El Directorio Democrático Cubano denunció hoy la "indiferencia" de los Gobiernos de América Latina y de la comunidad internacional ante las violaciones "flagrantes" que Cuba comete de manera "impune" a los derechos humanos.

Esta denuncia la hizo Janissa Rivero, del Directorio, en una audiencia del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye hoy.

En su opinión, "es inaceptable" que los Gobiernos latinoamericanos mantengan relaciones diplomáticas con la "única dictadura que queda en la región y que sigue violando de manera flagrante e impune los derechos humanos".

De igual modo, denunció la "indiferencia" de América Latina y de la comunidad internacional ante esta situación, lo que socava y quita peso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre esta materia, sostuvo.

Rivero, que presentó un vídeo con testimonios de presos políticos torturados, denunció al régimen de La Habana por el "uso sistemático" de esta práctica, el "acoso" y la "persecución a las que somete a los detenidos y opositores, las ejecuciones extrajudiciales que ordena y desapariciones forzosas que ocurren".

En concreto, se refirió a las torturas que se aplican en la prisión provincial cubana de Guantánamo, situado a escasa distancia del centro de detención de Estados Unidos.

Lamentó que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se centren únicamente en denunciar la situación en la base militar estadounidense, cuando en la cárcel cubana se registran graves torturas y violaciones que fueron documentadas mediante testimonios de detenidos.

En este sentido, Rivero pidió ante los comisionados de los 34 Estados miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que "no callen", que "no acepten las violaciones" a los derechos humanos que comete el Gobierno de Cuba.

Esta situación, dijo, "es una responsabilidad moral" del continente americano.

"Pedimos justicia para las víctimas de la represión y para las víctimas mortales. Pedimos justicia y reparación", afirmó.

En otra de las audiencias celebrada hoy, la Comisión examinó el derecho a la libre circulación en Cuba a raíz de las denuncias expuestas por los exiliados cubanos Juan Antonio Blanco Gil y Siro del Castillo, que señalaron que el origen del conflicto migratorio entre la isla y Estados Unidos es "endógeno" y no multilateral.

Los peticionarios subrayaron que desde que el Gobierno cubano levantó la custodia sobre su costa en 1995 hasta 2008 más de 42.000 cubanos han salido ilegalmente de la isla en balsas.

De ese total, más de 18.000 fueron interceptados por las patrullas costeras estadounidenses y devueltos a las autoridades, pero a los más de 24.600 que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal no se les permite ahora volver a Cuba, y muchos de ellos han sido privados de sus propiedades.

Del Castillo señaló que para estos cubanos vivir en su patria "no es un derecho, sino una concesión" que el Gobierno de Raúl Castro solo otorga a mayores de 60 años y en casos muy concretos.

Las restricciones a la libertad de circulación también se dan de forma interna, aseguró, en la discriminación a los afrodescendientes que desean viajar a La Habana, a los que se califica despectivamente como "palestinos" y se limita el plazo de días en el que pueden permanecer en la ciudad.