Con el objeto de sancionar con cárcel los delitos medioambientales tanto para las personas naturales, jurídicas y empresas, diputados de diversas bancadas, encabezados por el diputado Roberto León,  ingresaron hoy un proyecto de ley al respecto.

Con penas de cárcel espera sancionar a los “delincuentes medioambientales” el diputado DC Roberto León. Lo anterior, tras ingresar a la Cámara de Diputados una iniciativa que establece, con rigor, penas altísimas en casos de daño al medioambiente, incluyendo la pena de presidio menor en su grado máximo y multas de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales.

León agregó que si el daño es irrecuperable o de difícil recuperación, él o los autores serán sancionados con presidio mayor en su grado mínimo a medio.

Al respecto, el proyecto precisa que “se considerará irrecuperable aquel daño ocasionado al medioambiente que tarde en opinión experta 15 años o más en  volver a la situación anterior al acaecimiento del o los hechos que causaron el daño. Se considerará a su vez como de difícil recuperación aquel daño que tarde en  opinión experta 3 años o más en volver al estado anterior a los hechos.”

El proyecto, que fue firmado por los diputados Gabriel Ascencio, Patricio Vallespín (DC); Juan Lobos (UDI), Osvaldo Palma (RN), Enrique Accorsi (PPD) y Denise Pascal (PS) se basa en la necesidad de “aumentar las sanciones para este tipo de acciones que dañan nuestro medioambiente y que quedan impunes, pues las empresas prefieren pagar las multas y siguen contaminando”, agregó el diputado León.

“Ha llegado la hora de que estos verdaderos delincuentes de cuello y corbata paguen con cárcel; recordemos lo que pasó en Licancel, con una horrible mortandad de peces y daños irreparables para el ecosistema; lo que buscamos, es cárcel”.

La iniciativa establece, también, que “El Consejo de Defensa del Estado deberá hacerse parte del proceso en calidad de querellante. Del mismo modo establézcase acción pública para accionar a cualquier persona natural o jurídica con domicilio en la región respectiva”.

Al respecto, explicó que “dado el impacto que actos de esta naturaleza ocasionan, debe existir acción popular, así como la facultad de la comunidad de poder querellarse. Por ello, el Consejo de Defensa del Estado debe tener la obligación de hacerse parte. Además la comunidad,  que también se ve directamente afectada, debe tener la facultad de poder querellarse contra los autores del ilícito”.