Esta concesión de los recursos del país nos deja como ciudadanos responsables un mal sabor, pues conocemos de antemano el incumplimiento fiscal, tributario, laboral y ecológico que ha mantenido dicha empresa para con el país.

De igual manera, advertimos que esta concesión pudiera tener vicios de inconstitucionalidad, tal como han puntualizado muchos juristas por ser una prórroga tácita, automática y directa, sin tomar en cuenta competencia alguna de otras empresas y sin pasar por otros estamentos competentes como lo es la Asamblea Nacional de Diputados.

Son muchas las empresas serias a nivel mundial, las que estarían dispuestas a respetar las leyes panameñas, lo pactado en los contratos de concesión, así como la dignidad de los trabajadores que día a día brindan lo mejor de sí para engrandecer el país, sin embargo, reciben como recompensa, violaciones de sus derechos laborales.

Dentro de las irregularidades que ha presentado dicha empresa, están aquellas que han incumplido con la Contraloría General de la República, La Caja de Seguro Social y en reiteradas ocasiones, con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Es por todo esto, que como panameños nos preguntamos, ¿Por qué se prorroga una concesión tan importante para el país a una empresa que se ha evidenciado violadora de las leyes y los derechos de los panameños?

Llamamos a la reflexión al presidente Cortizo y a su equipo de trabajo, recodándoles una vez más, que fueron elegidos para proteger y defender los intereses de los ciudadanos, mas no los intereses de las grandes corporaciones ni intereses propios y a la ciudadanía le instamos a organizarnos para impedir estos atracos a los intereses de todos los panameños.