Más de 1300 indicaciones se presentaron en el Senado al proyecto que crea una Nueva Institucionalidad Ambiental para Chile. De esas, 1050 superaron el examen de admisibilidad y este 13 de octubre pasaron a ser objeto de nuestro debate y estudio en
Así, comprendiendo y compartiendo las razones que nos impulsan a darle la mayor agilidad legislativa posible a este importante proyecto, me parece indispensable que convengamos en que los consensos que precisa esta iniciativa para su pronta tramitación, no deben circunscribirse a lo estrictamente político, sino más bien, deben provenir de la debida ponderación que se haga de la amplia diversidad cultural, política, económica y social, que se expresa claramente en el gran número de indicaciones que se han presentado al proyecto.
Es por esto, que a objeto de interpretar y solucionar las posibles inquietudes, temores e incertidumbres de tan amplia y legítima diversidad, es que he decidido introducir 43 indicaciones al proyecto, las cuales, en su conjunto, apuntan a resguardar el equilibrio de cinco aspectos que creo debiesen gozar de la más plena legitimidad ciudadana, política y económica a objeto de evitar futuras complicaciones al momento de su implementación. Estos son:
Nuevos espacios formales de Participación Ciudadana, destinados a incorporar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental en determinadas circunstancias, como a su vez, generando instancias de reclamación administrativa cuando se considere que el proyecto sometido a evaluación debió haber sido objeto de un Estudio de Impacto Ambiental y haya ingresado como Declaración de Impacto Ambiental.
Fomento a
Control preventivo del daño ambiental, sobre la base del establecimiento de un sistema mixto de responsabilidad por daños al medio ambiente para las medianas y grandes empresas, en que el sistema de responsabilidad aplicable, subjetiva u objetiva, esté supeditado a la existencia de un modelo preventivo de daños al medio ambiente al momento de producirse el daño.
Certeza jurídica al sector empresarial; que permita despejar las dudas este sector, fundamentalmente, en lo relativo a las condiciones de hecho y de derecho necesarias para revisar una Resolución de Calificación Ambiental o también, en lo relativo a la preservación del debido proceso en el ejercicio de las facultades y atribuciones fiscalizadoras de
Tribunales ambientales, que nos permitan continuar en la exitosa senda de modernización de la judicatura especializada, preservando principios tan importantes como el debido proceso y la imparcialidad en la aplicación de las sanciones, como a su vez, incorporar una sala especializada en el máximo tribunal de
Son dichas materias las que estimo relevante se puedan abordar con la máxima altura de miras y que creo, debiesen convocarnos a un consenso que más allá de las necesarias coincidencias políticas que se requieren, pueda ser expresión de la amplia diversidad cultural, política, económica y social expresada en las indicaciones de los señores Senadores.