El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, anunció ayer que, ante las «falsas acusaciones» vertidas, su partido presentará la próxima semana ante el Tribunal de Cuentas «toda su contabilidad», para que sea fiscalizada públicamente «por segunda vez».

En un comunicado, Costa sostuvo que su partido no tiene «nada que ocultar» porque sus cuentas son «claras y transparentes» y que, por ese motivo, las presenta de nuevo.

El también portavoz del PP en las Cortes Valencianas, señaló que ésta es la respuesta del PP valenciano a los «ataques infundados» del PSOE, al que acusó de «aprovechar cualquier tema» para desviar la atención sobre la grave crisis que atraviesa España.

Añadió, además, que fue el propio presidente regional, Francisco Camps, quien le solicitó que encargue a una firma de auditoría internacional un análisis privado de las cuentas del PPCV, cuyas «conclusiones serán trasladadas a la opinión pública».

«Sabemos que nuestras cuentas son claras y legales, pero queremos volver a demostrarlo, ya que en los últimos días se están cuestionando de forma reiterada», aseguró. Y retó al PSPV-PSOE a hacer «exactamente lo mismo» en un «ejercicio de transparencia y claridad».

Para Costa, «no es casualidad» que este «ataque» al PPCV se esté dando en el momento, a su juicio, «más bajo de credibilidad» de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno «y cuando presenta una subida de impuestos que estrangulará la economía de todos los españoles».

«El PP tiene un compromiso con los valencianos y, en aras del mismo, queremos demostrar que nuestras cuentas son claras y fiables, y que no tenemos nada que ocultar. Si Jorge Alarte no acepta el reto, se verá quién practica la opacidad administrativa», concluyó.

Costa acusó el viernes al Ministerio de Interior de haber encargado el informe de la brigada de blanqueo de la Policía que apunta una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de las empresas del «caso Gürtel».

Ayer le respondió el titular de la cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien recordó que en un Estado de derecho «es la Policía la que pide explicaciones a los presuntos delincuentes, no al revés». El ministro de Interior consideró que, a la vista de lo publicado en los últimos días, el PP «debería empezar a explicarse ya mismo».

Minutos antes, el «número dos» de Interior, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, había asegurado que hay «quien protesta» por las investigaciones que emprende la Policía, aunque remarcó que «los españoles de bien se alegran».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reprochó al PP su intento de «levantar un muro defensivo» basado en «el silencio y la acusación a los demás» por el «caso Gürtel», en lugar de afrontar sus «responsabilidades».

Fernández de la Vega exigió al PP que dé explicaciones y deje de tratar de «contaminar», «poner en cuestión» y «constituir en un lodazal» a las instituciones democráticas que «son de todos».

La Vicepresidenta primera salió en defensa de Rubalcaba al explicar que el informe policial que el PP valenciano acusa al Ministro de «instigar» fue «ordenado» por un juez y «remitido» a tres tribunales distintos, el Tribunal Supremo y los superiores de Madrid y Valencia, que «han decidido y decidirán lo que estimen oportuno».

La «número dos» del Ejecutivo insistió en que el «muro defensivo» del PP es, «cada día que pasa, más vergonzoso desde el punto de vista democrático». Así, dijo que el «caso Gürtel» comenzó por una denuncia de un militante del PP que dio lugar a una investigación judicial, por lo que «quien investiga, quien instruye, es un juez; quien resuelve los recursos es un tribunal, no es la Policía, no son los fiscales, y menos aún el Gobierno».

La secretaria general de los socialistas valencianos, Carmen Martínez, exigió a los miembros de la cúpula del PP regional que dimitan «hasta que se aclare cómo han pagado sus campañas y dónde está el dinero que dieron a Orange Market», para que, dijo, «no nos hagan sentir más vergüenza».

El vicesecretario de organización del PP de la comunidad, David Serra, instó a transcribir «íntegramente» las conversaciones que aparecen plasmadas en los medios de comunicación y a no «teledirigir los trozos escritos para sugerir hechos que no son reales».

El PP congregó ayer a varios miles de militantes en Silleda (Pontevedra), en un acto que reunió al presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el líder nacional, Mariano Rajoy (ambos en la foto). El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, censuró que Rajoy y Núñez Feijóo compartieran «mesa y mantel» con los tránsfugas de la provincia de Pontevedra. En Silleda, los concejales del PP locales tienen intención de apoyar una moción de censura con tránsfugas del PSdeG para desalojar de la Alcaldía a los socialistas.