La Cancillería ha dicho a los cuatro vientos que los venezolanos son bienvenidos en Chile.

Ahí están la escenografía rebosante de Cúcuta y el régimen de visas de responsabilidad democrática (VRD) impulsado por la Dirección General de Asuntos Consulares de nuestra Cancillería, el mismo que fue luego suspendido –hay que recordarlo.

¿Qué ha pasado desde esos anuncios hechos con tanta pulsión y energía?

Hoy es en Santiago, y no en nuestros consulados en el extranjero, en donde se decide a qué venezolanos se permite ingresar a Chile a través de una política consular errática y conflictiva.

A eso se suma el hecho de que en el 2020 se puso término anticipado a la misión del Encargado de Negocios de Chile en Caracas, funcionario de carrera, que gozaba de amplio respeto en sectores opositores.

Y sobre la lesión a la vocación multilateral de Chile, al quedar nuestro país fuera del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto de Marrakech), mucha tinta ya se ha escrito.

Pero estos días hemos vuelto a revivir esa contradicción de restarnos a un régimen de migración ordenado y humanitario al ver lo ocurrido en Colchane que ha comprometido gravemente la imagen internacional de Chile.

Y en eso nos jugamos no sólo la política migratoria, también nuestro Estado de Derecho con un procedimiento y puesta en escena tan singulares como denigrantes: delantales blancos en desfile, y que nos recuerdan los peores momentos de regímenes dictatoriales de antaño.

Así las cosas, hoy cabe preguntarse qué ocurre con el espacio para el control judicial de estas verdaderas “expulsiones express”.

Recordemos que de conformidad al derecho internacional todo extranjero expulsado tiene el derecho de recurrir de la decisión de expulsión, en sede administrativa y luego judicial.

Vale la pena entonces preguntarse: ¿cómo se está asegurando ese derecho por nuestras autoridades? ¿Cómo y con quiénes se ha revisado el estándar de este particular procedimiento de deportación?

Durante los últimos 30 años, hemos consolidado la fama de un Estado de Derecho serio y responsable. Algo que es patrimonio de todos los chilenos y no de un sector o gobierno determinado.

Esperemos entonces que estas actuaciones no pongan en vilo ese activo y que el Gobierno, tal cual lo hizo oportunamente con la desafortunada vocería del Canciller Allamand en torno a la vacunación, enmiende el rumbo en la crisis migratoria del Norte, coordinando acciones compartidas con los países vecinos, respetando los derechos de todas las personas, incluyendo los migrantes, y considerando la opinión de los actores regionales involucrados.

Y es que detrás de toda esta polémica hay una idea compleja que penetra en la sociedad y comienza a instalarse gradualmente y es la discriminación y xenofobia per se, a priori y frente a eso cualquier contribución del migrante comienza a pasar desapercibida.

Valdría la pena preguntarse qué diría hoy Andrés Bello al ver a sus compatriotas deportados sin tener acceso a la más mínima defensa.

Y pensar que fue la expresidenta Michelle Bachelet la que abrió las puertas de la embajada de Chile en Caracas a los primeros disidentes que las tocaron y quien procuró aunar una voz multilateral coordinada sin voluntarismos y sin improvisaciones individuales. Hechos concretos, no palabras.

Porque la diplomacia seria es sobria, serena y no está sujeta a variaciones en el tiempo.

Tampoco a hipérboles altisonantes ni a declaraciones entusiastas que no pueden cumplirse.

La impericia es errática, estridente y suele tener fe de erratas. Es de esperar que estas últimas no vuelvan a repetirse en Cancillería.

Nuestra buena diplomacia, ésa que es de Estado, no lo merece. Los migrantes venezolanos y su dignidad tampoco.

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