El precandidato presidencial de Colombia Álvaro Leyva advirtió que el Gobierno puede aplazar las elecciones del 30 de mayo de 2010 para ampliar los plazos y se vote un referéndum que permitiría al presidente Álvaro Uribe postularse a una segunda reelección. 

Las dos cámaras del Congreso terminaron el 2 de septiembre las votaciones para convocar al referéndum. El tema quedó en manos de la Corte Constitucional, que debe decir si el trámite legislativo cumplió los requisitos legales.

Varios dirigentes del oficialismo han expresado preocupación por el corto tiempo que hay para efectuar el referéndum, si es que la Corte Constitucional lo avala. 

El alto tribunal debe emitir un concepto hacia finales de enero o comienzos de febrero, tras lo cual, en caso de ser avalado, las autoridades electorales tendrían que correr contra el reloj para convocar la consulta durante un año electoral muy complejo, pues los comicios parlamentarios serán en marzo y los presidenciales en mayo. 

Leyva, precandidato del Partido Conservador, que respalda a Uribe, dijo que es posible que el Gobierno aplace las elecciones para correr los plazos. 

"El problema está en los tiempos y le escuché a una persona de muy alto calibre en Medellín, muy cercana al presidente Uribe, que se había conversado hace pocos días con alguien cercano a Palacio sobre la posibilidad de aplazar las elecciones si llega a ser necesario. Es una cosa novedosa y posible", dijo Leyva a El Espectador. 

Según Leyva, la fecha de las elecciones es una norma legal, no de nivel constitucional, por lo que es posible que el Gobierno la modifique. 

Guerrilla

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, expresó que le preocupa que los narcotraficantes, guerrilleros izquierdistas y paramilitares de derecha puedan influir con dinero u otros mecanismos en las elecciones. 

"Hay una preocupación cada vez más intensa. Hoy, por los altos costos de las campañas, el gran riesgo es que terminen permeadas por dineros del crimen organizado, el paramilitarismo o de las FARC", declaró. 

Añadió que existe la preocupación de que el crimen organizado y los grupos violentos terminen controlando las administraciones y determinando las políticas públicas, poniendo sus presupuestos al servicio de sus estructuras.