultado de ellas. Ello vale también, por supuesto, para quién controla Colo Colo, el principal y más popular equipo de fútbol de Chile, principal actor y protagonista de los campeonatos, y principal opositor a los dirigentes actuales de la ANFP y seguramente aquel equipo que produce la mayor rentabilidad económica, a través de todas las formas antes mencionadas, entre todos aquellos que forman parte de la Asociación Nacional de Futbol Profesional. Me refiero a don Sebastián Piñera E., Presidente de la República.
Resulta casi innecesario reiterar que cuando este Club vota a través de su representante en esta elección, este representante no expresa su voluntad, sino la voluntad del principal controlador del equipo, que por su intermedio y por intermedio de su consuegro, ponen a su familia como dueños del 40% de las acciones de Colo Colo. Los demás accionistas son menores, los cuales puestos frente a los deseos del controlador principal, que muy por cierto comparten, y que además ejerce como Presidente de la República con todo el poder que ello representa, no tienen mayor importancia en este tipo de decisiones.
Por tanto está muy claro que los intereses económicos de don Sebastián Piñera lo llevaron a poner a su Club, el principal de la ANFP, en contra del actual Presidente de dicha Asociación con quien no solo no comparte los principios esenciales bajo los cuales se desarrolla la actividad, sino que también cuentan las difíciles relaciones personales que son de público conocimiento.
Lo anterior no importa tanto a los efectos de lo que denunciamos, sino fuera porque los hechos que se relatan a continuación, demuestran de manera inequívoca y con abierta impudicia, como el Sr Sebastián Piñera interviene en razón de su alto cargo, a fin de asegurar el triunfo de su posición y de sus intereses comerciales personales, en este asunto.
Los medios de comunicación dieron cuenta como una hora antes de que se iniciase el proceso electoral para elegir a los nuevos representantes de la ANFP, Sebastián Piñera, en tanto o en su condición de Presidente de la República anunciaba en la ciudad de Valparaíso, que su gobierno invertiría 1.000 millones para reparar el estadio donde juega el Club de Fútbol Everton, y 1.000 millones para mejorar el estadio donde juega el Club de Fútbol Wanderers. Antes había hecho lo mismo con el Club de Fútbol La Serena.
Una hora después, los tres clubes votaban de acuerdo a las preferencias o deseos del Club Colo Colo, o los deseos o preferencias de su dueño, Sebastián Piñera: O sea, se había utilizado la figura presidencial para garantizar una inversión pública de la cual los dirigentes de esos clubes ya dudaban. No olvidemos que la promesa de mejoramiento de esos estadios estaban en el programa del gobierno anterior (mejoramiento de estadios bicentenarios),  programa que había sido paralizado por el actual gobierno (informado en su tiempo por los medios de comunicación por el propio Director de Deportes).
El Sr Contralor se dará cuenta inmediatamente del valor o poder de las palabras del Sr Presidente de la República y el efecto que ellas tienen en dirigentes deportivos de clubes siempre necesitados de recursos económicos para mejorar las condiciones bajo las cuales desarrollan su actividad. También ya se habrá percatado con total claridad del conflicto de intereses producido en estos hechos, resuelto a favor de los intereses personales de Sebastián Piñera, utilizando las prerrogativas de su alta investidura. El primer funcionario público del país, ha dejado de cumplir con el principio de probidad administrativa al cual está obligado por la Constitución y la ley.
Adicionalmente, están los escritos tanto de un destacado periodista deportivo, Felipe Bianchi, a quién el valor y peso de sus  palabras se lo da no solo su experiencia, sus conocimientos, sus talentos, sino también el nivel de contactos que tiene en su medio, ya que conversa permanentemente con todos los actores que forman parte de esta actividad, dirigentes, accionistas, jugadores, hinchas, y otros, como de otro conocido columnista del propio espectro político del Primer Mandatario, quienes afirman categóricamente que el Presidente de la República intervino directamente en esta elección propiciando el levantamiento de una lista alternativa a la del Sr. Harold Mayne-Nicholls, actual Presidente de la ANFP.
Las afirmaciones de estos dos columnistas dicen que la intervención se materializó mediante continuas llamadas telefónicas hechas por el Presidente de la República, su ministro de Educación don Joaquín Lavín y el Subsecretario del Deporte don Gabriel Ruiz Tagle, desde su condición de autoridades públicas y usando los teléfonos puestos a su disposición para realizar los trabajos propios de la administración, a dirigentes de los clubes involucrados a fin de que mantengan una candidatura alternativa a la del Sr Mayne Nichols.
También están las declaraciones de su Ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, quién en alusión al seleccionador actual, don Marcelo Bielsa, señaló públicamente que “me pareció inapropiada la conferencia de prensa que dio interviniendo en un proceso que estaba en curso a 24 horas de la elección, un poco planteando una amenaza velada de que si no saliese elegido determinado candidato él dejaba el fútbol”. No había ninguna razón para que el Sr Ministro del Interior hiciera esta declaración en un tema que supuestamente estaba fuera del interés de las autoridades de La Moneda. Ello, si es que fuera cierto de que las altas autoridades de Gobierno no estaban interesadas en estas elecciones. Pero por el contrario, ello demuestra la absoluta preocupación de estas altas autoridades de Gobierno por el resultado de las mismas, o no habría habido razón alguna para que el propio Ministro señalado se involucrara de esta forma. Estaba preocupado también por los intereses de su jefe, el Sr Presidente de la República.
Cabe agregar que las declaraciones de prácticamente todos los dirigentes políticos de derecha, de aquellos que forman parte de la alianza de gobierno, señalan que no es posible que el Sr. Presidente mantenga en su poder las acciones que mantiene en la sociedad Blanco y Negro. Y ello por los conflictos de interés que saben que existen, y que señalan que ante ello, la oposición tendría argumentos para atacarlo políticamente. Carlos Larraín dice que es un error el haber anunciado la inversión de los estadios de la forma que se indicó, pero señala que ello prueba cierta inocencia del Presidente. El diputado Kast y el senador Larraín abogan por la venta de dichas acciones. Todos los dirigentes políticos del país están conscientes que el Sr Presidente se encuentra en medio de este conflicto de interés que le resta imparcialidad a la hora de tomar decisiones en asuntos donde se encuentran involucrados intereses personales y asuntos públicos.
En definitiva, Sr. Contralor, el problema sigue siendo el conflicto de interés  en el cual se encuentra el Presidente de la República. El Sr. Contralor está llamado a poner fin a este asunto, a terminar con esta confusión entre el dinero y la política, a la confusión entre el poder y los intereses económicos. El Presidente de la República no puede seguir haciendo sus negocios desde el Palacio de la Moneda, porque claramente ello contraviene gravemente, como ya hemos dicho, el principio de la probidad administrativa, consagrado en las bases de la institucionalidad de nuestra Carta Magna.
Al contrario, la conducta del Presidente de la República, lejos de reconocer algo que la inmensa mayoría de los chilenos sabe y reprueba, realiza destempladas declaraciones en contra de sus opositores, descalificándolos y tratándolos de canallas y miserables utilizando el aparataje estatal.
No se conforma el Presidente con rebajarse al nivel del ataque descalificatorio personal, sino que además amenaza con querellarse en contra de quienes piensan distinto a él. Es cierto que ello es una acción desesperada de quién no teniendo argumentos para confrontar a sus legítimos contradictores, pretende hacerlos callar por la fuerza. Lo grave de ello es que una cosa así afecta gravemente la libertad de expresión, especialmente si esta querella se dirige en contra de los periodistas que dan a conocer sus propios puntos de vista y que deben velar por la seguridad de sus fuentes.
Por lo tanto, lo anterior es razón mayor aún para que la Contraloría General de la República ponga fin a este conflicto, tomando las decisiones o resoluciones que obligue al Sr Presidente de la República a respetar la ley.
Para ello solicitamos al Sr. Contralor General de la República que aplique exactamente el mismo principio que aplicó en el caso del Sr. Director del Instituto del Deportes: Que para el cabal cumplimiento del principio de probidad administrativa y en la medida que el ejercicio de sus funciones y atribuciones incida en el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista, ya sea directamente respecto de ella, de las demás entidades con las que se relaciona o pueda relacionarse la sociedad Blanco y Negro S.A. o en la misma actividad deportiva en que ellas participan, se abstenga en el futuro de intervenir en cualquiera de esos asuntos.
Como ello es prácticamente imposible para un Presidente de la República, entonces ordenar al Primer Mandatario la venta inmediata de las acciones que posee en la sociedad anónima Blanco y Negro, única manera real en este caso de poner fin al conflicto de interés denunciado y probado por los hechos.
También rogamos al Sr. Contralor que revise los anuncios hechos por el Presidente de la República en orden a realizar inversiones públicas en los estadios de Valparaíso y Viña del Mar donde juegan los equipos mencionados, y el anuncio de la inversión en el estadio de fútbol de la Serena, a fin de determinar la legalidad de su oportunidad.
Por último solicitamos al Sr Contralor General de la República que frente a los hechos denunciados, adopte todas las medidas que estime a fin de hacer respetar la legalidad vigente por parte del Sr Presidente de la República.
Santiago, 8 de Noviembre 2010.
Saludan atentamente: