Según el diputado Torres, esta ley “permitirá a Chile ponerse a tono con la urgencia de darle un tratamiento digno y de calidad a todas y todos los chilenos que viven o con enfermedades o con discapacidades de tipo intelectual o síquico. Esperamos que se traduzca en recursos suficientes y en un compromiso del estado para avanzar en esta línea ”.

El parlamentario DC agregó que “la salud mental ha sido un tema poco priorizado en las políticas públicas y la pandemia nos ha mostrado no sólo las enormes brechas existentes y la importancia de su adecuada resolución. Sabemos que lamentablemente hay un déficit importante en esta área, tanto en la cobertura para programas de promoción, prevención y tratamiento de una serie de enfermedades, trastornos y problemáticas relacionadas”.

Nueva Ley:

El proyecto tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica. Además, desarrolla y complementa las normas constitucionales y legales chilenas que consagran la salud mental, así como aquellas contenidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile, al tiempo que regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.

De esta forma, se consagra el pleno goce de los derechos humanos de estas personas se garantiza en el marco de la Constitución Política de la República y de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El texto despachado presenta un amplio marco de principios que regirán a este tema, entre ellos: el reconocimiento a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, como constituyentes y determinantes de su unidad singular; el respeto a la dignidad inherente de la persona humana, la autonomía individual, la libertad para tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas; y la igualdad ante la ley.

Se indica también que las personas tienen derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto al tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. Para tal efecto, se articularán apoyos para la toma de decisiones, con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias.